Yoyito se toma tiempo para pensar

Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com.py)

Leí una nota que los compañeros del diario ABC le hicieron a Julio César Yoyito Franco () sobre el tema del presupuesto para operadores políticos, en la que señala que él y una buena parte de sus correligionarios liberales en el Senado se van a tomar el tiempo para pensar qué votar con respecto a ese presupuesto.

Todo indica que el Senado tratará el jueves próximo, 31 de mayo de 2012, el veto del Poder Ejecutivo al dinero para operadores políticos. Si los senadores aprueban el veto, los operadores se quedan sin dinero; si los senadores rechazan el veto, los paraguayos tendremos que pagar impuestos para financiar a esos operadores.

La Cámara de Diputados rechazó el veto el pasado jueves 24 de mayo.

En la nota mencionada al principio, el senador Franco minimiza la importancia de la movilización ciudadana del pasado viernes 25 de mayo diciendo que “Fue un acto multi causal, allí estuvieron gentes que tienen sus cuestionamientos a la Corte; gente que quieren el desbloqueo de listas y contra de la decisión de Diputados”.

Hay que reconocer que el senador Franco es un político muy hábil, capaz de torcer cualquier argumento para obtener beneficios, pues es verdad que hubo gente en la movilización que habló del desbloqueo y de la renovación de la Corte.

Pero el senador Franco, que señala eso para intentar hacer creer que no todos los que estábamos en la plaza concurrimos para protestar contra el presupuesto para los operadores, olvida que la convocatoria al “after office revolucionario” sí se realizó para repudiar el presupuesto para los operadores y que todos y cada uno de los cuarenta y seis diputados que votaron a favor del mismo fueron repudiados personalmente, tras ser personalmente identificados.

En ese repudio personalizado, no hubo la “multi causalidad” que arguye en senador Franco.

Sí se habló del desbloqueo, por supuesto, porque es mediante las listas sábana que defienden los politicastros (“politicastro. 1. m. despect. Político inhábil, rastrero, mal intencionado, que actúa con fines y medios turbios”) que está en el Congreso la mayoría de los cuarenta y seis diputados que votaron a favor de obligarnos a pagar a sus operadores, convirtiendo al Estado paraguayo en una bolsa de empleos para recomendados () ().

Todo el mundo sabe que ningún policastro podría haber llegado al Congreso, para deshonrarlo, sin listas sábana y sin operadores políticos. La familia Franco lo sabe mejor que nadie.

Y sí, también se habló de la Justicia, porque todo el mundo sabe que los politicastros promueven jueces a la medida, mediante el cuoteo, para proteger sus negocios y asegurar con el dinero que proviene de dichos negocios los aportes que hacen a los caciques para integrar las listas sábana.

La corrupción de nuestra justicia está total e íntimamente relacionada con las listas sábana y con los operadores políticos. Esa corrupción es parte del mismo sistema y Yoyito Franco lo sabe muy bien.

No hubo, pues, en la movilización del viernes 25, la “multi causalidad” que pretende esgrimir el senador Franco para minimizar la magnitud del disgusto ciudadano.

El senador Franco dijo lo que dijo porque pretende hacer creer que los que estamos hartos somos pocos y pretende hacerlo creer porque quiere continuar con el sistema. Él es una de las estrellas del sistema y sus años de protagonismo muestran que se siente muy cómodo en el sistema.

Reconozco que los que estamos hartos de los politicastros estamos desorganizados. Pero eso no disminuye la magnitud del disgusto ciudadano, aunque es una ventaja que tienen los Franco y sus cómplices, pues ellos sí están muy bien organizados.

El senador Franco y otros senadores liberales necesitan tiempo para pensar si deben actuar a favor del pueblo o en contra del pueblo. Yo creía que los senadores eran representantes del pueblo y, por tanto, creía que nada necesitaban pensar para estar siempre a favor del pueblo.

Votar por los ciento cincuenta mil millones para “inscriptores” es votar contra el pueblo, sin duda alguna.

Según cifras oficiales que me proporcionó Carlos María Ljubetich, en nota que le realicé el pasado miércoles 23 de mayo en la 9.70 AM, durante el año 2011 dichos “inscriptores” inscribieron a poco más de cuatrocientas mil personas.

