Nuevo rumbo del tejú guazú: La muerte

Enrique Vargas Peña (foto de faunaparaguay.com)
La ministra del Ambiente (SEAM), María Cristina Morales, resolvió, a instancias del señor Luis Beconi (comerciante de pieles de tejú guazú) y otros, autorizar la matanza de doscientos diez mil ejemplares de esta especie de lagartos característicos de nuestro país, de los que Wikipedia refiere que tienen un nivel de inteligencia inusual para los lagartos y que buscan la atención de los humanos como hacen los perros y los gatos (). En www.faunaparaguay.com también se pueden leer las características del tejú guazú ().
El señor Beconi confirmó esta semana que pasó, en “Tarde de Perros” de radio 9.70 AM, que él fue uno de los impulsores de la resolución 632/14 de SEAM.
La ministra Morales se niega a hablar conmigo alegando que fui maleducado con ella al criticarle su desidia en el tema del lago Ypacaraí, pero la directora de Vida Silvestre de SEAM, Martha Motte (quién, según ABC ya había sido vinculada a tráfico ilegal de animales silvestres en 2003 -), me confirmó que para avalar la medida tomada a instancias de Beconi y sus colegas, SEAM recurrió a un estudio de campo sobre la población de tejús realizado como tesis por un estudiante norteamericano en 1993, Lee Fitzgerald ()  y a “su proyección estadística”, para sostener que autorizar la matanza de doscientos diez mil tejús no pone a la especie en peligro de extinción.
Marianella Velilla de Guyrá Paraguay (http://www.guyra.org.py) me confirmó que existe la presunción de que un período de cacería de tejús de una sola temporada no puede poner en peligro la supervivencia de la especie pero que, en efecto, el único estudio que avala la resolución 632/14 de SEAM es aquel estudio de 1993 con sus proyecciones.
La consulté sobre el caso de Botswana, África del Sur, cuya población de elefantes estuvo en declive constante (por la cacería de los comerciantes de marfil) hasta que en la década de los 80 del pasado siglo se iniciaron estudios serios, de campo, que permitieron tomar las medidas adecuadas para asegurar el crecimiento de esa población hasta niveles seguros, a lo que Marianella me contestó que “comprendía mi preocupación”.
El caso de Botswana con los elefantes es el que me permite decir que si las proyecciones de un estudio de campo, como el de 1993 sobre los tejús, no están periódicamente verificadas por otros estudios de campo, se corre el riesgo de poner en peligro la vida de la especie: En Botswana se mide, en forma periódica, la población de elefantes por kilómetro cuadrado en zonas reservadas para saber si las proyecciones de los estudios originarios mantienen o no su validez. SEAM no hizo eso, según me lo confirmó la misma directora Motte.
En síntesis, la ministra María Cristina Morales de SEAM autorizó la matanza de un número importante de ejemplares de una especie silvestre de nuestro país a instancias de intereses comerciales particulares y sin ningún estudio actualizado de la situación real de dicha especie en el territorio nacional.
Es decir, la ministra Morales pasó por alto su obligación legalmente establecida en el artículo 8 incisos d de la Ley 96 “De La Vida Silvestre”, que le obliga a Realizar y fomentar la investigación científica conducente a la utilización racional de la Vida Silvestre y establecer los centros de investigación que fueren necesarios”, y l, que le obliga a “Mantener y proponer las reglamentaciones del funcionamiento del sistema de protección y Conservación de la Vida Silvestre”.
La ministra Morales no pasó por alto sus obligaciones porque desconozca la ley. Dado que es obligación de todos conocer la ley, se presume que la ministra la conoce; ella no solamente tiene la obligación ciudadana de conocerla, sino que tiene especialmente la de funcionaria encargada de su aplicación. 
Luego, la desconoció deliberadamente para favorecer a intereses comerciales que necesitan la piel del tejú para el logro de sus actividades.
Si la ministra María Cristina Morales no es destituida por obrar de ese modo, tenemos derecho a pensar que cuenta con el aval del presidente Horacio Cartes para sacrificar la ley en beneficio de intereses particulares y tenemos derecho a pensar que el “nuevo rumbo” no es otra cosa que un plan para eso, para someter al país entero a los requerimientos de los hombres de negocios aunque ellos se opongan a las leyes.

