Cartes amenazó en su discurso a intereses muy poderosos

Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com.py)

Un editorial del londinense “Financial Times”, publicado el pasado 14 de agosto dice que “MERCOSUR ha degenerado en un foro político. El último año Paraguay fue suspendido, formalmente en protesta por la abrupta destitución de su presidente. El propósito real, sin embargo, puede haber sido circunvalar la oposición paraguaya a la admisión de la socialista Venezuela. Para muchos, el bloque se convirtió en poco más que un grupo de retórica ‘anti gringa’.

Esa percepción mundial acerca de MERCOSUR es, a mi modo de ver, la base de la tranquila seguridad con la que el presidente Horacio Cartes confirmó en su discurso inaugural de ayer, pronunciado durante su toma de posesión de la Presidencia de la República, la línea que su administración seguirá con respecto al bloque regional, definida en su nota del pasado 12 de julio de 2013.

En efecto, reiteró el presidente Cartes, dirigiéndose en especial a las presidentas de Brasil y Argentina allí presentes, que nuestro país prefiere trabajar en unas muy buenas relaciones bilaterales con ambos vecinos, para sortear los puntos en los que no hay acuerdo.

Creo que el presidente no pudo decir de mejor manera lo que había que decir en materia de relaciones internacionales, relaciones que están llamadas a tener, al menos en la primera parte de la gestión de Horacio Cartes, un papel fundamental, prioritario, pues hacen referencia a nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas para el mejor desarrollo de nuestros intereses nacionales.

El discurso abordó con la misma solvencia, con el mismo apego al mandato recibido del pueblo el pasado 21 de abril, con la misma claridad, todos los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Citó, por ejemplo, al fundador de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Bernardino Caballero, para dejar en claro que la conformación eminentemente técnica y pluripartidaria de su gabinete es apenas el primer paso en sus esfuerzos por profesionalizar la función pública: “La Patria necesita a sus mejores hijos”, no habrá discriminaciones por razones políticas, dijo, como dirigiéndose a los retardatarios que abuchearon al ministro del Interior Francisco de Vargas.

En efecto, un país harto del prebendarismo político desalojó del poder al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero no para cambiar a prebendarios liberales por prebendarios colorados, sino para que no haya más prebendarismo, de ningún partido.

El presidente lamentó que los cientos de millones de dólares que los contribuyentes paraguayos han aportado para erradicar la pobreza no hayan llegado a los pobres no hayan servido para aliviar su situación.

Los que intenten apoderarse del dinero público, afirmó, no tendrán apoyo del presidente de la República, frase sencilla pero que rompe con la larga tradición de presidentes que hicieron cuanto pudieron para salvar a amigos corruptos.

Los anteriores gobiernos, efectivamente, destinaron millones de dólares a programas aparentemente destinados a aliviar la pobreza, pero lo que, en general, hemos visto los paraguayos es a los funcionarios públicos encargados de esos programas convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Si el discurso inaugural define la dirección que seguirá el presidente, los paraguayos podemos estar tranquilos de que hay esperanzas de corregir nuestros problemas y muy seguros de que Horacio Cartes enfrentará a enemigos muy poderosos, externos e internos, que intentarán impedir que haga lo que ayer confirmó que haría.
 
 

 

Artículo publicado el viernes 16 de agosto de 2013 en La Nación ()

 

 

Imponer el nuevo rumbo a la Policía

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

El día jueves 8 de agosto a la tarde un agente de la Policía Urbana Especializada (PUE) paró a Antonio Fuertes Arcondo para solicitarle su cédula de identidad, en las calles 15 de Agosto y Oliva de Asunción.

Fuertes Arcondo preguntó al agente policial si estaba haciendo algo indebido, a lo que el agente respondió que debía mostrarle su cédula. Como Fuertes insistió en preguntar si hacía algo indebido como para serle requerida la cédula, el agente policial llamó a refuerzos que apresaron a Fuertes y lo condujeron, esposado, a sede policial donde quedó privado de libertad desde las 14:30 horas hasta las 21:00 horas.

