Contra el pueblo, para seis empresarios

Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com)

Durante la mañana de hoy, viernes 18 de mayo, conversé con el líder de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el Senado, Miguel Ángel González Erico, consultándole sobre qué posición tomarían ante las modificaciones realizadas a la ley 3850 (de la inspección técnica vehicular) por una mayoría de cuarenta y seis diputados ayer jueves.

Más de un millón de familias paraguayas poseen vehículos automotores. La ley 3850 fue proyectada por los senadores liberales Luis Alberto Wagner y Oscar Denis sin considerar a esa enorme cantidad de gente y, en cambio, teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de seis empresarios que ambicionan cobrar a los poseedores de vehículos el servicio de una inspección técnica.

Como los talleres requeridos para cobrar ese servicio exigían una inversión de entre quinientos y setecientos mil dólares cada uno, la rentabilidad de que esos empresarios necesitaban para ganar dinero con su inversión no les permitía instalar más de diecinueve talleres.

Por lo tanto, los senadores Wagner y Denis les hicieron una ley a la medida, que les asegurara la rentabilidad, aunque sacrificara los derechos de más de un millón de familias paraguayas poseedoras de vehículos automotores.

Por supuesto, la implementación de la 3850 causó una fuerte indignación popular y los miembros del Congreso se vieron obligados a buscar una salida decorosa para ellos.

Pero el resultado de las modificaciones realizadas en jueves a la 3850 es que se mantiene todo como estaba: La inspección técnica vehicular no se hará localmente, como desea nuestra Constitución, sino que seguirá siendo nacional.

Dice el Artículo 166 de nuestra Constitución que “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

La palabra “local” significa, según el Diccionario de la Real Academia “1. adj. Perteneciente o relativo al lugar…3. adj. Municipal o provincial, por oposición a generalo nacional”.

Y el Artículo 168 de nuestra Constitución establece que “Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley:…8. la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos…”

Me parece que es muy fácil entender que nuestra Constitución prescribe que las materias relativas a la circulación de vehículos deben atenderse de manera local “por oposición a general o nacional”.

La inspección técnica vehicular, que obviamente es una materia relativa a la circulación de vehículos, debe hacerse, según nuestra Constitución, localmente, no nacionalmente.

Esta disposición constitucional no es arbitraria. No está de adorno, no es superflua; es la que otorga sustancia a la descentralización de la que habla su Artículo 1. Los paraguayos resolvimos, en 1992, que queremos que las cosas que nos afectan más directamente en nuestra vida diaria sean atendidas y resueltas cerca nuestro, muy cerca, en las comunidades en las que vivimos, en nuestros municipios.

La ley 3850 es inconstitucional por varias razones, pero principalmente por esa, porque viola el Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución al establecer una inspección técnica vehicular de carácter nacional, por definición opuesto al carácter local que debe tener.

Las modificaciones aprobadas por los cuarenta y seis diputados ayer mantienen la violación del Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución, aunque intentan disimularla, introduciendo como organismo de control de la ley a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), como si con eso pudiera compensarse la pérdida del carácter local que sufren con dichas modificaciones las materias relativas a la circulación de vehículos.

El sofisma es evidente cuando se observa que la OPACI es un organismo central, distinto de los municipios locales, aunque integrado por ellos.

Los cuarenta y seis diputados que pretenden así engañar a más de un millón de familias paraguayas propietarias de vehículos automotores para beneficiar a seis empresarios son los siguientes: Agustín Florentín, Ariel Oviedo, Blas Lanzoni, Clemente Barrios, Daniel Fleitas, Eladio Gómez, Engelberto Ayala, Fernando Oreggioni, Hugo Capurro, Jorge Baruja, Juan Denis, Luis Sarubbi, Modesto Salinas, Oscar Escobar, Perla A. de Vázquez, Wilson Dávalos, Andrés Giménez, Atilio Penayo, Carlos Paoli, César Garcete, Edgar Ortiz, Elva Martínez, Eulalio Morel, Gustavo Mussi, Héctor David Ocampos, Jorge González, Julio Mineur, Magdaleno Silva,  Nardi Gómez, Oscar González, Salustiano Salinas, Andrés Retamozo , Blas Vera Bejarano, Celso Maldonado, César López, Edgar Venialgo, Elvis Balbuena, Fabiola Oviedo, Herminio Dávalos, Jorge Avalos, José López Chávez, Luis Neuman, Ramonita Mendoza, Nelson Segovia, Pedro González y Víctor Bogado.

A pesar de que estos cuarenta y seis diputados pretenden perjudicar literalmente a millones de paraguayos para obligarlos a convertir en multimillonarios a seis empresarios dueños de talleres de inspección técnica vehicular, a pesar de que persisten en violar nuestra Constitución para beneficiar a dichos empresarios y a pesar de que el tema ocupa la atención de cientos de miles de ciudadanos preocupados, el líder de la bancada liberal en el Senado no estudió aún el tema y no sabe mucho de él.

El senador González Erico dijo que ya tendrá tiempo de estudiar el asunto cuando el proyecto de los cuarenta y seis diputados llegue a la Cámara Alta y pase a estudio de comisiones.

Lo cual confirma que los problemas reales de la gente real no son prioritarios para el senador, ni para la bancada de senadores del PLRA, que prefiere esperar, aún cuando el pueblo no pueda hacerlo.

Lo cual no sorprende, considerando que fueron liberales los senadores que regalaron la ley 3850 a los seis empresarios que se beneficiarán de ella o de su versión modificada.

Material enviado el viernes 18 de mayo a La Nación para su publicación en la edición digital

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