Artículo publicado en la edición del domingo 9 de febrero de 2014 de La Nación ().

EL FEMINICIDIO NOS AVERGÜENZA A TODOS

No existe un motivo valedero para que los índices de feminicidio hayan trepado hasta estos escandalosos números con que actualmente padece nuestro país. Teóricamente nada lo puede justificar, sin embargo lo leemos todos los días en las primeras planas de los diarios o lo vemos en todos los noticieros. 

Algo así como que: “Cegado por los celos, y en total estado de ebriedad, Juan de los Palotes, presuntamente mató de varios disparos, a su esposa/concubina/amante, María Mengana, madre de siete hijos, todos menores de edad. 
Luego de varias horas de ardua búsqueda, fue encontrado en la casa de un pariente. El probable autor del feminicidio, según datos oficiosos, no recuerda nada del trágico hecho”. 
Paraguay no escapa de elementos comunes que caracterizan a esta región, en donde el feminicidio, la violación, el acoso sexual, los abortos forzados, las constantes palizas, la coacción física, el daño psicológico que las mujeres padecen, luego de cierto tiempo de constante terror.
No necesariamente tiene que ser el marido, el novio o el amante, ya que también, a veces, se detecta que un pariente cercano, cree estar lejos de toda sospecha. 
Esta plaga social que nos ataca despiadadamente y por ahora sin control, tiene en nuestro país números que realmente nos deberían dar mucha vergüenza. Por ejemplo, en los últimos cinco años, más del 50 % de las denuncias hechas, en las distintas comisarias de todo el país, eran por maltrato.
En el año 2003, la tasa de feminicidio en Paraguay era de 5 % de las muertes totales, pero en marzo de 2013, estas habían trepado a un 25 %. 
Entonces uno supone que endureciendo las penas de reclusión puede ser que incida en una drástica reducción de este tipo de casos, pero no es así. En el país vecino, Brasil, fue aprobada en el año 2006, una ley llamada María de Penha, que prácticamente duplicaba las sanciones por ese tipo de agresiones. 
Sin embargo y pese a todas las campañas emprendidas por el gobierno brasilero en este sentido, no ha mejorado casi nada su situación, según datos oficiales de septiembre de 2013. 
En marzo 2013, Bolivia promulgó una ley que castigaba este crimen con 30 años de prisión, y sin derecho a indulto ni reducción de pena por buen comportamiento. En Ecuador, donde actualmente se debate incluir dicho tema, en el nuevo Código Penal, ha sido debido a que seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica por su condición de género. 
Eso sin contar con que, cada semana, son asesinadas cuatro mujeres simplemente por tener dicha condición, de acuerdo con datos suministrados por la Organización de Naciones Unidas. 
Ante el desmesurado crecimiento de este tipo de casos en Argentina, el Congreso aprobó, en noviembre de 2012, una ley que pena con cadena perpetua por el crimen de feminicidio. 
En Venezuela, tras la sanción de una durísima ley, en el año 2007 que castigaba severamente esos crímenes, se redujeron drásticamente las cifras, en cuanto a la violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones. 