Los agentes policiales involucrados son Diosnel Morínigo, Jorge Fretes y Ramón Bareiro; el comandante de la PUE es Inocencio Machado.

El acta policial que informa sobre la situación dice que Fuertes Arcondo estaba en “actitud sospechosa”. Cuando el abogado Jorge Vasconcellos pidió a los agentes que definan la “actitud sospechosa”, dijeron que Fuertes Arcondo estaba “fumando en la vereda, con tatuajes en su brazo izquierdo y mal aspecto”, todo lo cual fue grabado por el Dr. Vasconcellos y difundido el viernes 9 de agosto en “Tarde de Perros” por la 9.70AM.

Es evidente que la PUE, en particular, y que la Policía Nacional, en general, nunca comprendieron, nunca entendieron y siguen sin respetar el Artículo 12 de nuestra Constitución, que dice “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.

La palabra “detener” viene del latín “detinēre” y significa, según el Diccionario de la Real Academia1. tr. Interrumpir algo, impedir que siga adelante. U. t. c. prnl.2. tr. Dicho de una autoridad: Prender a alguien. 3. prnl. Pararse, cesar en el movimiento o en la acción. 4. prnl. Pararse a considerar algo.

Luego, está constitucionalmente muy claro que la Policía no puede interrumpir nada, ni impedir que siga adelante, ni prender a nadie, ni parar ni hacer cesar movimiento o acción alguna sin que esté ocurriendo o esté por ocurrir una “flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.

La Constitución prohíbe a la Policía detener de cualquier modo a los ciudadanos que no estén incursos en la comisión de flagrante delito; no los puede detener ni una hora, ni un minuto, ni un segundo; no los puede detener para pedirles cédula, ni fósforo, ni saludo; simplemente la Constitución prohíbe a la Policía detener a los ciudadanos que no estén involucrados en la comisión flagrante de un delito.

No solamente se lo prohíbe claramente el Artículo 12 de nuestra Constitución, sino que también se lo prohíbe expresamente el Artículo 17, inciso 1 de nuestra Ley Suprema, que dice “En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia.

La Policía está constitucionalmente obligada, “en cualquier (proceso) del que pudiera derivarse pena o sanción” a presumir la inocencia del ciudadano. No puede constitucionalmente alegar la existencia de alguna indefinida “actitud sospechosa” pues esa alegación destruye la presunción de inocencia.

Por si en la Policía no lo saben, el Diccionario de la Real Academia explica que “presunción” es “1.f. Acción y efecto de presumir” y que “presumir” es “1. tr. Sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales para ello.

Es decir, cuando la Policía se cruza en la calle con algún ciudadano, salvo el mencionado caso de flagrancia, está obligada a juzgar que ese ciudadano es inocente, totalmente inocente, y no sospechoso.

Cualquier ley que diga otra cosa sería completamente inconstitucional y, desde luego, cuando le pregunté en la 9.70AM, a Inocencio Machado en qué ley se basaba para parar a los ciudadanos a pedirles la cédula no supo qué responderme.

Lo único que atinó a decirme es que gracias a las violaciones de los Artículos 12 y 17 de nuestra Constitución que comete a diario, la Policía puede dar con los ciudadanos sobre los que pesa alguna orden de captura (la orden de autoridad competente de la que habla el Artículo 12).

Machado confiesa así que la Policía no sigue ni investiga a las personas a las que los jueces les ordenan detener, sino que espera pasivamente que esas personas caigan por azar en los controles con los que ella viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. Si alguien sobre quien pesa orden de captura es hábil, jamás será detenido pues la Policía no lo investiga ni lo sigue, sino que prefiere violar genéricamente los derechos ciudadanos.

Es imperativo imponer a la Policía un nuevo rumbo, el de brindar seguridad respetando nuestra Constitución. Si sus jefes no saben cómo hacerlo, es necesario reemplazarlos por otros que al menos hagan el intento.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 11 de agosto de 2013 de La Nación ().