Eran, según Ljubetich, unos ocho mil “inscriptores”. Son unas treinta y cuatro mil inscripciones por mes. Son cuatro inscripciones por mes por cada “inscriptor”. Cuatro inscripciones por mes, a diez minutos cada inscripción, son cuarenta minutos, minutos, de trabajo de inscripción por mes durante el año 2011.

El mismo Carlos María también me dio las cifras oficiales de 2012, en la misma entrevista. Durante los cuatro primeros meses de 2012, unos ocho mil “inscriptores” hicieron setenta y cinco mil cuarenta y siete inscripciones. Son dieciocho mil setecientas sesenta y dos inscripciones por mes. Son dos, dos, inscripciones por mes por cada “inscriptor”. Dos inscripciones, a diez minutos cada inscripción, son veinte minutos, minutos, de trabajo de inscripción por mes durante 2012.

Es evidente pues que los “inscriptores” que trabajan entre veinte y cuarenta minutos por mes en inscripciones, dedicar el resto de sus jornadas mensuales a hacer otra cosa. Son operadores políticos.

Luego, sacar al pueblo ciento cincuenta mil millones de guaraníes para dárselos a operadores políticos que no trabajan para el pueblo es votar contra el pueblo, es un cobro injusto de impuestos para financiar el beneficio particular de los politicastros. No es otra cosa.

Es un robo puro y simple del dinero del pueblo para beneficio particular de los politicastros.

Yoyito Franco tiene que pensar cómo votar sobre eso. Yo, en cambio, no tengo duda alguna, no tengo que pensar: Jamás volveré a votar por ningún partido que proponga la candidatura de los Franco, ni de ningún politicastro que haya votado a favor de este robo.

Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del 27 de mayo de 2012

Ganarán los dipuchorros

Enrique Vargas Peña (foto de paraguay.com)

La convocatoria de ayer, viernes 25 de mayo de 2012, al “after office revolucionario”, articulada principalmente por Maxi Urbieta y Emilio García, generó un debate de la mayor importancia en nuestra sociedad, harta de dipuchorros y oportunistas de la política: ¿Este incipiente movimiento ciudadano debe o no integrar a políticos más decentes que los dipuchorros?

Hay algunos amigos que dicen que no, que no se debe permitir que esos políticos más decentes que los dipuchorros se sumen para que “no lleven agua a su molino”.

Les pido disculpas a los amigos que creen eso, pero lo que creen es una solemne estupidez y, lo que es mucho peor, es el camino seguro para que este incipiente movimiento ciudadano no pueda producir ningún resultado práctico.

Digo que es una estupidez (“estupidez. De estúpido y -ez. 1. f. Torpeza notable en comprender las cosas”) porque la democracia tiene una lógica concreta y los que creen que no se debe integrar a los políticos más decentes que los dipuchorros no consideran esa lógica concreta sino que viven en el ilusorio mundo del voluntarismo y de la retórica.

En la democracia, las decisiones, buenas o malas, se toman mediante votos. Las manifestaciones que sirven para canalizar el voto producen efecto y son importantes. Las manifestaciones que se agotan en los discursos retóricos para nada sirven, sino para agregar frustraciones.

Los que nos reunimos ayer en la plaza del Congreso queremos que los dipuchorros salgan del Congreso y para eso necesitamos que no sean reelectos.

Los 46 dipuchorros que el jueves 24 de mayo de 2012 votaron por otorgar ciento cincuenta mil millones de guaraníes a sus operadores partidarios lo hicieron para intentar asegurar su continuidad en el Congreso, buscando triunfar en las elecciones internas de sus partidos y luego ser reelectos en las elecciones generales del 21 de abril de 2013.

Los ciento cincuenta mil millones los usarán en unos nueve mil operadores cuyo trabajo real consiste en puntear los padrones de mesa para identificar a los electores que van a votar por cada dipuchorro o senachorro y, principalmente, para identificar a los electores que no van a votar por ellos.

Identificados los electores que van a votar y los que no van a votar, el trabajo de estos operadores es identificar el nivel socio-económico de esos electores y preparar, para el día de las elecciones (21 de abril de 2013), o el transporte para los electores amigos o la compra de cédula para los electores enemigos.

Eso no ocurre en los barrios medios o altos de Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, sino que ocurre en los barrios de nivel socio-económico bajo de las ciudades y en todo el resto del país.

