Fiscalía sometida, impunidad asegurada

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)
Nuestro Ministerio Público debe ser, a estas alturas, uno de los menos fiables del mundo: Se encuentra absolutamente sometido a políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que deben ser los principales sujetos de su vigilancia, los principales.
La razón por la que los políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo deben ser los principales sujetos de la vigilancia del Ministerio Público es que estos políticos controlan el dinero que la gente común de nuestro país paga con sus contribuciones para el funcionamiento del Estado.
Luego, al estar el Ministerio Público sometido a aquellos a quienes debe vigilar más que a nadie, es evidente por sí mismo que la vigilancia no es la adecuada, por lo que  quienes pueden robar el dinero de nuestro pueblo tienen garantizada la impunidad.
Esa es la causa de la corrupción rampante que sufre nuestro Estado, la que impide que el dinero que aportan los contribuyentes llegue a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa, a la infraestructura.
El diputado José María Ibañez, por ejemplo, hace pagar con dinero de nuestro pueblo a quienes cuidan la espléndida casa quinta que posee en Areguá. Lo hace con tranquilidad porque los fiscales que deben investigarlo dependen de él y de los aliados de él en la política para tener y mantener sus cargos, que son su medio de vida.
Generalmente, nadie molesta a aquel de quien depende su trabajo. José María Ibañez dormía y vivía, pues, tranquilo, cargando al pueblo paraguayo sus cuentas particulares. Como dormían y vivían tranquilos todos los integrantes de la clase política.
Debe haber pocas excepciones en la clase política: Sus integrantes se hacen invariablemente millonarios mientras están en la función pública, pues la legalidad de sus fuentes de ingresos no puede, normalmente, ser escrutada por los fiscales.
Hasta que ocurrió la anomalía (“Del lat. anomalĭa, y este del gr. ἀνωμαλία. 1. f. Discrepancia de una regla o de un uso”) por la que la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público empezó a investigar y a imputar a algunos pocos de estos políticos, entre ellos, el citado Ibañez.
Esta anomalía se debió a dos factores: Una disputa entre diversos clanes (clan: banda, facción, pandilla) de la clase (“Del lat. Classis. 1. f. Orden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio”) política que hizo que uno de ellos decidiera sacar a luz los chanchullos de otro clan (el de Horacio Cartes contra el de Víctor Bogado, por ejemplo) y, enseguida, la presión popular para que esos chanchullos no queden impunes.
Cuando el clan de Cartes entendió que la presión popular empezaba a afectar a sus propios miembros (Ibañez), empezó a moverse para revertir la situación, movimiento que parece tener el apoyo de la mayor parte de los clanes de la clase política, excepto, tal vez, el de Bogado, interesado en cobrarse lo que le hicieron.
En ese momento aparece el traslado del jefe de la unidad de Delitos Económicos, Carlos Arregui, quien fue durísimamente atacado en el Congreso por los coyunturalmente afines al clan de Horacio Cartes.
Para justificar su movida, el fiscal general Javier Diaz Verón sostiene, con el concurso de muchos abogados, que la disposición del artículo 80 de la ley 1562 que dice que “En ningún caso podrá trasladarse a agentes fiscales sin su consentimiento previo y expreso” no afecta al agente fiscal encargado de una fiscalía adjunta, aunque el artículo 47 de la misma ley establece que “Son funcionarios fiscales del Ministerio Público: 1. el Fiscal General del Estado; 2. los fiscales adjuntos…”
El artículo 47 de la ley 1562 define que los fiscales adjuntos son agentes fiscales; su artículo 80 dice que los agentes fiscales no podrán ser trasladados sin su consentimiento, pero Javier Diaz Verón y muchos abogados sostienen que los fiscales adjuntos no son afectados por el artículo 80. La ley no hace el distingo, pero Diaz Verón sí.
El mensaje de la clase política a los fiscales es demasiado claro, demasiado obvio: Si los fiscales se meten en serio con los políticos, pierden su trabajo.
Generalmente nadie que dependa de su trabajo para llevar el pan a sus hijos se arriesga a perder su trabajo. Simplemente acata las reglas, no incurre en anomalías, se alinea, se tranquiliza, se queda en el molde.
Los paraguayos estamos ahora escuchando cientos de discursos ridículos del fiscal general Diaz Verón, ejecutor de la orden de castigar a Arregui, y de integrantes de la clase política acerca del compromiso que tienen de mantener las investigaciones que empezaba a realizar la unidad de Delitos Económicos.
Ridículos porque son palabras huecas que pretenden ocultar el hecho, el hecho cierto e incontrovertible, de que el fiscal que se meta en serio con los políticos, pierde su trabajo. Ahí está Carlos Arregui como ejemplo vivo de la verdadera situación que se busca ocultar con esos discursos ridículos.
De modo que los paraguayos estamos condenados a seguir sufriendo la impunidad de la clase política, a la espera de alguna aislada ocasión en que en el futuro alguno de sus clanes vuelva a tratar de perjudicar a otro de ellos y deje ver toda la podredumbre que la caracteriza.
Esto significa que el dinero que los paraguayos aportan como contribución al sostenimiento del Estado seguirá sin llegar a las escuelas, a los hospitales, a la seguridad, a la defensa, a la infraestructura y significa que la clase política podrá seguir construyendo y manteniendo, sin demasiados sobresaltos, quintas palaciegas de veraneo, y casas, autos, viajes, buena ropa, buena comida, buenos negocios y buenas cuentas bancarias.
Todo debidamente encubierto, claro está, por altisonantes discursos sobre la opción preferencial por los pobres que dicen tener todos los políticos.
Artículo publicado en la edición del domingo 09 de marzo de 2014 de La Nación (http://bit.ly/1i0A5S4).
Materiales sobre el tema en otros medios:
Ultima Hora, “Que parezca un accidente” de Luis Bareiro (http://bit.ly/1cmWnNX).
Ultima Hora, “En la antesala del final” de Benjamín Fernández Bogado (http://bit.ly/1cM9inj).
Abc, “Políticos son investigados por el robo de US$ 140 millones” (http://bit.ly/1fho5q9).
Abc, “La corrupción” de Alcibiades González Delvalle (http://bit.ly/1fOqChC).
Abc, “Putrefacción” de Edwin Brítez (http://bit.ly/1inAexm).

Abc, “Cenadores”, de Mabel Rehnfeldt (http://bit.ly/1lL0nLn).    

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