Para libros, menos del uno por ciento

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py) 

Marta Lafuente, ministra de Educación, me sorprendió el pasado 23 de abril, cuando la entrevisté en la 9.70 AM, al revelar que menos del uno por ciento del presupuesto del ministerio a su cargo se usa para adquisición de libros y bibliotecas para el sistema público de enseñanza. 

El 22 de abril, el día anterior, el diario Ultima Hora publicó una estadística que explica el escaso presupuesto para libros y bibliotecas: Los políticos de nuestro Paraguay han logrado que nuestro sector público sea porcentualmente el que más gasta en salarios de funcionarios, más de cuarenta por ciento del total del presupuesto se destina a salarios, contra veinte por ciento de Chile, diecinueve por ciento de Uruguay o diecisiete por ciento de Argentina (http://bit.ly/1hAb4JB). 

Germán Rojas, ministro de Hacienda, me confirmaba, también en la 9.70 AM el 23 de abril, que eso implica que alrededor del noventa por ciento de todos los recursos tributarios que recauda el sector público se destinan al pago de salarios de funcionarios que integran la burocracia. 

Vale agregar que en el camino de sus dispendios, la clase política tiene el dudoso mérito de no solamente olvidar la compra de libros y la creación de bibliotecas, sino de haber condenado a nuestro Paraguay a sufrir la segunda peor infraestructura vial del Continente y una de las peores del mundo (http://bit.ly/1fe2Dt9). 

Creo que estos datos son suficientemente elocuentes como para pintar de cuerpo entero a la clase política paraguaya con rasgos que ninguno de sus integrantes puede ocultar. 

Los paraguayos nos libramos de los terremotos y de los tsnunamis, pero para causar el mismo o peor daño tenemos a nuestros políticos. 

La clase política paraguaya, mayormente aglutinada en los partidos Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) y Liberal (Partido Liberal Radical Auténtico) aunque no únicamente en ellos, prefiere claramente gastar el dinero que el pueblo le da mediante sus contribuciones en crear salarios para sus amigos, aliados y clientes que en aplicarlo en dar a la gente que paga esas contribuciones la oportunidad de salir de la ignorancia o de ser competitiva. 

La clase política paraguaya, y nadie más, es la que controla el presupuesto general de gastos de la Nación. Lo ha controlado en los últimos veinticinco años y, por tanto, no tiene ninguna excusa, ningún pretexto, detrás del que pueda ocultarse para eludir su culpa en esta asignación de los recursos. 

La clase política paraguaya es, en consecuencia, la responsable exclusiva y excluyente, de mantener el círculo vicioso por el que se mantiene al pueblo en la ignorancia; como el ignorante no califica para trabajar en lugares que requieren algún conocimiento, se ve compelido a convertirse en cliente de algún político para obtener recursos para él y su familia; esos recursos los políticos los obtienen del sector público cuyo presupuesto controlan, y los asignan a esos salarios que crean sacrificando la compra de libros y la creación de bibliotecas con lo que aseguran que nadie salga de la ignorancia que les proporciona clientes. 

Mucha gente cree que nuestra nefasta y perjudicial clase política es el reflejo de nuestra sociedad. Eso es una mentira que no se sostiene ante ningún análisis serio sobre su composición. 

Nuestra clase política no surge de la voluntad del pueblo paraguayo. Es la excrecencia de componendas realizadas entre gallos y medianoche, a escondidas entre cuatro paredes, por no más de diez personas (Horacio Cartes, Luis Castiglioni, Javier Zacarías, Juan Carlos Galaverna, Nicanor Duarte Frutos, Blas Llano, Federico Franco, Efraín Alegre, Fernando Lugo y, hasta su muerte, Lino Oviedo), los autodenominados líderes de los movimientos internos de las organizaciones políticas quienes son los que designan, a dedo, a los integrantes de las listas de candidatos (listas sábana) por las que después, y sólo después, podemos votar los paraguayos sin demasiadas posibilidades de elegir siquiera el orden en que esos designados estarán en dichas listas. Este esquema se replica regionalmente para los liderazgos locales (Ramón Gómez Verlangieri u Oscar González Daher). 

Y como, además, las elecciones internas de las organizaciones políticas movilizan principalmente a las clientelas pagadas con dinero público de los jefes políticos, se tiene que las mismas no reflejan tanto la voluntad libre de los afiliados, como los condicionamientos que esos jefes políticos imponen a aquellos a quienes favorecen con el presupuesto. 

Las excepciones que se puedan encontrar a lo dicho en los dos párrafos anteriores (Carlos Portillo o Enrique Bacchetta) solamente confirman la regla. 

Para preservar este esquema absolutamente perverso, los partidos tradicionales ya están buscando excusas para no implementar el desbloqueo de listas (http://bit.ly/RUVpzS). 

Cuando se analiza a quiénes designan los jefes políticos para integrar las listas, se observa fácilmente que hay un gran ausente, el principio de representatividad. Las listas sábana no se integran para satisfacer las necesidades de la gente, sino para satisfacer los intereses de los jefes políticos. 

Me confesaba, en efecto, el diputado colorado por Itapúa Walter Harms, en la 9.70 AM el 22 de abril, que actualmente los integrantes de las listas sábana elegidos para desempeñar cargos electivos “están hipotecados” a esos jefes, incluso patrimonialmente hipotecados. 

Luego, es obvio que nuestra clase política no es reflejo de la sociedad paraguaya sino de los jefes políticos y, por si faltaran evidencias, lo prueba de modo difícilmente controvertible la manera en que usan los recursos públicos, menos del uno por ciento del presupuesto de educación en comprar libros o crear bibliotecas y alrededor del noventa por ciento de los ingresos tributarios para pagar a sus clientelas.   

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por favor responda lo siguiente: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.