Mañana empieza a oscurecer

Enrique Vargas Peña (foto de pamplonafm.com.py)
 

 

Algunos de los que trabajamos en medios de comunicación hemos estado intentando lograr que los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo o los de la Asociación Nacional Republicana (ANR/Partido Colorado) respondan una simple pregunta: ¿Concentra o no el poder en manos del presidente de le República el artículo 52 del proyecto de alianza público-privada aprobado por unanimidad de una mínima mayoría de senadores y que está en el orden del día de mañana de la Cámara de Diputados?

Dice el artículo 52 del proyecto aprobado por el Senado que “El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar, los términos, contenidos, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados”.

La primera parte del artículo 52 muestra la magnitud del poder que se entrega al presidente Horacio Cartes: “Se autoriza a las Administraciones Contratantes (es decir Cartes y las empresas beneficiadas como queda claro al leer la transcripta última parte del mismo artículo) a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos respectivos, en los términos establecidos en la presente ley…”

En síntesis, el presidente Cartes podrá, por sí y ante sí, determinar todo, absolutamente todo lo referente a las conseciones que él decidirá otorgar en los siguientes campos de actividad: Hidrovías, aeropuertos, rutas, trenes, puentes, provisión de agua, alcantarillado, energía eléctrica, infraestructura de Asunción, cárceles, desarrollo urbano, ductos de gas, agua, petróleo, alcohol, bienes y servicios estatales, cemento, producción de hidrocarburos y telecomunicaciones.

Todo el discurso del gobierno a este respecto se limita a decir que dicho proyecto no es privatizador, evadiendo así la cuestión que se le plantea: ¿Concentra o no el poder en manos del presidente?

La Comisión Ejecutiva de la ANR que el viernes 25 pidió (pues no puede ordenar porque lo prohíbe el Artículo 201 de nuestra Constitución) a sus diputados que apoyen el proyecto no contestó la pregunta y en vez de responderla hizo una larga disquisición sobre el concepto de privatización (http://bit.ly/HlItNX).

El ministro de Hacienda, Germán Rojas, a quien consulté en la 9.70AM el pasado 15 de octubre sobre la constitucionalidad del proyecto, me dijo claramente que él no abordaría la cuestión jurídica del tema sino solamente la económica. La misma respuesta obtuve el 14 de octubre de José Alberto Alderete, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Junta de Gobierno de la ANR, quién me especificó que el dictámen con el que la misma apoya el proyecto es sobre economía, no sobre Derecho.

Consulté sobre esto a todos los miembros colorados del Congreso que quisieron hablar: Enrique Bacchetta, Blanca Ovelar, Walter Harms, María Cristina Villalba, Dany Durand, entre otros. Algunos de ellos dijeron que por eso no apoyan la norma y los otros dijeron que la apoyan porque “confían” en que el presidente Horacio Cartes no abusará de la concentración del poder. El más didáctico fue Juan Carlos Galaverna, quien reconoció el 9 de octubre en la 9.70AM lo peligroso que este proyecto es para la libertad. Todos coincidieron en reconocer que el proyecto concentra el poder.

No podía ser de otro modo, pues cualquiera que lea el proyecto se da cuenta fácilemente de ello. El proyecto es, a todos los efectos prácticos, una ley de habilitación, una ley de plenos poderes, de las que están expresamente prohibidas por el Artículo 3 de nuestra Constitución (http://bit.ly/17Q1Uok) (http://bit.ly/16ceDnN) (http://bit.ly/15Cxbzw) (http://bit.ly/16mBz0K).

Quiero esbozar un escenario para dentro de un tiempo si este proyecto es aprobado mañana por la Cámara de Diputados.

Como es de público conocimiento, los propietarios de los grandes medios de comunicación son, a su vez, empresarios muy poderosos en varios de los campos que esta ley reserva al presidente de la República.

Bastará que Cartes negocie con Zuccolillo o con A.J. Vierci el otorgamiento de contratos en alguno o varios de esos campos para que la prensa crítica sea solamente un recuerdo en Paraguay.

También es de público conocimiento que los principales grupos políticos del país económicos importantes (Luis Castiglioni, Blas Llano, Guillermo Caballero Vargas, Pedro Fadul, por citar algunos) tienen intereses económicos, bastará que reciban del presidente alguna concesión beneficiosa para que la oposición en el Congreso deje de tener fuerza relevante.

Con esta ley el presidente Horacio Cartes podrá silenciar la crítica y obtener beneplácito con solo regalar algún contrato. El poder estará totalmente concentrado y los paraguayos de a pie quedaremos totalmente indefensos. La libertad habrá muerto de nuevo en Paraguay para ser reemplazada por un remedo similar al que sufrimos durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 27 de octubre de 2013 de La Nación (http://bit.ly/1ilKpB8).

 

Artículos sobre el tema en otros medios:

A favor de la APP, en Ultima Hora:

Christian Cantero (http://bit.ly/1hkaZNs)

A favor de la APP, en ABC:

José Antonio Moreno Rufinelli (http://bit.ly/18Yet4v)

Javier Bernardez (http://bit.ly/17Rsnlu)

Víctor González (http://bit.ly/Hk3SGZ)

Carlos Jorge Biedermann (http://bit.ly/1brKosY)

En contra de la APP, en ABC:

Armando Rivarola (http://bit.ly/1ah8MAR)

Pidiendo más tiempo para estudio de la APP, en ABC:

Iglesia Católica (http://bit.ly/17RsLQQ)

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