Destituir a la jueza González


Enrique Vargas Peña (foto de pj.com.py) 

La resolución (SD 47 del 6 de agosto de 2014) de la jueza Patricia González de Melgarejo sobre el caso de los videos del senador Juan Carlos Galaverna, ordena a varios medios de comunicación “la prohibición de la divulgación, propagación, publicación, generación y/o alteración de contenido multimedia, entendido esto como fotos, imágenes y/o videos que relacionan al senador…en supuestos actos sexuales con personas del sexo femenino, sin consentimiento del mismo, ya sea de manera visual, escrita o en versión digital…” 

Cualquier prohibición de publicar cualquier cosa es, salvo que alguien pretenda discutir la definición del diccionario castellano de la Real Academia, “imponer supresiones”, como lo enseña la cuarta acepción del verbo “censurar”, que deriva del sustantivo “censura” (“4. f. Intervención que ejerce el censor gubernativo” –en nuestra República “El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial”, según lo establecido por el Artículo 3 de nuestra Constitución). 

Es decir, la jueza González de Melgarejo resolvió usar un instrumento que nuestra Constitución prohíbe expresamente en sus Artículos 26 (“Se garantizan…la libertad de prensa…sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución…”) y 29 (“El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa”). 

Quiero dejar expresa constancia, antes de continuar, que creo que el senador Galaverna fue objeto de una acción ilegal, flagrantemente violatoria de los Artículos 33 y 36 de nuestra Constitución, y que defiendo absolutamente su derecho a recibir protección y reparación. 

Mi punto es que la jueza González de Melgarejo usó, con la excusa de proteger al senador Galaverna, un instrumento que nuestra Constitución le prohíbe terminantemente usar. 

Para cualquiera que lea la resolución de González de Melgarejo resultará obvio observar el gran esfuerzo intelectual que la magistrada realizó para justificar un atropello tan evidente al texto tan claro y tan fácilmente comprensible de nuestra Constitución. 

Buscó cuanta jurisprudencia encontró a favor de la censura en la República Argentina y encontró lo que sostiene en el “Considerando” de su resolución: Que “frente al choque de dos derechos fundamentales, debe prevalecer aquel que esté más próximo al núcleo de la personalidad y como quiera que el derecho a la información es un derecho relacional del hombre con sus semejantes, cederá ante el derecho a la intimidad”, transcribiendo una cita de un juez rosarino (Roberto A. Vázquez Ferreya, argentino), quien a su vez transcribe una sentencia del Tribunal Constitucional español cuyo número y fecha no se molesta en dar a conocer. 

A mi juicio el párrafo señalado es el núcleo de la decisión de la magistrada González de Melgarejo e implica dos apreciaciones que, a mi juicio, son falsas e intolerables para una sociedad que pretende vivir en libertad. 

La primera es que en nuestra Constitución existen normas que se contraponen (“frente al choque de dos derechos…”) y la segunda es que, en el inaceptable supuesto de que nuestra Constitución contenga normas contrapuestas, el interés particular de alguien debe prevalecer sobre el interés general de todos (“el derecho” –de la sociedad- “a la información cederá ante el derecho a la intimidad” –de un funcionario público-). 

Creo que cualquier interesado en temas de Derecho Constitucional sabe que hay varias formas de interpretar una Constitución pero que las más aceptadas, por su mayor rigor científico y técnico, son la interpretación histórica (qué quisieron decir, hacer y ordenar los depositarios del Poder Constituyente), según el principio romano “animus hominis est anima scripti” –la intención es el alma de un instrumento- y la interpretación funcional, que se basa en el análisis de la estructura de la Constitución desde la idea de que ella fue diseñada para funcionar como un sistema coherente y armonioso, según el principio romano “nemo aliquam partem recte intelligere potest antequam totum perlegit” –nadie puede entender adecuadamente una parte mientras no ha leído el todo-. 

Es por esto que las normas interpretativas coinciden en que las provisiones de una Constitución son mutuamente consistentes, no contiene contradicciones lógicas, excepto alguna que se haya agregado con posterioridad y derogue a la previa. 

Hay una lógica jurídica por la que es evidente que una Constitución sería contradictoria si al mismo tiempo ordenara hacer y no hacer algo; dos disposiciones que se oponen contradictoriamente teniendo ámbitos iguales de validez, una permitiendo y la otra prohibiendo la misma conducta. 

La jueza González de Melgarejo supone, como se ve en su “Considerando”, que nuestra Constitución estableció normas contradictorias, la protección de la intimidad contra la prohibición de la censura. Ella, por sí y ante sí, sin habérsele otorgado poder constituyente alguno, entiende que estando la protección de la intimidad contra la prohibición de la censura, establece excepciones, que nuestra Constitución no establece, para la prohibición a la censura.   

El diputado Víctor Ríos justificó la posición de la jueza González de Melgarejo diciendo que el Artículo 26 de nuestra Constitución habla de que habrá libertad de prensa “sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución”, pero esas “limitaciones” no autorizan la censura, pues si la autorizaran tendríamos que el Artículo 26 prohibiría y autorizaría la censura al mismo tiempo, cosa que no hace. 

La jueza entiende que nuestra Constitución no es un todo lógico coherente y armónico, sino que contiene derechos que chocan entre ellos y se arroga el poder, que ninguna ley le otorgó, de determinar que un artículo vale más que otro, en primer lugar, y que para defender un derecho debe abrogar, abolir y derogar otro. 

Esta posición de la jueza González de Melgarejo no deriva de alguna facultad interpretativa de los jueces; es mal desempeño de funciones por no entender nuestra Constitución y, a consecuencia de no entenderla, por arrogarse funciones constituyentes, nada menos. 

Si estuviera en poder de los jueces determinar que ciertas disposiciones constitucionales tienen más valor que otras, como pretende la jueza González de Melgarejo, estaríamos ante el absurdo que nuestra Constitución valdría solamente lo que de ella estimen los magistrados judiciales, lo cual conduciría rápidamente al caos institucional. 

Nuestra Constitución prohíbe radicalmente la censura, y se la prohíbe también a los jueces. Luego, los jueces no pueden valerse de la censura con la excusa de proteger ningún otro derecho. 

Esto no quiere decir, desde luego, que el senador Galaverna no tenga recursos para protegerse. Los tiene y son los que establece el Artículo 28 de nuestra Constitución, que autoriza al dañado a demandar reparación, sin perjuicio de que, además, obtenga compensaciones civiles o penales. 

Nuestra Constitución es un todo lógico, coherente y armonioso y no deja sin defensa a los perjudicados por la violación de sus Artículos 33 y 36. Y es la responsabilidad ulterior definida en el citado Artículo 28. 

Artículo publicado en la edición del domingo 10 de agosto de 2014 de La Nación (http://bit.ly/1yjoin5).
Artículos sobre el tema publicados en otros medios
Ultima Hora, “Intimamente público” de Benjamín Fernández Bogado (http://ow.ly/Aa0rQ).  

ABC, “Hoy como ayer” de Edwin Brítez (http://ow.ly/Aa16k).