Yamil Esgaib impone sus creencias

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

El debate sobre el edicto con el que Yamil Esgaib, concejal de Asunción por el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR), pretende cerrar los locales gastronómicos y de diversión a partir de las dos de la mañana (excepto viernes y sábados, en que los cerraría a las cuatro) ha durado ya lo suficiente como para que sea evidente que Esgaib y sus cómplices no han querido presentar aún ni siquiera un (1) argumento serio para respaldar su iniciativa.

Los cómplices de Esgaib en el propósito de reprimir (“Del lat. reprimĕre; de re-y premĕre, oprimir.1. tr. Contener, refrenar, templar o moderar. U. t. c. prnl. 2. tr. Contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales”) son organizaciones cristianas como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (FEDAPAR).

No mostraron aún respaldo estadístico alguno que demuestre suficientemente que cerrar los locales gastronómicos y de diversión disminuya la comisión de hechos punibles de cualquier naturaleza. Cuando se le pidió hace unas semanas al ex intendente Enrique Riera, otro represor impenitente que impuso una medida similar por tres años, que mostrara cifras, terminó diciendo vaguedades y no mostró números.

No expusieron aún respaldo estadístico alguno estadístico alguno que muestre suficientemente algún tipo de relación entre las horas en que pretenden cerrar los locales y la comisión de hechos punibles de cualquier naturaleza. Llevamos semanas enteras pidiéndoles que den a conocer estos números, pero nada.

FEDAPAR fue con algunas estadísticas a las audiencias públicas sobre este edicto que apoya, pero con estadísticas amañadas y fraudulentas sobre su propia representatividad. Dijeron allí que FEDAPAR representaba a unas cincuenta mil personas (50.000) a favor de la represión.

El 4 de julio, Rolf Huber, vicepresidente de FEDAPAR, me tuvo que confesar en la 100.9 FM que mintieron, que en su asamblea hubo apenas sesenta y cinco (65) personas y que no preguntaron a ninguno de sus supuestos miembros si estaban o no de acuerdo con el edicto represivo.

Pero aunque Esgaib y sus cómplices presentaran alguna estadística sobre las cuestiones mencionadas, difícilmente podrían, sin agravar la total falta de seriedad con la que pretenden imponer este edicto represivo, mostrar alguna relación causal entre la comisión de hechos punibles de cualquier naturaleza y el funcionamiento de locales gastronómicos o de diversión.

En efecto, Esgaib y sus cómplices no mostraron aún respaldo estadístico alguno que permita establecer suficientemente algún tipo de relación causal entre el funcionamiento de los locales gastronómicos y de diversión a las madrugadas y la comisión de hechos punibles de cualquier naturaleza.

Egaib y sus cómplices no presentaron aún estadísticas pero supongamos que las tengan. Aún así, la comisión de hechos punibles en horarios de la madrugada es de absoluta e instransferible responsabilidad individual y personal de quienes los cometen y de nadie más.

El que vende alcohol a la madrugada no puede ser legalmente responsabilizado por los daños que cause el que lo bebe. Eso es lo que establecen los Artículos 9, 11 y 17 de nuestra Constitución de forma clara y terminante. Hay normas que el que bebe debe seguir (no conducir, no ocasionar disturbios, etc.) y si no las sigue no es a causa de quien vende alcohol, cuya responsabilidad es distinta (tener licencia, no venderle alcohol a menores, etc.), pero también personal e intransferible.

En síntesis, Esgaib y sus cómplices pretenden en realidad imponernos sus creencias sobre el sistema de responsabilidades penales: Ellos creen en los castigos genéricos, prohibidos por nuestra Constitución () ().

Nadie puede alegar sus creencias para impedir a otros el ejercicio de sus derechos. Las creencias de Yamil Esgaib y de sus cómplices cristianos son sólo eso, creencias que no valen más que las de aquellos a quienes pretenden reprimir.

Si las creencias de Yamil Esgaib y sus cómplices fueran más importantes que las de los demás paraguayos, estaríamos en un Estado confesional o ideológico, donde las creencias de alguno tienen carácter oficial, y las de los demás son de segunda categoría, lo cual también está prohibido por el Artículo 24 de nuestra Constitución.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 4 de agosto de 2013 de La Nación ().