Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)
Varios políticos de la Asociación Nacional Republicana (ANR/Partido Colorado), desde Luis Castiglioni hasta Mario Martín Arévalo, pasando por Elio Cabral y muchos otros, reclaman al presidente Horacio Cartes que otorgue cargos públicos a operadores electorales del partido por el supuesto “mérito” de haber trabajado para que la ANR ganara las elecciones del 21 de abril de 2013.Son la misma cosa que los liberales que, desde que se inició el gobierno de Fernando Lugo hasta que terminó el de Federido Franco, llenaron el Estado de prebendarios que lograron salarios pagados por todo el pueblo en base al mismo supuesto “mérito”: El de haber trabajado en las elecciones para que Lugo y Federico llegaran al poder.
Es evidente por sí mismo que si alguien hace lo mismo que aquel a quien vino a reemplazar, no está en “nuevo rumbo” alguno, sino en el mismo rumbo de siempre.
En Inglaterra (Reino Unido), la más antigua democracia funcional del mundo, las cosas son muy distintas y a ningún político se le ocurriría pedir que el dinero de los contribuyentes se use para retribuir a los operadores políticos de los partidos que ganan las elecciones.
No es que en Inglaterra no haya políticos prebendarios, pues los hay, sino que el costo político de pedir que los contribuyentes premien con cargos pagados por el pueblo a operadores electorales es, simplemente, imposible de asumir.
En Inglaterra (y en Japón, Alemania, Francia o Estados Unidos) los partidos políticos son entidades que se articulan en torno a ideas para solucionar los problemas del país, tienen centros de pensamiento y gabinetes “en la sombra” para generar alternativas para esos problemas.
En esos centros de pensamiento y gabinetes “en la sombra” trabajan personas interesadas en cada una de las áreas que, a raíz de sus investigaciones y estudios sobre las mismas, llegan a ser especialistas renombrados sobre los temas de su interés.
Cuando los partidos a los que estas personas pertenecen ganan las elecciones en base a los programas que ellas elaboraron, el líder del partido ganador las convoca a desempeñar unos muy pocos “cargos de confianza”, no porque hayan trabajado en las elecciones, sino porque son las que mejor conocen el problema del que se harán cargo.
Esos “cargos de confianza” son aquellos en los que se implementa la voluntad política del electorado pero ninguno más. Básicamente son solamente los puestos del gabinete ministerial y las grandes direcciones. Nada más.
El resto de la administración pública corre a cargo de un servicio civil (“Civil Service”) al que se accede solamente por concurso de méritos y que, además, tiene restricciones legales de participar en política partidaria () ().
A los partidos políticos ingleses (o japoneses, o alemanes, o franceses o norteamericanos) no se les ocurre usar el dinero de los contribuyentes en otra cosa que no sea el beneficio de los contribuyentes. El partido o el político que dijera en Inglaterra lo que aquí dicen Castiglioni, Arévalos o Cabral, sería sepultado en las elecciones pues los contribuyentes no pagan sus contribuciones para financiar a los operadores electorales sino para tener escuelas, hospitales, rutas, trenes, Internet, seguridad, defensa y justicia.
Nuestra Constitución de 1992 se diseñó con el mismísimo espíritu y el mismísimo propósito que existe en Inglaterra sobre la función pública.
Cuando Castiglioni, Arévalos o Cabral exigen al presidente Horacio Cartes que regale salarios pagados por el pueblo a sus operadores electorales, están violando varios artículos de nuestra Constitución.
Violan su Artículo 46 que dice que todos los habitantes de nuestro país somos iguales y que no se admitirán discriminaciones. Ellos pretenden que sus operadores electorales tengan más derechos que los demás paraguayos y que se discrimine a los no afiliados al Partido Colorado.
Violan su Artículo 47 que dice que los paraguayos tenemos derecho a acceder a la función pública con la condición de que seamos idóneos (“Del lat. idonĕus. 1. adj. Adecuado y apropiado para algo”), cosa que se puede demostrar solamente mediante un concurso de mérito y aptitudes entre todos los interesados en acceder a la función. Ellos pretenden que sus operadores electorales reciban la acreditación de “idóneos” por sus trabajos en las elecciones, que nada tienen que ver con las funciones que pretenden ocupar y pretenden que las ocupen sin competir con otros paraguayos interesados en desempeñarlas.
Violan su Artículo 88 que dice que no se discriminará a los paraguayos por razones políticas. Ellos quieren que la afiliación de sus operadores electorales sea una carta de privilegio sobre otros paraguayos, tal vez más capacitados, a los que se niega el derecho a competir por un cargo que otorgarán por el supuesto “mérito” de haber colaborado con un triunfo electoral.
Y tergiversan el Artículo 124 de nuestra Constitución que define a los partidos políticos sin darles la atribución de regalar cargos públicos a sus operadores electorales.
Demás está decir que Castiglioni, Arévalos, Cabral y los demás de su especie son autores morales en el hecho de presionar al presidente Cartes para impulsarlo a violar también él nuestra Constitución y la ley 1626, que exige concursos de méritos para ingresar a trabajar al Estado.
Esta clase de políticos es la culpable de haber llenado nuestro Estado de operadores electorales; es la culpable de que más del noventa por ciento de los ingresos tributarios deba usarse en pagar a esos operadores y es la culpable de que como no queda dinero para otra cosa, no se puedan financiar los desagües cloacales que no tenemos (por lo que contaminamos nuestros ríos y lagos), la red de distribución de ANDE (por lo que sufrimos frecuentes cortes de luz), la infraestructura escolar (por lo que nuestros hijos reciben pésima educación) y un larguísimo etcétera por el que los paraguayos sufrimos un Estado que se parece a los de África Subsahariana, en vez de parecerse al de Inglaterra.
Artículo publicado en la edición de domingo 26 de enero de 2014 de La Nación ().
