Para censurar defienden la censura


Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

La cuestión planteada por la jueza Patricia González de Melgarejo al establecer la censura previa por vía judicial de videos referidos a la vida privada del senador Juan Carlos Galaverna es, a mi modo de ver, de máxima importancia para el futuro de la libertades de prensa e información en Paraguay. 

La censura previa establecida por la jueza González de Melgarejo fue sostenida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que consideró que imponer dicha censura no constituye mal desempeño de funciones. 

En defensa de la decisión de la jueza González de Melgarejo se arguyó que nuestra Constitución prohíbe el uso de información obtenida de manera ilícita; que defender la intimidad de una persona no constituye censura y la existencia de jurisprudencia a favor de la misma en algunos países. 

Antes de continuar, reitero enfáticamente que, a mi modo de ver, la publicación de los videos referidos a la vida privada del senador Galaverna sí viola sus derechos protegidos constitucionalmente y su publicación sí genera plenos derechos de exigir reparación para el senador. 

Lo que yo discuto es el instrumento elegido por González de Melgarejo para satisfacer el reclamo del senador Galaverna: La censura previa. Como señalé la pasada semana (http://bit.ly/1oZ79hO) ese instrumento le está prohibido. 

Alfredo Enrique Kronawetter, Director Jurídico del JEM, sostuvo en el dictamen que fue base de la decisión del Jurado que: (la resolución de la jueza) “no implica una consecuencia directa que vulnere otros derechos constitucionales, o, cuanto menos se erija en una suerte de censura alguna…”. 

“La limitación derivada de la CN en cuanto a que no se permite la obtención de información en forma ilícita no precisa de otros agregados, porque el mismo artículo 26 así lo estipula”. 

Kronawetter agrega tácitamente al Artículo 26 de nuestra Constitución, en los párrafos citados de su dictamen, algo que ese Artículo no dice, le agrega una frase que podría decir: “En los casos de violación de los Artículos pertinentes de esta Constitución, los jueces podrán aplicar la censura previa”. 

Pero el Artículo 26 no solamente no dice eso, sino que lo prohíbe. Y también lo prohíbe el Artículo 29 de nuestra Constitución. 

Nuestra Constitución prohíbe el uso de información obtenida de manera ilícita, pero no dice que el remedio a ese mal sea la censura. De hecho, nuestra Constitución niega expresamente que la censura pueda remediar ese mal y explica claramente cuál es el remedio en su Artículo 28. 

El diputado Víctor Ríos me acerco una sentencia de la Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-439/09) para avalar la decisión del JEM. 

Ella dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…si bien no puede restringirse la libertad de prensa, y tampoco puede someterse la difusión de ideas o informaciones a censura previa, sí puede el juez constitucional impedir la violación de los derechos al buen nombre y a la honra de la persona…” 

“Cuando se prohíbe e impide la publicación o difusión de informaciones, noticias o imágenes que afectan la intimidad de la vida privada de la persona o de su buen nombre, no se está censurando…” 

Lo que el diputado Ríos no cuenta es que el artículo 20 de la Constitución colombiana es bien distinto al Artículo 26 de nuestra Constitución, pues aquel dice “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 

Es distinto porque tiene un concepto que el nuestro no tiene: (Los medios) son libres y tienen responsabilidad social”. 

Nuestra Constitución, al contrario de la colombiana, se diseñó a este respecto sobre una premisa muy distinta, la de que la utilidad social de la libertad de prensa es tan importante que son preferibles los abusos a las restricciones previas, aunque claramente los abusos pueden ser castigados por los medios establecidos en su ya citado Artículo 28. 

El modelo que perfeccionó nuestra Constitución es el de la Constitución de Estados Unidos y su Primera Enmienda. De allí surge la jurisprudencia de referencia que cabe plenamente y no la de Colombia o la de Corea del Norte. 

En Estados Unidos existe, ciertamente, jurisprudencia de la Corte Suprema referida a la Primera Enmienda (equivalente a nuestro Artículo 26) que no otorga la protección de la libertad de publicar a algunas materias como por ejemplo la pornografía infantil (caso New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 102 S.Ct. 3348, 73 L.Ed.2d 1113, de 1982). 

Sin embargo, la jurisprudencia genérica fue fijada por el caso Near v. Minnesota (283 U.S. 697, 51 S.Ct. 625, 75 L.Ed. 1357, de 1931), en el que un funcionario del Estado de Minnesota pidió una medida cautelar que prohibiera a un diario local publicar sus supuestos vínculos con un sistema de apuestas, caso en el que la Corte prohíbe la censura previa específicamente. 

La Suprema Corte de Estados Unidos dijo entonces: “Si…las autoridades públicas pudieran traer al propietario o editor de un periódico o revista ante un juez bajo el cargo de conducir la publicación de asuntos escandalosos y difamatorios -en particular, en los casos que afectan a funcionarios públicos por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones- y, a menos que el propietario o editor pudiera y estuviera dispuesto a aportar evidencia competente para satisfacer al juez de que los cargos son ciertos y se publican con buenos motivos y fines justificables, su periódico o revista se suprimiría o la ulterior publicación sería punible por desacato. Esta es la esencia de la censura…(esto) no puede justificarse en razón del hecho de que se obliga al editor a mostrar, ante medidas cautelares, que el asunto publicado es cierto y se publica con buenos motivos y fines justificables. … Sería más que un paso a un completo sistema de censura…La libertad (de publicar), en virtud de la razón misma de su existencia, no depende, como ha dicho esta Corte (en Patterson v. Colorado, 205 EE.UU. 454, 462), de la prueba de la verdad…‘el propósito principal de estas disposiciones constitucionales (de la Primera Enmienda) es evitar todas esas restricciones previas a publicaciones como habían sido practicadas por otros gobiernos’, y que no impiden la posterior sanción de tales que se consideren contrarias al bienestar de la opinión pública”. 

La resolución de la jueza González debe ser revocada, y ella debió ser destituida, porque impuso la censura previa, lo cual está prohibido por nuestra Constitución. 

Artículo publicado en la edición del domingo 17 de agosto de 2014 de La Nación (http://bit.ly/1pUkCWW).