Se oculta algo en Fuerzas Militares

Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com.py)

El viernes a la mañana el presidente Federico Franco ofreció su habitual conferencia de prensa quincenal, iniciativa muy correcta que el mandatario debería valorizar cada vez más con respuestas pertinentes que aclaren las dudas contenidas en cada pregunta.

Al llegar el turno de preguntar a la 9.70 AM, Carlos Gomez preguntó, sobre los cambios ocurridos en Fuerzas Militares, si o el relevo o la posterior reposición del general Mario Restituto González fue la decisión tomada con seriedad, pues no pueden haber sido serias ambas.

En efecto, una de las dos decisones fue evidentemente equivocada, o irresponsable, o ligera, o sometida a presiones; las dos decisiones no pudieron haber sido acertadas, responsables, fundadas o no sometidas a presiones. La idea de que ambas fueran correctas implica una contradicción lógica notable, ambas se excluyen mutuamente.

El presidente no respondió la pregunta. Y al no responder abrió muchas más dudas que aquellas que la motivaron, pues dio fundamento a la sospecha de que el comandante en Jefe quiere ocultar a la opinión pública lo que realmente está sucediendo en Fuerzas Militares.

Para que quede bien claro, ningún asunto que no sea relacionado a los dispositivos operativos de la defensa militar de la República puede ser secreto en Fuerzas Militares. En las democracias reales del mundo, los manejos administrativos y de recursos humanos de Fuerzas Militares son asuntos públicos, de interés público sobre los que la ciudadanía tiene derecho constitucional a estar informada y a intervenir.

Es decir, el comandante en Jefe no tiene atribución democrática alguna para ocultar o intentar ocultar asuntos administrativos o de recursos humanos de Fuerzas Militares porque su publicidad es un elemento central e insustituible en el mantenimiento del control civil sobre ellas.

La sospecha que el presidente Franco abonó con su silencio, la duda a la cual prestó fundamento, es que los cambios en Fuerzas Militares no los está resolviendo él, como es su deber indelegable hacer (Artículo 238 inciso 9 de nuestra Constitución), sino un grupo de generales.

Al respecto hay una declaración muy grave del comandante de Fuerzas Militares, general Miguel Ángel Christ, publicada en ABC de ayer, 20 de octubre (http://bit.ly/TFz821) que agrega elementos a la sospecha señalada: “El comandante de las Fuerzas Militares destaca que en uso de sus atribuciones legales presentó al presidente Franco las propuestas de nombramientos de oficiales en diferentes comandancias y direcciones militares y que los nombres surgieron de un consenso logrado en ‘una reunión previa de los comandantes de fuerzas singulares (Ejército, Armada y Aviación) y del Comando Logístico’. Señala que con esto queda claro que no hubo ‘injerencia de ningún sector o persona para las nominaciones’ y que además las designaciones realizadas son ‘cargos de confianza’”.

Es grave porque admite un proceso deliberativo (“los nombres surgieron de un consenso logrado en una reunión previa de los comandantes”), expresamente prohibido por nuestra Constitución (Artículo 173), y porque sugiere que los mandos militares “son cargos de confianza” suya.

Los comandantes de armas de Fuerzas Militares solamente pueden expresar legalmente sus opiniones personales con respecto a las mismas en dos circunstancias absolutamente regladas, una, a petición del Comandante en Jefe, dos, en el marco de reuniones de Estado Mayor.

Todo lo que se haga fuera de ese marco reglado, implica el riesgo de socavar el principio de autoridad y de plantear algún grado de autonomía militar, la cual es totalmente incompatible con la democracia.

El único que legítimamente, en una democracia, puede proveer cargos de confianza en Fuerzas Militares es el presidente de la República. Ningún comandante inferior a él tiene derecho a ningún cargo de confianza pues tal cosa perjudica de un modo evidente la capacidad del comandante en Jefe hacer cumplir sus decisiones a través de la cadena de mandos.

Cualquiera que lea el mencionado Artículo 238 inciso 9 de nuestra Constitución puede entender eso. Es muy notable que no lo entienda el general Christ.

Luego, tal vez sin quererlo, el general Christ admitió que tomó decisiones con respecto al general González sin la participación del primer mandatario y dando lugar a criterios que no le fueron proporcionados por Federico Franco.

Y el presidente, al revisar esa decisión del general Christ, confirmó que, efectivamente, al menos en lo referido al general González, la decisión se tomó sin su constitucionalmente obligatorio concurso.

Entonces cabe pensar que el presidente delegó lo que no puede constitucionalmente delegar o que el general Christ toma decisiones de un modo que no puede constitucionalmente usar.

Ninguna de estas posibilidades es aceptable en la democracia paraguaya.

El presidente fue despojado por nuestra Constitución del derecho de delegar el ejercicio directo y personal del mando en razón de la terrible experiencia histórica de la autonomía militar en nuestro país.

Está obligado a ocuparse personal y directamente del Comando en Jefe para evitar la tragedia de un ejército gobernando al país, como la que ocurrió entre 1936 y 1989, y no cumplir esa obligación constituye un flagrante mal desempeño del cargo de presidente de la República.

El comandante de Fuerzas Militares fue despojado por nuestra Constitución del derecho a arrogarse ni un centímetro, ni un milímetro, de la capacidad de deliberar por la misma razón: En Paraguay gobierna el pueblo, a través de los mecanismos constitucionales y los militares solamente son empleados contratados para obedecer sin más trámite en la tarea de defender la integridad de nuestra República.

Lamentablemente, al no responder la pregunta señalada al principio, el presidente Franco confirmó que sabe perfectamente todo lo hasta aquí explicado y que prefiere ocultar en esta cuestión lo que verdaderamente está ocurriendo.

No voy a especular sobre lo que el mandatario pretende ocultar. Creo que es su responsabilidad darlo a conocer porque mientras no lo haga, la opinión pública tendrá derecho a suponer lo que sea razonable suponer, por ejemplo que Lino Oviedo es quien maneja en realidad a Fuerzas Militares, como sugirió el señor  Francisco de Vargas.

No sé si eso es verdad. Sí sé que Federico Franco no tiene derecho a hacer negociaciones políticas usando a Fuerzas Militares y que si alguien lo está impulsando a algo como eso debe denunciarlo, no encubrirlo.


Publicado en la edición de La Nación del 21 de octubre de 2012
 

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