Carrizosa cambió el diccionario

Enrique Vargas Peña (foto de paraguay.com) 

En la sesión que tuvo en miércoles 28 de mayo, la Cámara de Diputados, no logró revertir la media sanción otorgada en junio de 2013 por los entonces integrantes de la Cámara de Senadores, cuyo mandato terminaba el 30 de junio de ese año, al proyecto de ley de colegiación obligatoria presentado por los senadores Miguel Carrizosa y Roger Caballero según se lee en el sistema de información de la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1u0FFbY). 

Ocho (8) diputados fueron los únicos que votaron a favor de este proyecto, pero como se requerían cincuenta y tres (53) votos, esa exigua minoría alcanzó a los autores del proyecto para imponerlo. 

El carácter obligatorio de la colegiación establecido en el proyecto sancionado se establece en los artículos Primero “Los Colegios Profesionales Universitarios son instituciones de derecho público que se establecerán en cada una de las especializaciones profesionales para cuya formación se requieren estudios académicos de nivel universitario”; Segundo, inciso C (a los colegios profesionales corresponde) “Ejercer la representación del respectivo gremio profesional ante los poderes públicos, y cualquier otro organismo o persona pública o privada, nacional o internacional” y Tercero, inciso C “solamente podrá existir un Colegio Público por cada profesión”. 

Por si hubiera alguna duda acerca de la obligatoriedad impuesta en el texto del proyecto, la exposición de motivos la despeja absolutamente: “como ente colectivo de naturaleza y conformación diferente que hace no referencia no a la voluntad individual, sino a la ubicación de una persona dentro de una estructura social, se ubica el concepto de colegiación de profesiones(…) En otras palabras, así como no depende de la voluntad individual ser integrante de un Estado o un Municipio… así también, el hecho de participar de determinada actividad conforma una entidad grupal con prescindencia de la voluntad individual de quién están inmerso en dicha estructura social (…) Una cosa son las asociaciones…y otra cosa, el reconocimiento de entes colectivos cuya existencia no depende de tales actos de voluntad individuales (…) Estimamos queda bien claro que la colegiación no es obra de ninguna voluntad particular, sino un arbitrio establecido por el Estado”. 

En el intento de justificar que la obligatoriedad de la colegiación no viola la disposición del Artículo 42 de nuestra Constitución (“Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley”), los proyectistas hacen en su exposición de motivos un largo, larguísimo, ensayo para pasar por alto el diccionario del idioma castellano reconocido como referencia por la Academia Paraguaya de la Lengua (http://bit.ly/1khQVh4) (http://bit.ly/1jHrMb1). 

Sostienen que “De la equivocada asimilación de colegiación con asociación, se han derivado numerosas concepciones equívocas. Se ha invocado, por ejemplo, que la colegiación implica la violación del principio de la libertad de trabajo, o que estableciéndose la colegiación legal se estaría violando el principio de la libertad de asociación.” 

Recurren a definiciones del término “colegio” elaboradas por Cicerón y a interpretaciones particulares del Código Civil, no sobre el término “colegio” sino sobre las personas de derecho público, pero olvidan, desconocen, pasan por alto, la definición de “colegio” que da el diccionario de la lengua castellana: “Del lat. collegĭum, de colligĕre, reunir. 4. m. Sociedad o corporación de personas de la misma dignidad o profesión. Colegio de abogados, de médicos”. 

En castellano, “colegio” es igual a sociedad. Y sociedad es sinónimo de asociación. Los proyectistas de la ley de colegiación obligatoria olvidaron que el Artículo 140 de nuestra Constitución establece que “Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní”. 

Los proyectistas dan al concepto “colegio” una acepción de la que carece en el diccionario y sostienen que “colegio” no significa lo que el diccionario dice que significa. 

Pero nuestra Constitución se redactó, pensó, promulgó y rige en castellano, idioma oficial de nuestra República, y “colegio” significa sociedad y su Artículo 42 prohíbe que se obligue a cualquier paraguayo a pertenecer a cualquier sociedad. 

Pero esa no es la única violación de nuestra Constitución realizada por este proyecto de ley. La otra es la delegación del poder de policía del Estado en una asociación regida por particulares, acción absolutamente prohibida por su Artículo 3 “El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial…Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”. 

El poder de policía del Estado es la potestad jurídica por la que, con el fin de asegurar la libertad, la seguridad o la salud, limita por medio de la ley el ejercicio de los derechos individuales (http://bit.ly/RPixyI). 

El poder de policía es tan peligroso, que nuestra Constitución lo restringe y lo acota con mucha especificidad en su parte declarativa y, justamente por eso, su Artículo 3 prohíbe categóricamente cualquier delegación.
Los proyectistas asumen, en su justificación del proyecto de colegiación obligatoria que “Nadie podría negar que el Estado, en su misión de asegurar el bien común, tenga la más amplia potestad para regular el funcionamiento de las diversas actividades sociales y económicas, como un medio para asegurar el bienestar de la sociedad”. 

Sin embargo, no pueden ocultar que delegan el poder de policía del Estado en grupos privados: “…el Proyecto…crea un colegio público, pero gestionado privadamente por los afectados”. 

Y confiesan la delegación al citar a un tal Dromi: “El estado es y debe ser, necesariamente, el principal gestor del bien común, pero no el único. La organización administrativa está conformada por entes públicos estatales y no estatales. Los entes públicos no estatales reciben por autorización o delegación estatal competencias, atribuciones y prerrogativas de poder público”. 

No quiero creer que el tal Dromi sea Roberto Dromi, el autor de las más cuestionadas privatizaciones argentinas durante la administración de Carlos Menem. Espero que no sea ese el tratadista que ayuda a los proyectistas de la colegiación obligatoria, pero la confesión de delegación del poder de policía mantiene plena validez aunque sea él.
Artículo publicado en la edición del domingo 01 de junio de 2014 de La Nación (http://bit.ly/1nFiZhS). 

Materiales de otros medios relativos al tema 

Ultima Hora “Colegiación Obligatoria fue rechazada en la Convención Constituyente del 92” (http://bit.ly/1rxZ1aD).

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