Cartes contra Montesquieu

Enrique Vargas Peña (foto de holocaustresearchproject.org) 

Voy a repetir una historia conocida que forma parte hoy de los estudios clásicos y comunes requeridos para prevenir el establecimiento de la dictadura pero que muchos legisladores de la Asociación Nacional Republicana (ANR/Partido Colorado) pasan por alto.

El 6 de noviembre de 1932 los alemanes fueron a las urnas para elegir su parlamento (Reichstag) y en ellas el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP/Nazi) de Adolfo Hitler obtuvo el 33% de los escaños.

Ningún partido obtuvo mayoría propia por lo que hubo meses de gobiernos débiles que ensayaron diversas formas de coalición. Como ninguno se mostró viable, el 30 de enero de 1933 el presidente alemán, Hindenburg, pidió a Hitler que haga un último intento de formar gobierno.

Hitler formó un gobierno de coalición con otras fuerzas en el que tenía sólo dos carteras del gabinete para tranquilidad de todos los partidos políticos.

El 27 de febrero del 33, un comunista holandés, Marinus van Der Lubbe, incendió el edificio del Reichstag.

Hitler solicitó entonces, al presidente Hindenburg, la puesta en vigencia del Estado de Sitio, regulado por el artículo 48 de la Constitución alemana que decía así: “Si la seguridad y el orden público al interior del Reich son severamente dañados o están en peligro, el presidente del Reich podrá tomar las medidas necesarias que lleven a restablecer el orden…El presidente del Reich debe informar al Reichstag sin demora sobre todas las medidas tomadas de acuerdo a los párrafos 1 y 2 de este artículo. Estas medidas pueden ser revocadas a petición del Reichstag”.

Nótese, por favor, la cláusula de revocabilidad.

Con el Estado de Sitio vigente, Hitler convocó a elecciones para el 5 de marzo de 1933. Con el Estado de Sitio, el gobierno desarticuló al Partido Comunista, que tenía el 17% de los escaños en el Parlamento, acusándolo de cómplice de Van Der Lubbe, por lo que no concurrió a las elecciones.

En las elecciones del 5 de marzo, la coalición oficialista encabezada por Hitler obtuvo el 52% de las bancas del Parlamento, siendo el Nacional-Socialismo la fuerza más votada, con el 44% de las bancas.

Con esa mayoría, con la excusa de los comunistas y con el propósito formal de “remediar las urgencias del pueblo alemán”, el gobierno pidió al Parlamento una ley de plenos poderes, la Ley de Habilitación, que decía así: “Artículo 1. En adición al procedimiento establecido por la Constitución, las leyes del Reich pueden también ser emitidas por el Gobierno del Reich. Artículo 2. Las leyes emitidas por el Gobierno del Reich pueden diferir de la Constitución en tanto no contradigan las instituciones del Reichstag y del Reichsrat. Los derechos del Presidente quedan sin modificación. Artículo 5. Esta ley entra en vigor el día de su publicación. Queda sin vigencia el 1 de abril de 1937 o si el actual gobierno del Reich fuese sustituido por otro”.

Nótese de nuevo la cláusula revocatoria contenida en el artículo 5.

La ley fue legalmente aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Social-Demócrata y puesta en vigencia el 27 de marzo de 1933, por 444 votos a favor y solamente 94 en contra.

El Parlamento alemán jamás hizo uso de las cláusulas revocatorias del artículo 48 de la Constitución ni del artículo 5 de la Ley de Habilitación, por la sencilla razón de que Hitler usó el artículo 48 y la Ley para construir una mayoría dócil en el Reichstag.

Con esas dos disposiciones “democráticamente” aprobadas y con cláusulas revocatorias vigentes, Hitler construyó su dictadura.

Es para evitar la repetición de esa historia que nuestra Constitución establece en su Artículo 3 que “El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial…Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.

El Artículo 3 de nuestra Constitución busca impedir que mayorías dóciles al Ejecutivo en el Congreso le permitan concentrar el poder.

La concentración del poder como amenaza inmediata a la libertad es uno de los temas que Charles de Secondat, barón de Montesquieu, desarrolla en su famoso ensayo “El Espíritu de las Leyes” (1748), que es la obra que sirve de base a todas las Constituciones democráticas del mundo.

Solamente un poder desconcentrado garantiza la libertad dice Montesquieu, y lo prueba la historia, y por eso argumentó que el poder debe dividirse en al menos tres ramas independientes y distintas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial. No puede haber libertad, sostiene el autor, ni siquiera en las repúblicas, si no hay una división de poderes que pueda mitigar las ambiciones de alguno de ellos con el peso de los otros.

Esto es lo que pasan por alto los colorados al otorgar a Horacio Cartes la concentración de poder del artículo 52 del proyecto de alianza público privada aprobado en el Senado, que viola el Artículo 202 inciso 11 de nuestra Constitución (http://bit.ly/15Cxbzw) (http://bit.ly/16mBz0K), y que desean imponer en Diputados a sabiendas, como reconoció el 9 de octubre Juan Carlos Galaverna en la 9.70 AM, de que el proyecto amenaza la libertad, prometiendo como Hitler, que la ley puede ser revocada.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 20 de octubre de 2013 de La Nación (http://ow.ly/pZno8)

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