Autor:Enrique Vargas Peña

Contra el pueblo, para seis empresarios

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Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com)

Durante la mañana de hoy, viernes 18 de mayo, conversé con el líder de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el Senado, Miguel Ángel González Erico, consultándole sobre qué posición tomarían ante las modificaciones realizadas a la ley 3850 (de la inspección técnica vehicular) por una mayoría de cuarenta y seis diputados ayer jueves.

Más de un millón de familias paraguayas poseen vehículos automotores. La ley 3850 fue proyectada por los senadores liberales Luis Alberto Wagner y Oscar Denis sin considerar a esa enorme cantidad de gente y, en cambio, teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de seis empresarios que ambicionan cobrar a los poseedores de vehículos el servicio de una inspección técnica.

Como los talleres requeridos para cobrar ese servicio exigían una inversión de entre quinientos y setecientos mil dólares cada uno, la rentabilidad de que esos empresarios necesitaban para ganar dinero con su inversión no les permitía instalar más de diecinueve talleres.

Por lo tanto, los senadores Wagner y Denis les hicieron una ley a la medida, que les asegurara la rentabilidad, aunque sacrificara los derechos de más de un millón de familias paraguayas poseedoras de vehículos automotores.

Por supuesto, la implementación de la 3850 causó una fuerte indignación popular y los miembros del Congreso se vieron obligados a buscar una salida decorosa para ellos.

Pero el resultado de las modificaciones realizadas en jueves a la 3850 es que se mantiene todo como estaba: La inspección técnica vehicular no se hará localmente, como desea nuestra Constitución, sino que seguirá siendo nacional.

Dice el Artículo 166 de nuestra Constitución que “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

La palabra “local” significa, según el Diccionario de la Real Academia “1. adj. Perteneciente o relativo al lugar…3. adj. Municipal o provincial, por oposición a generalo nacional”.

Y el Artículo 168 de nuestra Constitución establece que “Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley:…8. la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos…”

Me parece que es muy fácil entender que nuestra Constitución prescribe que las materias relativas a la circulación de vehículos deben atenderse de manera local “por oposición a general o nacional”.

La inspección técnica vehicular, que obviamente es una materia relativa a la circulación de vehículos, debe hacerse, según nuestra Constitución, localmente, no nacionalmente.

Esta disposición constitucional no es arbitraria. No está de adorno, no es superflua; es la que otorga sustancia a la descentralización de la que habla su Artículo 1. Los paraguayos resolvimos, en 1992, que queremos que las cosas que nos afectan más directamente en nuestra vida diaria sean atendidas y resueltas cerca nuestro, muy cerca, en las comunidades en las que vivimos, en nuestros municipios.

La ley 3850 es inconstitucional por varias razones, pero principalmente por esa, porque viola el Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución al establecer una inspección técnica vehicular de carácter nacional, por definición opuesto al carácter local que debe tener.

Las modificaciones aprobadas por los cuarenta y seis diputados ayer mantienen la violación del Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución, aunque intentan disimularla, introduciendo como organismo de control de la ley a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), como si con eso pudiera compensarse la pérdida del carácter local que sufren con dichas modificaciones las materias relativas a la circulación de vehículos.

El sofisma es evidente cuando se observa que la OPACI es un organismo central, distinto de los municipios locales, aunque integrado por ellos.

Los cuarenta y seis diputados que pretenden así engañar a más de un millón de familias paraguayas propietarias de vehículos automotores para beneficiar a seis empresarios son los siguientes: Agustín Florentín, Ariel Oviedo, Blas Lanzoni, Clemente Barrios, Daniel Fleitas, Eladio Gómez, Engelberto Ayala, Fernando Oreggioni, Hugo Capurro, Jorge Baruja, Juan Denis, Luis Sarubbi, Modesto Salinas, Oscar Escobar, Perla A. de Vázquez, Wilson Dávalos, Andrés Giménez, Atilio Penayo, Carlos Paoli, César Garcete, Edgar Ortiz, Elva Martínez, Eulalio Morel, Gustavo Mussi, Héctor David Ocampos, Jorge González, Julio Mineur, Magdaleno Silva,  Nardi Gómez, Oscar González, Salustiano Salinas, Andrés Retamozo , Blas Vera Bejarano, Celso Maldonado, César López, Edgar Venialgo, Elvis Balbuena, Fabiola Oviedo, Herminio Dávalos, Jorge Avalos, José López Chávez, Luis Neuman, Ramonita Mendoza, Nelson Segovia, Pedro González y Víctor Bogado.

