Comiendo al lado de Gómez Verlangieri

Enrique Vargas Peña (foto de ahoraparaguay.com)

Una de las cosas más desagradables que puede ocurrirle a cualquier ciudadano medianamente decente es encontrarse, en su tiempo libre, con los cómplices de la degradación moral y económica de nuestra República en restaurantes, pizzerías, pubs o supermercados.

Tenemos que soportar estar recorriendo las góndolas del súper, eligiendo con cuidado los productos para que alcance la plata, mientras en el otro pasillo Enrique Bacchetta, Julio Velázquez, Mirta Gusinky, Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, Juan Darío Monges, Carlos Nuñez, Silvio Ovelar, Julio Quiñonez, Oscar Salomón, Oscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, José Manuel Bóveda, Blas Llano, Emilia Alfaro, Blanca Fonseca, Enzo Cardozo, Yoyito Franco, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Fernando Silva, Luis Alberto Wagner o Víctor Bogado nos ofenden vaciando los anaqueles con el dinero que les sobra porque nos obligan a pagar el nivel de vida de sus familiares, de sus sirvientes, de sus operadores.

Vamos a una pizzería y en las mesas vecinas cualquiera de esos 23 senadores ensaya risotadas obscenas que surgen de los privilegios que nos hacen pagar. Nuestros impuestos los usan para financiar a sus familias, sirvientes y operadores, no tienen apuros económicos, la Hacienda pública es para ellos.

Siempre impunes, siempre ganadores, entre los 23 hay quienes llevan años usando el Presupuesto General para sus fines particulares. Son cada vez más poderosos, cada vez más ricos, están cada vez más seguros de haber encontrado la forma de vivir sin preocuparse.

Pero ahora, al fin, algo está cambiando. “Un Toro y Siete Vacas”, de Villa Morra; “La Pasiva”, del Shoping del Sol; “El Omnívoro”; “Tiam Caffe”, “Apart Hotel II” de San Bernardino; la tienda “Tobago”; “Kilkenny Pub”; “Cafe Vintage”; “Aile Pizza”; “Empanadas Don Vito”; “Walterio”; “Smuchi”; “Schamrock”; “Pizza Urbana”; “El Café de Acá”; “Kuredumas Slow Pizza”; “La Viuda Bar”; “Bodega Toro Loco”; “De la Casa Pederzani”; “El Ojo del Amo” y, según recuenta “Ultima Hora” muchos más que se van sumando, están negando el acceso a sus locales a estos 23 senadores garantes de la impunidad que sufre nuestra República (http://bit.ly/1gTsR39) (ow.ly/qTSAu).

Espero que el ejemplo de estos valientes ciudadanos se extienda, se profundice y se prolongue y que los 23 cómplices de la impunidad terminen pagando aunque sea socialmente el costo de vivir como viven, llenos de privilegios injustos que perjudican a todos los paraguayos menos a sus recomendados.

Todavía no los podemos echar del Senado, que es lo que debemos hacer, pero al menos están empezando a echarlos de los lugares a los que la gente quiere ir sin que se los tenga que aguantar también ahí.

Y sí, hay que echarlos del Senado.

Es urgente modificar la ley de tráfico de influencias (ley 2523/04) porque los fiscales no quieren encontrar suficiente claridad en su artículo 7 y, aunque es muy claro cuando establece que “El que reciba…dinero o cualquier otro beneficio” (por ejemplo cargos públicos) “como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público”, arguyen que ahora protege a los traficantes con el expediente de exigir que se pruebe que ellos, los traficantes, obtuvieron beneficio pecuniario propio (artículo 8 de la ley).

No porque Víctor Bogado no cobre directamente el salario de Gabriela Quintana deja de haber usado su influencia para que ella cobre. La ley es muy clara, pero los fiscales exigen que hable directamente de legisladores, de modo que hay que eliminar las excusas.

Y hay que dotar a esa ley de una cláusula penal: Los que usan su influencia para violar la ley 1626 deben ir varios años a la cárcel y si son miembros del Congreso deben, además, perder su investidura y ser echados del Poder Legislativo.

Es urgente modificar la ley de nepotismo (ley 2777/05) que ahora protege a los “nepotes” con el expediente de no incluir a los integrantes del Congreso y de exigir que los nombramientos sean realizados por ellos mismos, lo que nunca sucede pues lo que hacen es pedir a otros que hagan los nombramientos de familiares, lo que a su vez es tráfico de influencias.

No porque Yoyito Franco no haya nombrado directamente a su hijo deja de haber nepotismo en ese nombramiento. Esto también hay que cambiarlo ahora. Los parientes de funcionarios, designados o electivos, que ingresen a la función pública sin concurso deben ser considerados ipso facto beneficiarios de nepotismo y deben ser expulsados de la función pública para ir a la cárcel.

La cárcel para ellos porque usar la influencia que da un cargo para regalar puestos públicos a los parientes, sirvientes u operadores implica distraer para beneficio particular dinero que el pueblo paga para otros fines.

Esto deja al pueblo sin los centros de salud que necesita, sin las escuelas que requiere, sin la seguridad que le urge. Y, sobre todo, esto niega a paraguayos que se capacitaron para servir a la República la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los recomendados.

La cárcel para ellos porque discriminan, para beneficiar a sus parientes, sirvientes y operadores, a los paraguayos que estudian, destruyendo la cohesión social, la eficiencia del Estado, destruyendo la igualdad.  

 

Artículo publicado en la edición del domingo 17 de noviembre de 2013 de La Nación (http://bit.ly/1f30SNJ)

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