Los peores jueces quieren seguir

Enrique Vargas Peña (foto de ea.com.py)


Hay muchas cosas muy malas y muy graves que están ocurriendo en nuestro Paraguay: el triunfo del terrorismo en la zona norte donde la banda marxista autodenominada “Ejército del Pueblo Paraguayo” impone la agenda y ejerce de facto el poder de policía que corresponde al Estado o la evidencia de que nuestro sistema de educación superior es una farsa al servicio de los políticos prebendarios ilustrada por el diputado Carlos Portillo, son algunas de ellas. 

Pero a mi juicio lo peor fue la aprobación, en el Senado, de un proyecto de modificación de la ley 1634/00 “Que establece el procedimiento para la confirmación de magistrados del Poder Judicial” por el que esa confirmación pasa del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia. 

Leí que el proyecto es iniciativa de la Asociación de Magistrados Judiciales que parecen interpretar notablemente el Artículo 264 de nuestra Constitución que dice “Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura: 1.proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo; 2.proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales; 3.elaborar su propio reglamente, y 4.los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes”. 

La Asociación de Magistrados, y ahora una mayoría del Senado, parecen creer que, como el Artículo 264 no menciona la frase “confirmar a los magistrados”, ellos pueden atribuirle esa potestad, la de confirmar, a la Corte Suprema. 

Esto implica que la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado se atribuyen a sí mismos un poder constituyente que nadie les otorgó, para dar a la Corte una potestad de la que carece en el texto de nuestra Constitución. 

El Artículo 259 de nuestra Constitución enuncia, define y precisa los deberes y atribuciones de la Corte Suprema, que son los siguientes, y ninguno más: “1.ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley;  2.dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 3.conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine; 4.conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; 5.conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; 6.conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley; 7.suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso; 8.supervisar los institutos de detención y reclusión; 9.entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y 10.los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes”. 

Me parece obvio que no figura, no está, entre las atribuciones de la Corte Suprema la de confirmar a los integrantes de los tribunales inferiores. 

En cambio, nuestra Constitución sí otorga al Consejo de la Magistratura, y sólo a él y a nadie más, la potestad de proponer los nombres de los candidatos a integrar todos los juzgados y tribunales inferiores de la República en su Artículo 251 que establece que “Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”. 

En síntesis, me parecen evidentes dos cosas: Primera, nuestra Constitución no otorga a la Corte Suprema de Justicia la atribución de confirmar a jueces; segunda, nuestra Constitución sí otorga al Consejo de la Magistratura un papel protagónico en el proceso de nominación de magistrados. 

Se me podría señalar que si bien el Artículo 259 no atribuye a la Corte Suprema la potestad de confirmar a los magistrados, el Artículo 264 tampoco atribuye taxativamente esa función al Consejo de la Magistratura.    

Pero la pregunta planteada por la iniciativa de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado es si es lógico y legítimo inferir, como ellos hacen, que pueden, por el sólo hecho de que el mencionado Artículo 264 no menciona la frase “confirmar a los magistrados”, atribuirle a la Corte dicha potestad. 

A mi modo de ver, la respuesta a esa pregunta es no. No es lógica ni legítima la inferencia de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado. 

Estimo que la razón es simple: Nuestra Constitución se articula en torno a la idea de revisión periódica, hasta que haya seguridad en el buen desempeño, de la actuación de los magistrados, como lo prueba su Artículo 252, que dice que “Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia”. 

Quiero dejar expresa constancia de que creo que un sistema con jueces vitalicios e inamovibles garantiza mejor que nuestro sistema de revisiones periódicas el principio de independencia del Poder Judicial, razón por la que apoyo la interpretación constitucional que hicieron los ministros de la Corte Suprema referida a su propia inamovilidad, pero el sistema que en el que yo creo no es el establecido en nuestra Constitución, el de revisiones periódicas. 

Enrique Riera, presidente del Consejo de la Magistratura, me explicaba el viernes 11 de abril en la 9.70 AM, que el proyecto de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado tiene, en realidad, el propósito de mantener en sus cargos a unos quinientos jueces que fueron nombrados por recomendación de políticos antes de la reforma del reglamento del Consejo, que transparenta y hace mucho más objetivo el proceso de confirmación de magistrados. Y que es el nuevo proceso transparente y objetivo el que estos magistrados y sus padrinos políticos quieren evitar. 

Le creo a Riera porque pienso que difícilmente pueda alguien serio negar que los paraguayos sufrimos la actuación de demasiados magistrados que garantizan la corrupción de los políticos. Esos magistrados no deben continuar en el Poder Judicial y cualquier revisión objetiva y transparente de su actuación los dejará fuera de la magistratura, como debe ser.


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