A pesar de que estos cuarenta y seis diputados pretenden perjudicar literalmente a millones de paraguayos para obligarlos a convertir en multimillonarios a seis empresarios dueños de talleres de inspección técnica vehicular, a pesar de que persisten en violar nuestra Constitución para beneficiar a dichos empresarios y a pesar de que el tema ocupa la atención de cientos de miles de ciudadanos preocupados, el líder de la bancada liberal en el Senado no estudió aún el tema y no sabe mucho de él.

El senador González Erico dijo que ya tendrá tiempo de estudiar el asunto cuando el proyecto de los cuarenta y seis diputados llegue a la Cámara Alta y pase a estudio de comisiones.

Lo cual confirma que los problemas reales de la gente real no son prioritarios para el senador, ni para la bancada de senadores del PLRA, que prefiere esperar, aún cuando el pueblo no pueda hacerlo.

Lo cual no sorprende, considerando que fueron liberales los senadores que regalaron la ley 3850 a los seis empresarios que se beneficiarán de ella o de su versión modificada.

Material enviado el viernes 18 de mayo a La Nación para su publicación en la edición digital

El FMI y el IRP

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Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Lisandro Abrego, concluyó, creo que el viernes, su evaluación de la situación económica de nuestro país, recomendando principal, aunque no únicamente, la implementación del impuesto a la renta personal (IRP) y el aumento de la presión tributaria.

En palabras simples, el FMI quiere que los paraguayos paguemos más impuestos para que el Estado disponga de recursos.

Para entender adecuadamente las recetas del señor Abrego, es necesario no olvidar que el FMI es básicamente un banco; que el negocio de los bancos es prestar dinero y que el negocio de prestar dinero requiere que quien presta se asegure que quien recibe el dinero pueda devolverlo.

El FMI no es malo ni bueno. Es simplemente un tipo de banco. No está para regalar dinero y cuando lo presta toma los recaudos que cualquiera en su lugar tomaría.

El caso de Grecia lo ejemplifica muy didácticamente.

Grecia, o mejor, los políticos que gobernaron Grecia durante los últimos veinte años, construyeron con gastos prebendarios uno de los mayores déficits fiscales del planeta y hace dos años se encontraron con que ya no podían financiarlo. Gastaron mucho más de lo que podían.

En situación de quiebra, esos políticos pidieron préstamos para pagar la deuda y en ese momento recurrieron al FMI, junto con la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE), que formaron lo que los griegos denominan “la troika” (literalmente trineo de tres tiradores, literariamente triunvirato) que envió a los políticos de Atenas un “memorándum”.

Así se conoce, bajo el nombre de “memorándum”, el pliego de condiciones que la troika impone al gobierno griego para prestarle el dinero que necesita para refinanciar su deuda.

Al FMI le interesa recuperar el dinero que va a prestar y, por tanto, su objetivo en una operación de salvataje como la que se está ensayando en Grecia, es asegurarse de que los políticos griegos pondrán a su disposición los recursos requeridos.

El FMI no fue a Grecia. Los políticos griegos fueron al FMI.

Las condiciones que el FMI impuso para prestar a los políticos griegos fueron simples y lógicas: Si quieren dinero del FMI tienen que asegurar el retorno y para ello deben elevar la presión tributaria todo lo que sea necesario para ese fin concreto.

Así, para obtener el dinero para pagar los gastos en que ellos incurrieron, los políticos griegos elevaron todos los impuestos en un promedio del quince por ciento, se incrementó además el impuesto al valor agregado (IVA) a la construcción de viviendas, las pensiones de la seguridad social fueron reducidas hasta un catorce por ciento, se estableció un impuesto de emergencia al consumo de electricidad, entre otras cosas.

El FMI no tiene por qué mirar la manera en que los políticos obtienen los recursos que necesitan para devolver los préstamos y, de hecho, no lo hace. Lo único que hace es exigir que el dinero le sea devuelto.

En síntesis, los políticos griegos hacen pagar sus cuentas al pueblo y, si son hábiles, le echarán la culpa al FMI. Esto es lo que harán también aquí  cuando llegue el momento, pues no se puede esperar originalidad de nuestros políticos.

En nuestro país está ocurriendo la misma cosa que en Grecia. Exactamente la misma cosa. Nuestros políticos liberales, colorados, oviedistas y luguistas están montando un déficit fiscal descomunal para sostener sus gastos prebendarios y para financiarlos quieren que nosotros, el pueblo, paguemos más impuestos.

