Imponer el nuevo rumbo a la Policía

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

El día jueves 8 de agosto a la tarde un agente de la Policía Urbana Especializada (PUE) paró a Antonio Fuertes Arcondo para solicitarle su cédula de identidad, en las calles 15 de Agosto y Oliva de Asunción.

Fuertes Arcondo preguntó al agente policial si estaba haciendo algo indebido, a lo que el agente respondió que debía mostrarle su cédula. Como Fuertes insistió en preguntar si hacía algo indebido como para serle requerida la cédula, el agente policial llamó a refuerzos que apresaron a Fuertes y lo condujeron, esposado, a sede policial donde quedó privado de libertad desde las 14:30 horas hasta las 21:00 horas.

Los agentes policiales involucrados son Diosnel Morínigo, Jorge Fretes y Ramón Bareiro; el comandante de la PUE es Inocencio Machado.

El acta policial que informa sobre la situación dice que Fuertes Arcondo estaba en “actitud sospechosa”. Cuando el abogado Jorge Vasconcellos pidió a los agentes que definan la “actitud sospechosa”, dijeron que Fuertes Arcondo estaba “fumando en la vereda, con tatuajes en su brazo izquierdo y mal aspecto”, todo lo cual fue grabado por el Dr. Vasconcellos y difundido el viernes 9 de agosto en “Tarde de Perros” por la 9.70AM.

Es evidente que la PUE, en particular, y que la Policía Nacional, en general, nunca comprendieron, nunca entendieron y siguen sin respetar el Artículo 12 de nuestra Constitución, que dice “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.

La palabra “detener” viene del latín “detinēre” y significa, según el Diccionario de la Real Academia1. tr. Interrumpir algo, impedir que siga adelante. U. t. c. prnl.2. tr. Dicho de una autoridad: Prender a alguien. 3. prnl. Pararse, cesar en el movimiento o en la acción. 4. prnl. Pararse a considerar algo.

Luego, está constitucionalmente muy claro que la Policía no puede interrumpir nada, ni impedir que siga adelante, ni prender a nadie, ni parar ni hacer cesar movimiento o acción alguna sin que esté ocurriendo o esté por ocurrir una “flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.

La Constitución prohíbe a la Policía detener de cualquier modo a los ciudadanos que no estén incursos en la comisión de flagrante delito; no los puede detener ni una hora, ni un minuto, ni un segundo; no los puede detener para pedirles cédula, ni fósforo, ni saludo; simplemente la Constitución prohíbe a la Policía detener a los ciudadanos que no estén involucrados en la comisión flagrante de un delito.

No solamente se lo prohíbe claramente el Artículo 12 de nuestra Constitución, sino que también se lo prohíbe expresamente el Artículo 17, inciso 1 de nuestra Ley Suprema, que dice “En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia.

La Policía está constitucionalmente obligada, “en cualquier (proceso) del que pudiera derivarse pena o sanción” a presumir la inocencia del ciudadano. No puede constitucionalmente alegar la existencia de alguna indefinida “actitud sospechosa” pues esa alegación destruye la presunción de inocencia.

Por si en la Policía no lo saben, el Diccionario de la Real Academia explica que “presunción” es “1.f. Acción y efecto de presumir” y que “presumir” es “1. tr. Sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales para ello.

Es decir, cuando la Policía se cruza en la calle con algún ciudadano, salvo el mencionado caso de flagrancia, está obligada a juzgar que ese ciudadano es inocente, totalmente inocente, y no sospechoso.

Cualquier ley que diga otra cosa sería completamente inconstitucional y, desde luego, cuando le pregunté en la 9.70AM, a Inocencio Machado en qué ley se basaba para parar a los ciudadanos a pedirles la cédula no supo qué responderme.

Lo único que atinó a decirme es que gracias a las violaciones de los Artículos 12 y 17 de nuestra Constitución que comete a diario, la Policía puede dar con los ciudadanos sobre los que pesa alguna orden de captura (la orden de autoridad competente de la que habla el Artículo 12).

Machado confiesa así que la Policía no sigue ni investiga a las personas a las que los jueces les ordenan detener, sino que espera pasivamente que esas personas caigan por azar en los controles con los que ella viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. Si alguien sobre quien pesa orden de captura es hábil, jamás será detenido pues la Policía no lo investiga ni lo sigue, sino que prefiere violar genéricamente los derechos ciudadanos.

Es imperativo imponer a la Policía un nuevo rumbo, el de brindar seguridad respetando nuestra Constitución. Si sus jefes no saben cómo hacerlo, es necesario reemplazarlos por otros que al menos hagan el intento.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 11 de agosto de 2013 de La Nación (http://bit.ly/13ZoeKb).

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