Nuevo rumbo del tejú guazú: La muerte

Enrique Vargas Peña (foto de faunaparaguay.com)
La ministra del Ambiente (SEAM), María Cristina Morales, resolvió, a instancias del señor Luis Beconi (comerciante de pieles de tejú guazú) y otros, autorizar la matanza de doscientos diez mil ejemplares de esta especie de lagartos característicos de nuestro país, de los que Wikipedia refiere que tienen un nivel de inteligencia inusual para los lagartos y que buscan la atención de los humanos como hacen los perros y los gatos (http://bit.ly/1lbqOHe). En www.faunaparaguay.com también se pueden leer las características del tejú guazú (http://bit.ly/1gdJIKx).
El señor Beconi confirmó esta semana que pasó, en “Tarde de Perros” de radio 9.70 AM, que él fue uno de los impulsores de la resolución 632/14 de SEAM.
La ministra Morales se niega a hablar conmigo alegando que fui maleducado con ella al criticarle su desidia en el tema del lago Ypacaraí, pero la directora de Vida Silvestre de SEAM, Martha Motte (quién, según ABC ya había sido vinculada a tráfico ilegal de animales silvestres en 2003 –http://bit.ly/1bzelHa-), me confirmó que para avalar la medida tomada a instancias de Beconi y sus colegas, SEAM recurrió a un estudio de campo sobre la población de tejús realizado como tesis por un estudiante norteamericano en 1993, Lee Fitzgerald (http://bit.ly/1lL3AeR)  y a “su proyección estadística”, para sostener que autorizar la matanza de doscientos diez mil tejús no pone a la especie en peligro de extinción.
Marianella Velilla de Guyrá Paraguay (http://www.guyra.org.py) me confirmó que existe la presunción de que un período de cacería de tejús de una sola temporada no puede poner en peligro la supervivencia de la especie pero que, en efecto, el único estudio que avala la resolución 632/14 de SEAM es aquel estudio de 1993 con sus proyecciones.
La consulté sobre el caso de Botswana, África del Sur, cuya población de elefantes estuvo en declive constante (por la cacería de los comerciantes de marfil) hasta que en la década de los 80 del pasado siglo se iniciaron estudios serios, de campo, que permitieron tomar las medidas adecuadas para asegurar el crecimiento de esa población hasta niveles seguros, a lo que Marianella me contestó que “comprendía mi preocupación”.
El caso de Botswana con los elefantes es el que me permite decir que si las proyecciones de un estudio de campo, como el de 1993 sobre los tejús, no están periódicamente verificadas por otros estudios de campo, se corre el riesgo de poner en peligro la vida de la especie: En Botswana se mide, en forma periódica, la población de elefantes por kilómetro cuadrado en zonas reservadas para saber si las proyecciones de los estudios originarios mantienen o no su validez. SEAM no hizo eso, según me lo confirmó la misma directora Motte.
En síntesis, la ministra María Cristina Morales de SEAM autorizó la matanza de un número importante de ejemplares de una especie silvestre de nuestro país a instancias de intereses comerciales particulares y sin ningún estudio actualizado de la situación real de dicha especie en el territorio nacional.
Es decir, la ministra Morales pasó por alto su obligación legalmente establecida en el artículo 8 incisos d de la Ley 96 “De La Vida Silvestre”, que le obliga a Realizar y fomentar la investigación científica conducente a la utilización racional de la Vida Silvestre y establecer los centros de investigación que fueren necesarios”, y l, que le obliga a “Mantener y proponer las reglamentaciones del funcionamiento del sistema de protección y Conservación de la Vida Silvestre”.
La ministra Morales no pasó por alto sus obligaciones porque desconozca la ley. Dado que es obligación de todos conocer la ley, se presume que la ministra la conoce; ella no solamente tiene la obligación ciudadana de conocerla, sino que tiene especialmente la de funcionaria encargada de su aplicación. 
Luego, la desconoció deliberadamente para favorecer a intereses comerciales que necesitan la piel del tejú para el logro de sus actividades.
Si la ministra María Cristina Morales no es destituida por obrar de ese modo, tenemos derecho a pensar que cuenta con el aval del presidente Horacio Cartes para sacrificar la ley en beneficio de intereses particulares y tenemos derecho a pensar que el “nuevo rumbo” no es otra cosa que un plan para eso, para someter al país entero a los requerimientos de los hombres de negocios aunque ellos se opongan a las leyes.

Artículo publicado en la edición del domingo 9 de febrero de 2014 de La Nación (http://bit.ly/1iDiX4h).

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