Los datos del presupuesto está allí para cualquiera que desee mirarlos, son datos objetivos, son hechos: La mayor parte de los ingresos tributarios se destina al gasto corriente (jornales para recomendados de los políticos en todas y cada una de las reparticiones públicas y recursos para que tengan luz, agua, teléfono, Internet y transporte mientras sean funcionarios) y muy poco queda para la inversión.

Incluso los llamados programas “sociales” están compuestos en su mayor parte por jornales para recomendados políticos.

Por eso no tenemos dinero para construir una simple línea de 522 Kv para nuestro propio uso, tampoco lo tenemos para dar agua corriente al sesenta por ciento de nuestros compatriotas que no la tienen, tampoco lo tenemos para darles desagües cloacales (ochenta y cinco por ciento de los paraguayos no lo tienen), ni desagües pluviales, ni nuevas rutas, ni mantenimiento de las viejas, ni escuelas, ni medicamentos.

Nuestros políticos liberales, colorados, oviedistas y luguistas creen, todos, que el Estado es una “bolsa de trabajo” y no un prestador de servicios. Son iguales o peores que los políticos que arruinaron a Grecia. Creo que son peores.

El ministro Dionisio Borda se encuentra en figurillas este año para solventar los dispendios de los políticos y su obligación, como director de la Hacienda Pública, es asegurarse de tener a disposición líneas de crédito que le permitirán, eventualmente, financiar el déficit.

Su insistencia con el IRP tiene, como principal objetivo, lograr que los paraguayos paguemos dos mil quinientos millones de dólares más que ahora en impuestos (vía IVA), según me explicó el diputado Cándido Aguilera (el pasado 19 de marzo), quien trabaja muy bien relacionado con Borda y es autor de la ley de entrada en vigencia inmediata de ese impuesto ().

Para lograr apoyo público para esto, los políticos y el ministro Borda le dijeron al país que lo recaudado vía IRP no sería usado en gastos corrientes. Mintieron como pocas veces en nuestra historia.

Lo recaudado directamente por el IRP es apenas el cuatro por ciento del total de recaudado por la implementación de ese impuesto (que será vía IVA) y sobre el noventa y seis por ciento restante, ni los políticos, ni Borda, se comprometieron a usarlo en inversiones.

Y cuando el diputado Sebastián Acha propuso, en la sesión del 3 de mayo que aprobó la puesta en vigencia del IRP en la Cámara Baja, que todo lo recaudado mediante la implementación del IRP (dos mil quinientos millones de dólares via IVA) sea destinado a inversiones, los políticos le votaron estruendosamente en contra.

En fin, el señor Abrego del FMI no tiene por qué meterse en esto, él recomienda simplemente que los políticos le tengan esos millones de dólares listos en caso de que su organismo deba prestarnos el dinero.

Artículo publicado en la edición impresa de La Nación el 13 de mayo de 2012.

El idioma de los piedrazos

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Enrique Vargas Peña (foto de wordpress.com)

En las facultades de periodismo enseñan que lo que yo debí haber hecho el viernes a las 23:40 horas, cuando pasaba por la plaza Uruguaya y vi que la estaban invadiendo algunos “hermanos originarios”, era estacionar mi camioneta, fotografiar o filmar los hechos, entrevistar a los protagonistas e irme a publicar lo obtenido.

Como nunca cursé estudios en una facultad de periodismo, nada de eso hice. Al ver que los “originarios” estaban invadiendo la plaza, validos de una gran superioridad numérica sobre los pocos policías que custodiaban la propiedad del pueblo, traté de impedir la ocupación del espacio público: Le dije a los policías que llamaran refuerzos, increpé en muy alta voz a los invasores, me detuve a anotar el número de chapa del camión del que estaban descendiendo.

Me comentaron que en Telefuturo presentaron mi conducta como una provocación. O sea, para no “provocar” a los “hermanos originarios” debemos aceptar resignadamente sus desmanes.

Como premio a mi falta de neutralidad periodística, los “hermanos originarios” me rompieron el vidrio trasero de la camioneta.

Más lejos que nunca de la neutralidad periodística, bajé de mi auto roto, presa de una furia incontenible, y les grité todo el léxico de groserías que me vino a la cabeza.

Yo gritaba, ellos estaban armados con palos y piedras. Por cierto, para que no haya dudas, no lo hice por valiente, sino por rabioso.

Nunca intenté ocultar que soy grosero, muy grosero, “calentón”; ni que estoy lejos de ser un mojigato comedido conformista a la busca de ajustarme al manual.

El jefe del grupo, un señor de quepis blanco, me devolvió los gritos diciéndome, como insulto, que yo soy rico y, como justificación, que ellos son paraguayos “originarios”.

