Enrique Vargas Peña (foto de inforsur.com)
El pasado viernes, 27 de abril, traté de hablar con los senadores que le impusieron al pueblo el pago de cincuenta millones de dólares (US$ 50.000.000) para pagar a personas falsamente denominadas “inscriptores”, para que la audiencia de la 9.70 AM pudiera escuchar por boca de los mismos en qué se basaron para actuar de ese modo.
El jueves 26, una amplia mayoría de senadores sancionó, a las apuradas y a las escondidas, esa ley por la que darán tan enorme cantidad de dinero. No publicaron la lista de asistentes, se negaron a votar nominalmente y trataron de votar sin presencia de la prensa, tan conscientes son de la indecencia de esa ley.
El proyecto de ley aprobado por el Senado habla de destinar salarios mínimos como para nueve mil (9.000) personas falsamente denominadas “inscriptores”, que se sumarán a los ocho mil (8.000) que ya están en Justicia Electoral, para inscribir hasta diciembre a doscientos cincuenta mil ciudadanos en el Registro Cívico.
Publiqué dos artículos sobre este proyecto en los que se detalla la genealogía del mismo y sus mentiras, “La democracia es cara” () y “Políticos sin vergüenza” ().
El diario ABC reconstruyó la lista de presentes, por lo que ahora sabemos, a pesar de que intentaron esconderse, que votaron por esa ley los liberales Oscar Denis, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Zulma Gómez, Ramón Gómez Verlangieri, Iris Rocío González, Amancio López, Alfredo Jaeggli y Luis Alberto Wagner; los colorados Gregorio Areco, Rogelio Benítez, Víctor Bernal, Jorge Céspedes, Juan Carlos Galaverna, Oscar González Daher, Juan Darío Monges, Alfredo Stroessner, Julio César Velázquez y Lucio Vergara; los oviedistas José Manuel Bóveda, Roger Caballero, Mario Cano Yegros, Herminio Chena, Enrique González Quintana, Clarissa Marín, Jorge Oviedo Matto y Lino César Oviedo; los de País Solidario Alberto Grillón y Samuel García y el de Tekojojá Sixto Pereira.
Me contestaron las llamadas Gregorio Areco (ANR) y Oscar Denis (PLRA). El día anterior, jueves, me había contestado ya Ramón Gómez Verlangieri (PLRA).
Gregorio intentó mentir, diciendo que lo aprobado era para pagar la compra de elementos necesarios para el funcionamiento de la justicia electoral con las innovaciones introducidas últimamente (desbloqueo y voto en el exterior), pero desistió pronto al notar, seguramente, que yo tenía frente a mí el proyecto que habían aprobado, que habla casi exclusivamente de jornales, pasajes y viáticos.
Areco y Gómez Verlangieri admitieron finalmente lo que todo el mundo sabe, que votaron así para el pago de operadores políticos, para financiar el funcionamiento de las estructuras electorales de sus partidos.
Pero Oscar Denis intentó mantenerse en la mentira.
Sostuvo que los salarios, aprobados para los falsamente denominados “inscriptores”, son para inscribir a un millón de paraguayos.
Le pregunté si había leído el proyecto que aprobó y me dijo que sí. Entonces le pregunté cómo, si había leído el proyecto, estaba hablando de un millón de inscriptos cuando en las planillas que justifican el presupuesto del proyecto se habla solamente de doscientos cincuenta mil inscriptos hasta diciembre.
En ese momento le dije que estaba mintiendo. Se lo dije porque mintió al decir que había leído el proyecto o mintió al cambiar las cifras de inscriptos con que se justificó el proyecto.
Me dijo que si lo iba a tratar de mentiroso no seguiría la conversación y que me volvería a atender cuando yo fuera más objetivo.
Y mientras yo empezaba a leerle el texto de las planillas de presupuesto del proyecto, que hablan de doscientos cincuenta mil inscriptos, para que sepa por qué le había dicho que estaba mintiendo, me cortó el teléfono.
No cuestiono el derecho de político alguno a cortarme el teléfono. Pero si lo hacen, tengo derecho a pensar que cortaron porque se quedaron sin argumentos: En efecto, la lectura de las planillas de presupuesto del proyecto muestra que Oscar Denis mintió al decir que leyó el proyecto o que mintió al hablar de un millón de inscriptos; cuando quedó en evidencia, prefirió cortar.
Tengo entendido –me lo contaron vía Facebook- que la senadora Blanca Fonseca (PLRA) le dijo a Carlos Peralta, en radio Primero de Marzo, que “no me arrepiento haber votado el Presupuesto de la Justicia Electoral, porque…los funcionarios…trabajan como negros (sic)…no tienen horario ni día para defender la democracia y ni siquiera ganan sueldo mínimo”.
Si los funcionarios de Justicia Electoral no ganan salario mínimo, entonces quiere decir que con la ley sancionada el jueves contratarán a mucho más que nueve mil (9.000) personas.
Pero supongamos que contratarán solamente a nueve mil (9.000). Se sumarían a los ocho mil (8.000) que ya están en Justicia Electoral, totalizando diecisiete mil (17.000) personas para inscribir a doscientos cincuenta mil ciudadanos (250.000) hasta diciembre.
Esto da que cada “inscriptor” deberá inscribir a dos (2) personas por mes: Dos (2) por (x) diecisiete mil (17.000) es igual (=) a treinta y cuatro mil (34.000) por mes. Y desde mayo hasta diciembre hay ocho meses (8), por lo que ocho (8) por (x) treinta y cuatro mil (34.000) es igual (=) a doscientos setenta y dos mil (272.000) inscriptos.
Blanca Fonseca y los senadores que votaron con ella, pretenden que creamos que inscribir a dos (2) personas por mes es “trabajar como negros” (sic).
Supongamos aún que la cifra que quiso hacernos creer Oscar Denis es la correcta y que esos diecisiete mil (17.000) “inscriptores” deben inscribir un millón (1.000.000) de ciudadanos, tendríamos que cada uno debería inscribir a ocho (8) ciudadanos por mes: Ocho (8) ciudadanos por (x) diecisiete mil (17.000) “inscriptores” es igual (=) a ciento treinta y seis mil (136.000) inscriptos por mes y ciento treinta y seis mil (136.000) inscriptos por mes por (x) ocho (8) meses es igual (=) a un millón ochenta y ocho mil (1.088.000) inscriptos hasta diciembre.
Se observa pues que si la cifra que quiso hacernos creer Oscar Denis es la correcta, cada “inscriptor” debería inscribir a cuatro (4) ciudadanos por semana, menos de uno (1) por día. Eso es para la senadora Blanca Fonseca “trabajar como negro” (sic).
Como se ve fácilmente, la “inscripción” que los políticos que sancionaron con la ley en cuestión es solamente una excusa y lo que nos están obligando a pagar en realidad es a operadores políticos que dedicarán la mayor parte del tiempo de sus “contratos” en Justicia Electoral a operar para la reelección de los senadores y diputados que votaron por esa ley.
Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 29 de abril de 2012
