“PORTILLEANDO” MENTIRAS

Como la mayoría de los grandes descubrimientos, estos siempre se realizan por simple casualidad y por lo general provocan una buena sacudida en todos los círculos de la sociedad. 


Estos acontecimientos a veces son realmente positivos, pero en otros casos demuestran cuan enferma se encuentran los habitantes de un país. 

Tal es el revuelo que ha promovido, el ahora muy conocido Diputado Nacional por Alto Paraná, Carlos Portillo. 

Todo comenzó de forma sumamente inocente en la red social Facebook, hasta que en un momento dado, del simple intercambio de comentarios se convirtió rápidamente en un tiroteo verbal, pasando finalmente a un incendio de grandes proporciones. 

Todo se centró alrededor de la figura del Diputado Nacional perteneciente al Partido Liberal Carlos Portillo, quien por un acto de total arrogancia, se puso a ostentar en dicha red, sus ya famosos “siete títulos” universitarios.

Pero fue su deplorable ortografía, lo que causó un colosal revuelo en las redes sociales, donde prevaleció la burla, la ironía y todo tipo de broma relacionada con su analfabetismo funcional y tocándole a los pobres burros, de rebote, aunque estos no tengan nada que ver con la ignorancia de algunos de los parlamentarios, que por desgracia, no nos representan. 

En realidad todo se disparó cuando Carlos Portillo, en un acto de total arrogancia y soberbia, afirmó contar en su haber, con siete títulos universitarios. Y que ellos figuraban en su Curriculum Vitae, el cual podía ser observado en la página web de la Cámara. 
Sin embargo los que pudieron leer sus comentarios, en su página de Facebook, comenzaron a compartir, a sus respectivos contactos, los groseros horrores ortográficos. 
El chisme sobre la forma tan espantosa de escribir del diputado, que decía tener siete títulos, corrieron como reguero de pólvora y en cuestión de pocas horas, las redes se saturaron de fotos arregladas con el “photoshop”, del diputado, y que ostentaban pesadas y groseras bromas. 
Al parecer estas críticas tan ácidas hicieron mella en el parlamentario, por lo que decidió eliminar su cuenta del Facebook. Del mismo modo que pidió que su hoja de vida fuera removida de la página web de Diputados. 
Pero el barullo no terminó ahí, ya que el desconocido diputado del interior ganó rápidamente popularidad a nivel nacional, siendo la figura de la semana en todos los titulares de las primeras planas de diarios y noticieros televisivos. 
Es así que los diferentes medios comenzaron a escarbar, no demasiado profundo, ya que la verdad muy pronto salió a la superficie. 
Carlos Portillo había mentido sobre sus famosos“siete títulos”. Los primeros en salir al paso fueron las autoridades de la UTIC y la UTCD de Ciudad del Este, quienes le comentaron a la prensa, que dos de las carreras mencionadas por Carlos Portillo, no existían en dichas instituciones. 
Por lo que rápidamente se podía deducir que dicho parlamentario había adulterado los datos sobre su formación académica. 
La responsable de la UTIC afirmó que solo pudo culminar la carrera de Derecho, ya que lo había hecho el probatorio y su primer curso en la Universidad Nacional del Este. 
También se supo que se recibió de abogado en el año 2004; luego cursó un postgrado en Didáctica Universitaria, por espacio de 11 meses. 
Mientras que la licenciatura en Ciencias Políticas que según dice, la obtuvo en el 2002, llegando a lograr una mención de honor con medalla de oro, como mejor egresado de su promoción. 
La carrera de Escribanía y Notariado Público también figuraba en su curriculum de la web de Diputados. Ante la avalancha de burlas, le encargó a un secretario para que la hiciera borrar definitivamente de dicha página.
Ninguna de estas dos carreras existen, en las sedes de Ciudad del Este, tanto de la UTIC como UTCD. 
Antes que Portillo borrara sus “carreras” de la web, se podía leer que el legislador contaba con una licenciatura en Ciencias Políticas, el título de abogado y una maestría y doctorado en Derecho. 
También figura un postgrado en Didáctica Superior Universitaria y el título de Escribanía y Notariado. Por si fuera poco aparece una licenciatura en Ciencias Ambientales y un título de Ingeniero Ambiental, todas cursadas en facultades de Ciudad del Este. 
A posterior, una autoridad competente de la UNINORTE, con sede en Ciudad del Este, le confirmó a un medio, que Carlos Portillo tampoco había realizado ningún doctorado ni cualquier otro posgrado en esa casa de estudios. 
Un dato interesante a tener en cuenta, es que, en su extracto académico de la Universidad Nacional del Este (UNE), en la carrera de Derecho, aparece que obtuvo en 16 oportunidades la calificación de uno (01) durante los tres primeros años de estudio, en dicha casa. 
En cuanto a su particular forma de expresarse, se puede observar a simple vista que su pobrísimo vocabulario mantiene una formidable pelea con la gramática y ortografía, cosa bastante común en la mayoría de los alumnos de todas las carreras universitarias. 
Lo lamentable del caso, es que eso se arrastra desde el ciclo primario y el secundario. 
Aún así, el mismo tiene a su cargo la cátedra de Derecho Penal, en la UNINORTE de Ciudad del Este. 
Sin embargo, a pesar que figura en su sistema como docente, el mismo no dicta clases actualmente. 
Además, el representante de Alto Paraná en la Cámara Baja, generó un anterior escándalo en las redes sociales, debido por su viaje a “Cartagena de India (sic)”, en Colombia, para una capacitación en cuanto a comunicación proselitista. 
Cosa que sus seguidores se preguntan en que los beneficia, haber pagado algo sin recibir absolutamente nada a cambio.  
En resumen, que lo sancionen o pidan su desafuero no soluciona el problema de fondo, que es la mala calidad de los representantes que tenemos en el Congreso. Carlos Portillo simboliza todo lo que el votante odia, a los mentirosos contumaces, manipuladores de la opinión, aprovechadores de su poder, en función de su propio beneficio personal. 
Egoístas que toman su puesto como botín de guerra, buscando catapultarse hacia cargos más altos y así perpetuarse en el poder, pero nunca, por desgracia, pensando en el bienestar de quienes ellos representan. 