Sin embargo, entre 2009 y 2011, los feminicidios volvieron a los niveles de inicio de la década anterior, o sea que estamos hablando de 5.847 muertes violentas de mujeres por año, a razón de una cada 75 minutos. 
Es México, quien se lleva las palmas por ser el país hispanoamericano que peor trata a sus mujeres, y Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, la que tiene los índices más altos de feminicidio de todo el país. 
Esta tomó gran notoriedad, en la década del ´90, época dorada del cartel, cuando cientos de mujeres fueron asesinadas. Una ley sancionada en 2009 previene y castiga severamente el maltrato. A pesar de todo, 65 mujeres de cada 100, entre 15 y 25 años, han sufrido algún tipo de violencia o vejación, según datos oficiales. 
Existe un sub fenómeno dentro del mismo grave fenómeno. Resulta que el problema del feminicidio es realmente muy delicado pero para las mujeres indígenas el tema es mucho más serio todavía. 
Según los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), violencia contra las indígenas es muy alta. Eso se nota preferentemente en Ecuador, Perú, algunos bolsones de Centroamérica y México. 
Mientras tanto en Paraguay, el nivel de violencia de género ha adquirido niveles que realmente alarman y que ahora ya no es solo la esposa o la pareja, sino que incluso se extiende hacia hijas propias o adoptadas, llegando a violentar físicamente hasta la empleada doméstica.
Los últimos casos fatales, producidos en distintos puntos de nuestra geografía, han impactado notablemente sobre toda la sociedad paraguaya. 
Es verdad que existe una preocupación a nivel ministerial por los dos o tres feminicidios por semana, es por eso que uno siente cierto temor de encontrarse, a la mañana, con este tipo de siniestros titulares en el diario de la mañana o en el noticiero. 
Existen varios lugares para hacer las denuncias correspondientes, pero generalmente, estas se hacen cuando las cosas se salen realmente de cauce. O bien se las retiran porque existe algún tipo de reconciliación que durará no mucho más que un suspiro. 
Si bien es un tema muy delicado y bastante personal, los signos siempre se pueden anticipar y ante la primera manifestación de violencia, es mejor buscar otro rumbo. 
El Estado debería prestar más atención a este drama social, promoviendo refugios y créditos para las mujeres que se animen a tener una microempresa. 
Sin embargo se corre el mismo riesgo que otros tipos de campañas que también han fracasado. 
Como el caso de la limpieza de terrenos baldíos, en la lucha contra el dengue, o el uso del casco en los motociclistas, o la bebida cuando se conduce, o la contaminación de los cauces hídricos. 
Tirar basura en cualquier lado o disparar armas de fuego ante cualquier festejo, o respetar los pocos semáforos que funcionan, o echar a la calle nuestra mascota solo porque ha crecido y ya no es tan graciosa como antes. 
Desterrar esta plaga social, que tanto mancha la dignidad de nuestras mujeres es un deber de todo hombre bien nacido.

