Atornillados a sus bancas

El casi ex presidente, Nicanor Duarte Frutos, tenía mucha razón cuando quería reformar la Constitución Nacional, introduciendo en ella, urgentes enmiendas.

Por supuesto que es necesario hacerlo, y lo más urgentemente posible, ya que nuestra Carta Magna tiene demasiadas leyes ambiguas, por donde acostumbran a maniobrar nuestros “sacrificados” funcionarios públicos. El mandatario electo, Fernando Lugo, está de acuerdo a que se revise la Constitución.
A pesar de que la ciudadanía tardó 19 años en darse cuenta del real poder sobre su propio destino, al final terminó por  asimilar la lección. Fue un lento y muy largo aprendizaje para luego saber a ciencia cierta, qué es lo bueno y lo malo. Y lo primero que el pueblo aprendió fue a desembarazarse de todos aquellos personajes nefastos que ambicionan concentrar el poder sobre si mismos.

Y fue eso lo que la gente castigó el último 20 de abril. La ciudadanía aprendió tres cosas importantes que debía eliminar, para así poder vivir en una democracia que se acerque un poco más a su definición clásica. La primera,  se refiere a la costumbre que tienen algunos ambiciosos y muy egoístas burócratas, de perpetuarse en los cargos electivos.
Casos y ejemplos sobran en demasía, como el de Juan Carlos Galaverna y Martín Chiola, del partido colorado; Alfredo Jaegli, Armando Espínola del partido liberal, por citar algunos.
Estos y otros legisladores están cumpliendo su tercer período, totalmente atornillados a sus asientos.Este tipo de medida ha pasado a convertirse en una vieja axioma de la política paraguaya, donde muchos capaces encuentran la puerta blindada, para tener una oportunidad para desarrollar el talento. A raíz de esta triste realidad en el próximo congreso paraguayo seguiremos viendo varios rostros que la ciudadanía quizás ya no querrá verlos.
Los parlamentarios, haciendo honrosa excepciones, utilizaron todos los recursos del Estado en su beneficio personal y no en toda aquella gente que depositó su máxima confianza en ellos al votarlos.

Pero la mayoría no los votó porque así lo quiso, si no porque ya venían incluidos dentro de la ya muy famosa “lista sábana”. Este es el segundo punto en cuestión, ya que generalmente son confeccionadas a dedo y entre gallos y medianoche, por los jerarcas de los distintos partidos políticos.

Lo ideal,  en este caso, es imitar al sistema electoral brasilero, ya que los mismos postulantes hacen sus propias campañas proselitistas, siempre apoyados por el partido al cual pertenecen.
Por lo tanto, el que más votos obtenga, será simplemente el ganador. Esto se llama justicia e igual oportunidad para todos los candidatos. Sólo que a nuestros políticos atornillados, no les gusta competir en igualdad de condiciones, porque saben muy bien que perderían y siempre por lejos. Y para lograr este anhelo, debe venir del próximo congreso la modificación del Código Electoral Nacional.
El tercer ítem aprendido, y que se encuentra muy por encima de la perpetuación en los cargos y la lista cerrada, pero en el cual se tendría que enfatizar duramente, es impedir que el parlamento paraguayo, no se constituya en un círculo familiar ni en una simple reunión de parientes cercanos.
Esto que, desde el punto de vista legal, es correcto, pero desde la óptica de la ética es totalmente vergonzoso y reprochable a toda vista.
El caso más deleznable ha sido por parte del Punace, en donde colocaron en el Congreso, a dos hijos de Lino Oviedo, más otro pariente cercano. Esto es por citar a uno de los hechos más notorios, pero no el único.
Por lo tanto, es urgente, que después de la asunción de las nuevas autoridades, las mismas deberán abocarse de inmediato a reunir a los mejores juristas constitucionales de nuestro medio, para que corrijan semejante “bache legal”
Con dos períodos consecutivos como máximo, posibilitaría realmente oxigenar al parlamento con sangre nueva, que impulse ideas y proyectos novedosos, pensando en beneficio de la nación. Por todo lo expuesto, los nuevos gobernantes deben abocarse a encontrar una solución a estos problemas y buscar adecuarse a la modernidad del sistema político y jurídico de los países más avanzados en estas cuestiones.

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