No niego que me gustaría mucho ser rico. Pero la camioneta que los “originarios” me rompieron es el primer auto que tengo en la vida, todos los que tuve antes, charatas desvencijadas, me los prestó mi familia. La estoy pagando en cuotas que importan un buen porcentaje de mi salario.

Como cualquier hijo de vecino, soy asalariado. Tal vez notorio, pero asalariado.

Hace cincuenta y un años yo también nací en Asunción del Paraguay y, aunque tuve oportunidades, jamás cruzó por mi mente la idea de irme de mi país o buscar un pasaporte de la Unión Europea.

Mis padres y todos mis abuelos son paraguayos. Mis dos abuelos varones combatieron por mantener el Chaco bajo bandera paraguaya. Estoy harto, harto, harto de que los “originarios” pretendan ser más paraguayos que yo. No lo son. No les acepto su discurso fascista de la pureza de la raza.

No defiendo la plaza Uruguaya de las ocupaciones por ser bueno ni heroico. La defiendo porque es mi barrio, vivo en el centro histórico de la ciudad y los “hermanos originarios” llevan años tratando de destruirla, llevan años tratando de privatizarla para su beneficio particular y por eso defiendo la plaza Uruguaya desde hace años.

Por eso, cuando vi que la estaban ocupando por enésima vez, les increpé, claro que si, sin neutralidad periodística alguna. No soy neutral, no quiero serlo, no me interesa la neutralidad.

Solamente quiero que la plaza sea plaza y no campamento de “hermanos originarios”. Es mi derecho.

Y por tratar de que la plaza sea plaza, recibí piedrazos, el idioma que los bárbaros prefieren. El idioma que los partidarios de la pureza de la raza usan siempre, desde Hitler hasta hoy.

Lucio Ruiz Díaz y Guillermo Grance de Canal 13 dijeron ayer que me extralimité: Yo recibí el piedrazo, mi auto fue el dañado, pero según ellos yo fui quien se extralimitó. Esta debe ser la neutralidad periodística que enseñan en las facultades.

El señor de quepis blanco que lideraba el grupo recibió, en el curso de la “conversación” que estábamos teniendo, una llamada a su celular.

Le grité que le diga a la Policía a quién le estaba rindiendo cuentas del operativo que a esas alturas ya había fracasado. Como siguió hablando sin darme satisfacción me acerqué más, por si no había oído mis gritos, por lo que pude escuchar el nombre de Panta Piris, invasor consuetudinario e impune de la plaza Uruguaya.

Le pedí que le enviara saludos de mi parte a Panta Piris, cosa que el señor de quepis blanco hizo, y después le pedí que le dijera que quería que me pagara el vidrio roto.

Fue ahí cuando escuché que el señor de quepis blanco le explicaba a su interlocutor telefónico algo como que “el gobernador había arreglado”, por lo que presumí, muy fuera control, que hablaba de José “Paková” Ledesma, habitual soporte de invasores.

Más tranquilo ya, no puedo asegurar que “Paková” tenga algo que ver, pero no me extrañaría.

La invasión recurrente de la plaza Uruguaya y su destrucción reiterada es el idioma de un grupo de gente que pretende establecer la fuerza como sistema de relacionamiento social en nuestro país, los piedrazos son su discurso más elocuente.

Pretenden establecer la fuerza como sistema de relacionamiento porque las minorías militantes no tienen otra manera de acceder al poder, el único instrumento que otorga poder a las minorías es la fuerza, y los piedrazos son un argumento muy contundente, por cierto, pues tienen la consecuencia de hacer callar a los interlocutores.

Todo esto decorado, por supuesto, con excusas para la impunidad tales como que los pobres tienen derecho a violar la ley para reclamar sus derechos y que los que no están de acuerdo con tal excusa son ricos desalmados e insensibles o, peor, esclavos de los ricos desalmados e insensibles.

El método les ha dado buenos resultados hasta ahora, pues usan la fuerza impunemente cada vez más para alcanzar los objetivos que buscan.

Por oponerme a eso, yo me extralimito, según algunos profesores de periodismo a los que les adelanto que voy a seguir oponiéndome, con todo el auxilio de la razón que pueda encontrar, al plan que tienen de reducir el debate público paraguayo a las invasiones nocturnas, muy bien planeadas para eludir la vigilancia policial, y a las pedradas.

Y que si los vuelvo a ver tratando de invadir la plaza, voy a volver a anotar los números de chapa de los camiones que los transportan, aunque se enojen Telefuturo o Canal 13.
Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 06 de mayo de 2012.