Enrique Vargas Peña (foto de cinabrio.over-blog.es)
La justificación genérica que los aliados de la izquierda violenta están ensayando tras el asesinato de numerosos policías en la zona de Curuguaty es que la violencia de los autodenominados “sin tierra” se origina en la existencia de tierras mal habidas.
El discurso de Sixto Pereira en el Senado, el pasado viernes 15, durante la sesión extraordinaria realizada para estudiar los mencionados asesinatos, resume la posición común de los aliados de la izquierda violenta, desde Lilian Soto hasta Gerardo Fogel, pasando por CODEHUPY y por algunos periodistas oficialistas.
El Partido Liberal Radical Auténtico, al menos el que está representado por su comunicado institucional, no se anima a tanto aunque claramente incluye en la “lucha social” a los asesinatos señalados al principio.
A mi modo de ver, el recurso de la violencia en un Estado de Derecho carece de cualquier justificación y justificar la violencia en un Estado de Derecho es una manera de destruirlo para sustituirlo por cualquier otra cosa.
Luego, lo que los aliados de la izquierda violenta deben aclararle a la ciudadanía es si ellos consideran que vivimos en un Estado de Derecho o no en Paraguay y, si no vivimos en un Estado de Derecho en nuestro país, si cómo definen al marco institucional que tenemos.
Por mi parte creo que existen algunos elementos objetivos, que creo que pocos se atreverían a discutir seriamente, que permiten sostener con fundamento que en nuestro Paraguay disfrutamos de un Estado de Derecho, esto es uno basado en el imperio de la ley y en la participación y en el consentimiento de los gobernados.
La participación y el consentimiento de los gobernados se prueba con la existencia de elecciones periódicas, regulares y no cuestionadas. El imperio de la ley se prueba con el funcionamiento regular y continuo de las instituciones administrativas, legislativas y judiciales.
Es muy cierto que nuestras instituciones tienen problemas, de hecho estamos inmersos en una gran discusión sobre nuestro sistema representativo, sobre nuestro aparato de justicia y sobre el gerenciamiento del gobierno.
Con mucho orgullo y sin ninguna modestia me creo uno de los críticos más constantes y más duros de esos problemas.
Pero no es menos cierto que esa gran discusión se realiza en un marco de plenas libertades y de participación irrestricta.
Consecuentemente, creo que los aliados de la izquierda violenta están mintiendo aviesamente al negar, desde el punto de vista fáctico, la existencia de un Estado de Derecho en nuestro país con el propósito de justificar el uso de la violencia.
Solicito enfáticamente a los aliados de la izquierda violenta que mencioné al principio que tengan la gentileza de rebatir lo que señalé antes sobre el Estado de Derecho, de modo que los paraguayos podamos ver claramente que hay un grupo de gente que no cree que vivamos en tal Estado de Derecho. Estaré atento a cualquier respuesta aunque espero que no sea un tiro o una bomba.
Si lo que yo digo es verdad y, por tanto, estamos gozando de un Estado de Derecho, reclamar cualquier derecho recurriendo a la violencia es simplemente parte del propósito de destruir ese Estado de Derecho.
Supongamos, pues, que hay tierras malhabidas, es decir, logradas mediante violaciones de las leyes que regían o rigen el acceso a la propiedad inmobiliaria.
El método para reclamarlas no es matar policías. El método para reclamarlas es el Código Civil a través de los tribunales.
Supongamos que los tribunales están corrompidos, y yo creo que hay corrupción en los tribunales. El método para cambiar la situación es ganar las elecciones. Creo que el triunfo de Fernando Lugo el 20 de abril de 2008 muestra que el método racional, ganar elecciones, es perfectamente posible en nuestro Paraguay.
Es decir, los caminos racionales establecidos por el Estado de Derecho están abiertos en nuestro país, son funcionales, operativos y eficaces y, por tanto, justificar el asesinato de policías con el argumento de que es apenas una consecuencia desafortunada pero previsible de la “lucha social” como sugirió el entonces todavía ministro del Interior Carlos Filizzola en su última conferencia de prensa en tal carácter indica que se pretende otra cosa con la excusa de las tierras “malhabidas” y no solucionar el problema.
Si lo que estoy diciendo es cierto, lo que pretenden la izquierda violenta y sus aliados no es solucionar el tema de las tierras “malhabidas”, sino destruir el Estado de Derecho.
Tengo mis propias convicciones acerca de por qué la izquierda violenta y sus aliados quieren destruir el Estado de Derecho: Lo quieren destruir porque no tienen pueblo, son esa pequeña minoría, consciente de ser minoría, que Lenin denominaba “vanguardia del proletariado” que pretende gobernar en nombre de los trabajadores pero sin los trabajadores.
Desde el viernes a la tarde los aliados de la izquierda violenta están justificando la violencia de todos los modos posibles y pretenden disculpar el asesinato de policías y minimizar el horror de los mismos.
Lo más grave de todo esto es que, a mi juicio, el principal aliado de la izquierda violenta es el gobierno que dirige Fernando Lugo, por las razones que ya expuse en el artículo que La Nación Digital me publicó ese mismo viernes 15, “Lugo es el responsable” (http://bit.ly/LPdCbe).
Con mucho gusto aceptaré reconocer que estoy equivocado en esto, si me explican qué se puede pensar del apoyo constante, público y manifiesto, que el gobierno ha prestado a los violentos invasores de propiedades.
Pero si lo que digo es cierto, entonces estamos en dramáticos problemas los paraguayos, porque quien tiene el comando supremo de las fuerzas pagadas por nosotros para defender el Estado de Derecho tiene un interés manifiesto en que esas fuerzas sean derrotadas por la izquierda violenta.
Reitero que pido por favor que me muestren que mis premisas son erradas o que mi razonamiento está equivocado.
Pero si no lo estoy, la continuidad de Fernando Lugo en la presidencia de la República es un peligro cierto e inminente para nuestras libertades y el Congreso Nacional debería, urgentemente, revocarle el mandato que Lugo no ha sabido honrar. Urgentemente.
Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del 17 de junio de 2012
