Invasiones: ¿Necesidad o delito?

El reciente presidente electo, Fernando Lugo, tendrá que definir y acotar sus conceptos y los alcances de sus palabras, cuando afirmó, que las invasiones eran el último recurso que disponían los campesinos para hacer sentir sus voces de protesta.
Estas palabras han terminado por inquietar a los directivos dela Asociación Ruraldel Paraguay (ARP), así como a cientos de poseedores de tierras, paraguayos y extranjeros. Cada nativo de este país tiene derecho a un pedazo de tierra,  según nuestra Constitución, sin embargo, en ninguno de sus artículos, dice que avala la invasión de una propiedad privada, como método de protesta.

Si esto no está contemplado, significa lisa y llanamente que se está cometiendo un delito tipificado en nuestro Código Penal. Por más necesidades que se tenga, no es por un ilícito que se empieza a construir una nueva sociedad, que es lo que todos queremos.
La reforma agraria, de por sí, es un tema demasiado complejo y tiene tantas aristas como la teoría de la frazada corta, que depende de donde se estire, destapa la cabeza o los pies. Ya se han desperdiciado 11 millones de hectáreas, que no se sabe que destino han tenido.
 
Muchas propiedades cambiaron muy rápido de dueño, con lo que un manto de descrédito ha caído, sobre campesinos, funcionarios públicos, Indert (ex-IBR), políticos ambiciosos y abogados inescrupulosos.
En realidad, no son tantos los campesinos que no poseen tierras en nuestro país, pero los que las tienen, sostienen una actividad casi prehistórica, con bueyes, arrastrando arados de madera.
Tienen apenas una o dos cosechas anuales, con lo que su tierra se hace económicamente poca o nada rentable. Por simple ignorancia, se oponen al avance del denominado “campo empresario” que es el uso intensivo de la tierra, con 5 cosechas por año.
Para ello, sus tierras deben estar tituladas y no lo están, debido a la burocracia y el acostumbrado manoseo estatal, del gobierno de turno. Antes de esto, se tendría que tener a mano, un verdadero catastro nacional actualizado, de otra manera, resultarían muy poco serios todos los buenos  intentos. Y justamente este plan propuso llevar adelante Lugo, tras una reunión mantenida con organizaciones sociales de San Pedro.
Con la escritura en la mano pueden acceder a créditos para modernizar sus equipamientos, pero muchas entidades bancarias desconfían de los campesinos porque malgastan dichos importes en sus propias necesidades y no la invierten a donde fue destinado. Cuando llega el momento de pagar, no tienen ni el dinero ni la cosecha.
 
También el campesino es reacio a organizarse en cooperativas, junto con sus vecinos. Su idiosincrasia personalista y desconfiada, no lo va a permitir de ninguna manera. Pero la tierra,  de por sí no vale nada, si no va acompañada de la capacitación y un actualizado asesoramiento técnico.
El dinero para semillas y suministros debe ser surtido por el Estado, como ayuda y no un regalo. Esto es para darles un buen impulso, hasta que desarrollen sus actividades y caminen por si solos.
En caso que algunas parcelas se encuentren improductivas o poco explotadas, el Estado debería gravarlas con el triple del impuesto inmobiliario, con la tasación del mercado actual. Eso obligaría a los dueños a negociarlas con aquellos que si las quieren trabajar.
 
Estos malos dirigentes campesinos, deben saber que la propiedad privada es sagrada, por lo que invadirlas, puede generar una innecesaria explosión social, especialmente, con los dueños de las tierras.
Estos, están contratando guardias armados para repeler cualquier ocupación. Aquellos deberían evitar  enfrentamientos fraticidas que tengan insospechadas consecuencias.
Si han sido postergados por tantos siglos, en sus reivindicaciones, muy bien pueden esperar 90 días más, cuando asuma el próximo gobierno. Nadie se niega a la lucha campesina, pero sin atropello, violencia ni prepotencia.

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