Con el máximo respeto y con el mayor sentido de urgencia quiero decir que creo que muchos de los faisbukeros o twiteros que ayer estuvieron en la plaza del Congreso jamás en su vida vieron a un operador político ni se detuvieron a estudiar el trabajo que realmente hacen los operadores políticos. Y les quiero implorar que por favor estudien el tema y comprendan cómo es el enemigo, pues si no lo hacen jamás podrán derrotarlo.

Y el día de las elecciones, el grupo de operadores políticos que no está dedicado a buscar a electores amigos o a comprar las cédulas de los electores enemigos se sienta en las mesas electorales con credencial de autoridad de mesa, de autoridad electoral.

En síntesis, con los ciento cincuenta mil millones de guaraníes para operadores políticos los dipuchorros y los senachorros nos están obligando a nosotros a pagarles la reelección, pues frente a ellos nadie habrá en gran parte del país.

Para que frente a ellos haya alguien, y alguien con posibilidad de derrotarlos y de expulsarlos para siempre de la vida política, necesitamos imperiosamente de la alianza y el trabajo de los políticos más decentes que los dipuchorros y senachorros.

Ellos sí tienen ya equipos electorales en formación y ellos sí están preparando gente que se sentará en las mesas electorales el día de las elecciones para vigilar que nadie robe la voluntad del pueblo.

Pedirles que se vayan también ellos, ese grito estúpido “que se vayan todos” es simplemente no entender cómo funciona la democracia y es, sobre todo, asegurar la reelección de los dipuchorros y de los senachorros.

Es una solemne estupidez y si esta estupidez triunfa, la movilización de ayer en la plaza del Congreso para nada habrá servido, para nada.

Así que sí necesitamos a Mario Ferreiro, a Desiree Massi, a Sebastián Acha, sí necesitamos a Enrique Salim Buzarquis y sí necesitamos a Miguel Carrizosa, a Horacio Cartes, a Efraín Alegre, a Javier Zacarías, a todos los diputados y senadores que se oponen a esta vergüenza, en tanto expulsen de sus movimientos de los dipuchorros y senachorros (esa es la prueba que necesitamos).

Disculpenme, pero sin ellos, no tenemos organización alguna para hacer frente a la maquinaria perfecta, y pagada por nosotros, de los dipuchorros y senachorros.

Material enviado el sábado 26 de mayo a La Nación para su publicación en la edición digital

Estos partidos son el problema

Enrique Vargas Peña (foto Emilio Diaz/facebook.com/enriquevargaspena)

Tengo dos amigos en Facebook que publican en mi muro, al menos una vez al día cada uno, sendas fotos referidas a la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE): Las motos de UNACE, las ambulancias de UNACE, los servicios, en fin, que UNACE presta a sus afiliados.

Mis dos amigos suponen que, mostrando que UNACE atiende la necesidades de sus afiliados, exponen la diferencia entre la eficiencia de ese partido en usar el dinero de los aportes y de los subsidios en el bienestar de sus afiliados y la ineficiencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para hacer la misma cosa.

Y no se dan cuenta de que, en realidad, están exponiendo y confesando el carácter absolutamente prebendario de los tres mayores partidos políticos paraguayos, la misma UNACE, el PLRA y la ANR.

Los partidos políticos no pueden constituirse para ser farmacias, ni para operar ambulancias, ni para ser asociación de socorros mutuos, ni para prestar servicio de delivery porque si lo hacen se convierten en lo que estos tres grandes (por el tamaño nada más) partidos son actualmente: Agencias de empleo y auxilio.

Cuando los partidos políticos funcionan como farmacias o servicios de ambulancia, el Estado se convierte en su bolsa de trabajo, como claramente lo explicó el presidente del Congreso Jorge Oviedo Matto, perteneciente a UNACE, justamente () ().

UNACE, la ANR y el PLRA no son lo que nuestra Constitución exige que los partidos políticos sean, “…personas jurídicas…” (que) “deben…concurrir…a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos” –Artículo 124-.

La mayor parte de los grupos del Frente Guazú, especialmente el partido Tekojojá, está en lo mismo, como también de manera muy franca lo asumió Gerardo Rolón Posse ().

Las pruebas son muchas, son muy evidentes y fáciles de señalar.

