Plenos poderes: Rumbo viejo

Enrique Vargas Peña (foto de nanduti.com)
 

 

El argumento que un grupo de senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) utilizó para justificar el otorgamiento de una habilitación (“acción y efecto de habilitar: De hábil. 1.tr. Hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para una cosa determinada. 5. tr. Der.Subsanar en las personas falta de capacidad civil o de representación, y, en las cosas, deficiencias de aptitud o de permisión legal. Habilitarlo para comparecer en juicio.Habilitar horas o días para actuaciones judiciales”) para el presidente Horacio Cartes en el proyecto de ley de alianza público-privada fue que la misma se refiere a contratos entre el Estado y empresas privadas para realizar algunos objetivos y no a concesiones.
El proyecto de ley de alianza público privada aprobado por esos senadores colorados hace al presidente Cartes “hábil, apto o capaz”, de decidir solo, él solo, todos los compromisos por los que empresas privadas comenzarán a participar en la provisión de obras o servicios públicos.
El último párrafo del artículo 52 del proyecto de ley de alianza público privada otorga, en efecto, al Poder Ejecutivo la facultad de “determinar, detallar y precisar, los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados” en una larga serie de servicios que van desde la provisión de agua hasta el dragado de ríos, pasando por energía eléctrica y aeropuertos.
Si el proyecto de alianza público privada hablara de concesiones, cada una de ellas debería ser revisada por nuestro Congreso, pues así lo ordena el Artículo 202 inciso 11 de nuestra Constitución (“Son deberes y atribuciones del Congreso: 11. Autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos”).
Contra toda lógica democrática (que busca evitar la concentración de poder –“Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, John Locke, 1689; “El Espíritu de las Leyes”, Montesquieu, 1748-), una mayoría de senadores de la ANR sostuvo que el proyecto de ley de alianza público privada no habla de concesiones, sino de contratos, con lo que justificaron negarse a sí mismos, y al Congreso, la posibilidad de vigilar los posibles acuerdos mencionados en el proyecto y le entregaron al presidente Cartes poder pleno para concertar estos compromisos sin fiscalización legislativa.
Sin embargo, lo que los contratos de los que habla el proyecto de ley de alianza público privada otorgan es la potestad de administrar un servicio que está a cargo del Estado a una persona jurídica distinta al Estado, aunque el Estado sea parte de ella (por ejemplo, ITAIPU es del Estado, pero es una persona jurídica distinta al Estado; o TABESA es de Horacio Cartes, pero es una persona jurídica distinta a Horacio Cartes).
Luego, lo que el proyecto de ley de alianza público privada establece es, a todos los efectos prácticos, la concesión (Del lat. concessĭo, -ōnis. 1.f. Acción y efecto de conceder. 2. f. Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos en una localidad o país distinto. 4. f. Der.Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”).
El diccionario es demasiado claro y sólo en los países con políticos muy serviles se pretende cambiar el significado de las cosas. En los países mínimamente serios, los contratos entre el Estado y el sector privado para otorgar la administración de servicios u obras públicas se denominan lógicamente “concesiones”: En Chile, la alianza público privada se regula mediante la “Ley de Concesiones de Obras Públicas” (DFL MOP 164/91); en Colombia el artículo 2 de la ley 1508/12 define que “Las concesiones de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80, de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación Público Privadas”; en Perú se denomina “Ley de Concesiones Eléctricas” (DL 25844/93/09); en Europa la Comisión Europea tiene una “Comunicación Interpretativa sobre Concesiones bajo las Leyes Comunitarias” (2000/C 121/02); etc., etc.
El grupo de senadores colorados que impuso el proyecto de ley de alianza público privada arguyendo que son contratos y no concesiones inventó nuevos significados para definir en idioma castellano (o inglés) el otorgamiento de la administración de servicios u obras. Estos nuevos significados no existen en el diccionario ni en ningún país serio del mundo.
Son iguales a Juan Bartolomé Ramirez inventando que los intereses particulares priman sobre el interés general para mantener en secreto las cuentas públicas.
Estos senadores colorados no son ignorantes. Ellos saben todo lo anterior, pero, por alguna razón, necesitan eliminar la vigilancia del Congreso sobre los contratos.
Ninguna mayoría del Congreso paraguayo está autorizada a imponer la renuncia del Congreso a la obligación que tiene de vigilar contratos de concesión ni puede otorgar al presidente la facultad de otorgarlos, pues se lo prohíbe expresamente el Artículo 3 de nuestra Constitución: “El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley”. Se lo prohíbe porque la concentración del poder conduce a la dictadura.
Con este proyecto de ley de alianza público privada el presidente Horacio Cartes se convertirá en pocos meses en la fuerza económica hegemónica del Paraguay y como el poder tiende a concentrarse, expandirse y corromper (“Carta al obispo Mandell Creighton” del 5 de abril de 1887, Lord Acton), más pronto que tarde estaremos sometidos a una versión paraguaya del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o, peor, de Hugo Chávez, donde los amigos del poder nos cobrarán los peajes y las tarifas que ellos quieran.

Artículo publicado en la edición del domingo 29 de setiembre de 2013 de La Nación (http://bit.ly/15Cxbzw)

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