Reconstruyendo la dictadura

Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)
Mañana, 3 de febrero de 2014, los demócratas paraguayos celebramos el vigésimo quinto aniversario del derrocamiento de la larga dictadura inaugurada el 17 de febrero de 1936 y dirigida desde el 4 de mayo de 1954 por Alfredo Stroessner.
Estos veinticinco escasos años son el periodo más prolongado de libertad y democracia que hemos gozado los paraguayos desde el 14 y 15 de mayo de 1811 y, ciertamente, el más pleno de toda nuestra historia, pues permitió incluso la pacífica alternancia de partidos en la administración de la República, cosa que nunca antes había ocurrido.
Pero la fiesta está en peligro pues ominosos y negros nubarrones anuncian la nueva tormenta autoritaria que se cierne sobre nuestro país.
Nuestra propia historia registra las señales que ahora se repiten: Durante el anterior período democrático, el que fue desde 1922 hasta 1936, los actores políticos paraguayos fueron abandonando su compromiso con la democracia y fueron asumiendo, primero en el debate teórico y luego con acciones prácticas, diversos programas autoritarios.
Desde antes, y durante aquellos años de funcionamiento relativamente completo de nuestras instituciones democráticas, Juan E. O’Leary, Natalicio González, Gómez Freire Esteves y Justo Pastor Benítez (por citar a los más conocidos pero no únicos) se dedicaron a debilitar el sustento social del sistema democrático y a proponer alternativas autoritarias.
Deslegitimaron la democracia y la libertad y prestaron ideas autoritarias a hombres en posesión del poder fáctico de las Fuerzas Armadas y de los partidos tradicionales para reemplazar las instituciones constitucionales por otras en las que una supuesta élite autonombrada dirigiría nuestro país hacia el desarrollo a paso de marcha forzada.
Tuvieron éxito y su éxito fue total y completo: Edificaron cincuenta años de sólida dictadura.
Hoy asistimos a la repetición de esa Historia. Desde el Frente Guazú, el ex presidente Fernando Lugo propone como modelo político el sistema bolivariano, consistente en acumular todo el poder en el Ejecutivo y en limitar las facultades de la representación del pueblo, como consta en las nuevas cartas políticas que fungen de constituciones en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Desde los medios de comunicación muchos periodistas acompañan entusiastas el programa de Lugo.
En la Asociación Nacional Republicana (ANR/Partido Colorado), por razones que creo más asociadas al mero ánimo de medrar que a algún plan ideológico, se está apoyando con entusiasmo el proyecto político del presidente Horacio Cartes, consistente en concentrar el poder real en manos del Ejecutivo (lo prueba el artículo 52 de la ley de Alianza Público Privada) y en someter nuestro país a la hegemonía brasileña (con lo que, de paso, se asegura luego apoyo brasileño cuando se vea obligado a menoscabar nuestras instituciones democráticas, pues eso es lo que está haciendo Brasil en Venezuela).
Muchos atribuyen a Nicanor Duarte Frutos y a Diógenes Martínez el diseño de la estrategia de Cartes.
En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el sector de Luis Alberto Wagner y José Paková Ledesma apoya el programa de Lugo y el sector de Blas Llano apoya el programa de Cartes. Los demás se debaten en una pobreza intelectual y política que produce más lástima que otra cosa y no pueden ser tomados en serio.
En el oviedismo y Patria Querida, aunque están muertos, se ha apoyado siempre el mesianismo funcional que caracterizó su funcionamiento interno mientras vivieron.
En síntesis, estamos como estábamos en los meses anteriores al 17 de febrero de 1936. La única diferencia, lo que puede lograr el mantenimiento de nuestra democracia y nuestra libertad, es la existencia de una ciudadanía que dispone de muchos más medios que en 1936 (redes sociales, medios de comunicación económicamente independientes) para resistir el embate autoritario de los políticos.
Lamentablemente, la disposición de estos medios no garantiza el éxito, como lo demuestra fehacientemente el fracaso estrepitoso de la “Primavera Árabe”, naufragando en un mar de sangre y tiranía.
Los demócratas no tenemos mucho tiempo para lograr impedir la restauración de una democracia de fachada, encubridora del autoritarismo real, pues los políticos no desperdician ni una oportunidad para reconstruir un sistema sin control popular auténtico.
Es urgente derogar el artículo 52, y sus concordantes, de la ley de Alianza Público Privada para devolver al Congreso el control de las inversiones en nuestro país reconstruyendo así la división de poderes.
Es urgente implementar el desbloqueo de listas para las elecciones internas de las organizaciones políticas y las elecciones nacionales y municipales para que la ciudadanía controle mejor a los políticos que compitan por cargos electivos.
Es urgente equilibrar la influencia brasileña, asegurando nuestros vínculos con la Alianza del Pacífico y los mercados extrarregionales, pues Brasil es hoy el aval continental de los nuevos Somoza, los nuevos Trujillo, los nuevos Batista, los nuevos Stroessner.
La libertad y la democracia no son condiciones naturales cuya existencia podamos dar por garantizada. Están amenazadas y tenemos que defenderlas, al menos los que no queremos terminar nuestras vidas como las comenzamos: Bajo la férula de una dictadura.

Artículo publicado en la edición del domingo 2 de febrero de 2014 de La Nación ().