Los partidos políticos mencionados no hacen conferencias programáticas regulares, no hacen congresos ideológicos periódicos, no tienen gabinetes “en la sombra” que estudien los desafíos del país por sector, no exponen sus posiciones sobre los grandes problemas nacionales, no usan sus amplias organizaciones de base para formar a nadie.

Ni siquiera tienen publicaciones dignas de ese nombre.

Pero eso sí, tienen dispensarios, tienen fondos “para atender a las necesidades de los correligionarios” y UNACE incluso tiene ambulancias y motos.

Tal vez lo más triste de todo esto sea que el origen de este sistema es el gobierno de Alfredo Stroessner, que convirtió a la ANR en prestador sustituto de servicios públicos para consolidar su base de sustentación social.

Es decir, los partidos mencionados, principalmente los tres mayores, son calcos de un mecanismo clásico del autoritarismo para fidelizar clientelas, completamente al margen de cualquier pensamiento político propiamente.

Los resultados están a la vista de cualquiera que desee mirar: No tenemos política energética, no tenemos política exterior, no tenemos política de defensa, no tenemos política económica, no tenemos política educativa, no tenemos política de salud, no tenemos política de desarrollo, no tenemos política social, da exactamente igual que el gobierno sea colorado, liberal o socialista, porque la mayoría de los partidos paraguayos prefiere salir a “afiliar” gente.

Algún político cínico y mentiroso podría atreverse a decirme que sí hay políticas. Le desafío a que le muestre a la opinión pública qué política, aunque sea una, aunque sea mínima, no es el resultado de la inercia (como por ejemplo la matriz presupuestaria) o de comités “ad-hoc” (para esto) que a veces logran reunirse (como por ejemplo la negociación de las compensaciones de Itaipú).

Esto explica por qué los colorados no saben si son nacionalistas, conservadores o socialistas; esto explica por qué los liberales no saben si son liberales, católicos o social-demócratas; esto explica por qué hay partidos en el Frente Guazú que no saben si son socialistas-reales, bolivarianos o eurocomunistas.

La cosa, para ellos es mandar y “después veremos qué hacer”.

Los costos de todo esto son enormes. Convertido el Estado en bolsa de trabajo, la prioridad del Presupuesto General de Gastos de la Nación es el empleo de los correligionarios, razón por la que un enorme porcentaje de los ingresos tributarios que nos cobran vía impuestos se destina al gasto corriente.

Los paraguayos somos obligados por los integrantes de estos partidos a pagar impuestos para financiar a sus recomendados. Para nada más. Ruego a cualquier político, por favor, que se anime a publicar los datos del presupuesto para desmentirme. Les suplico que me desmientan, por favor.

Por eso tenemos seis mil doscientas escuelas que no son tales, sino remedos de centros educativos, sin baños, sin aulas, sin campos deportivos, sin bibliotecas, sin Internet. Y sin almuerzos.

La famosa política de “una computadora por niño” es también el resultado de comités “ad-hoc” que cada día tienen que vencer los zarpazos con los que la burocracia prebendaria de los partidos trata de imponer contratos para los protegidos de los caciques de los partidos.

La mayor parte de los contratos del Estado se resuelve de esa manera y lo atestiguan las licitaciones amañadas, diseñadas para que ganen “los amigos”, cuestionadas por todos.

Los directorios, las juntas de gobierno, los comités centrales, las direcciones nacionales de los partidos jamás se reúnen para otra cosa que para negociar cupos o candidaturas, los instrumentos que necesitan para mantenerse en el marco que construyeron, las negociaciones entre ellas versan sobre lo mismo.

Los casos de la Corte Suprema, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura o los de las presidencias de las Cámaras Legislativas lo enseñan más allá de toda duda razonable.

No es extraño, pues, que nuestra administración de justicia se encuentre ocupada por nulidades que solamente saben a qué padrino político deben responder y que, por lo tanto, han convertido a la justicia paraguaya en un mercado repugnante.

No es verdad que los paraguayos necesitemos a estos partidos. Estos partidos son el problema que sufrimos, no son la solución. Tenemos que hacerlos desaparecer, como han hecho desaparecer a sus partidos prebendarios los griegos, los colombianos o los venezolanos.
Artículo publicado en la edición impresa del domingo 20 de mayo de 2012 del diario La Nación