Los peores jueces quieren seguir

Enrique Vargas Peña (foto de ea.com.py)


Hay muchas cosas muy malas y muy graves que están ocurriendo en nuestro Paraguay: el triunfo del terrorismo en la zona norte donde la banda marxista autodenominada “Ejército del Pueblo Paraguayo” impone la agenda y ejerce de facto el poder de policía que corresponde al Estado o la evidencia de que nuestro sistema de educación superior es una farsa al servicio de los políticos prebendarios ilustrada por el diputado Carlos Portillo, son algunas de ellas. 

Pero a mi juicio lo peor fue la aprobación, en el Senado, de un proyecto de modificación de la ley 1634/00 “Que establece el procedimiento para la confirmación de magistrados del Poder Judicial” por el que esa confirmación pasa del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia. 

Leí que el proyecto es iniciativa de la Asociación de Magistrados Judiciales que parecen interpretar notablemente el Artículo 264 de nuestra Constitución que dice “Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura: 1.proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo; 2.proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales; 3.elaborar su propio reglamente, y 4.los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes”. 

La Asociación de Magistrados, y ahora una mayoría del Senado, parecen creer que, como el Artículo 264 no menciona la frase “confirmar a los magistrados”, ellos pueden atribuirle esa potestad, la de confirmar, a la Corte Suprema. 

Esto implica que la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado se atribuyen a sí mismos un poder constituyente que nadie les otorgó, para dar a la Corte una potestad de la que carece en el texto de nuestra Constitución. 

El Artículo 259 de nuestra Constitución enuncia, define y precisa los deberes y atribuciones de la Corte Suprema, que son los siguientes, y ninguno más: “1.ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley;  2.dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 3.conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine; 4.conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; 5.conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; 6.conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley; 7.suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso; 8.supervisar los institutos de detención y reclusión; 9.entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y 10.los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes”. 

Me parece obvio que no figura, no está, entre las atribuciones de la Corte Suprema la de confirmar a los integrantes de los tribunales inferiores. 

En cambio, nuestra Constitución sí otorga al Consejo de la Magistratura, y sólo a él y a nadie más, la potestad de proponer los nombres de los candidatos a integrar todos los juzgados y tribunales inferiores de la República en su Artículo 251 que establece que “Los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”. 

En síntesis, me parecen evidentes dos cosas: Primera, nuestra Constitución no otorga a la Corte Suprema de Justicia la atribución de confirmar a jueces; segunda, nuestra Constitución sí otorga al Consejo de la Magistratura un papel protagónico en el proceso de nominación de magistrados. 

Se me podría señalar que si bien el Artículo 259 no atribuye a la Corte Suprema la potestad de confirmar a los magistrados, el Artículo 264 tampoco atribuye taxativamente esa función al Consejo de la Magistratura.    

Pero la pregunta planteada por la iniciativa de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado es si es lógico y legítimo inferir, como ellos hacen, que pueden, por el sólo hecho de que el mencionado Artículo 264 no menciona la frase “confirmar a los magistrados”, atribuirle a la Corte dicha potestad. 

A mi modo de ver, la respuesta a esa pregunta es no. No es lógica ni legítima la inferencia de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado. 

Estimo que la razón es simple: Nuestra Constitución se articula en torno a la idea de revisión periódica, hasta que haya seguridad en el buen desempeño, de la actuación de los magistrados, como lo prueba su Artículo 252, que dice que “Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia”. 

Quiero dejar expresa constancia de que creo que un sistema con jueces vitalicios e inamovibles garantiza mejor que nuestro sistema de revisiones periódicas el principio de independencia del Poder Judicial, razón por la que apoyo la interpretación constitucional que hicieron los ministros de la Corte Suprema referida a su propia inamovilidad, pero el sistema que en el que yo creo no es el establecido en nuestra Constitución, el de revisiones periódicas. 

Enrique Riera, presidente del Consejo de la Magistratura, me explicaba el viernes 11 de abril en la 9.70 AM, que el proyecto de la Asociación de Magistrados y la mayoría del Senado tiene, en realidad, el propósito de mantener en sus cargos a unos quinientos jueces que fueron nombrados por recomendación de políticos antes de la reforma del reglamento del Consejo, que transparenta y hace mucho más objetivo el proceso de confirmación de magistrados. Y que es el nuevo proceso transparente y objetivo el que estos magistrados y sus padrinos políticos quieren evitar. 

Le creo a Riera porque pienso que difícilmente pueda alguien serio negar que los paraguayos sufrimos la actuación de demasiados magistrados que garantizan la corrupción de los políticos. Esos magistrados no deben continuar en el Poder Judicial y cualquier revisión objetiva y transparente de su actuación los dejará fuera de la magistratura, como debe ser.


JUSTICIA POR MANO PROPIA (La venganza de las víctimas)

Actualmente nuestro vecino, Argentina, se está dando un fenómeno muy interesante de analizar, que no es nuevo, pero que sí se da en ciertas situaciones límites y cuanto los estamentos del Estado, destinado a tal efecto, no cumplen con efectividad su función específica. 

Estoy refiriéndome al mismo acto de linchamiento por parte de los vecinos de un barrio, cuando encuentran “infraganti”, a un delincuente. 

Este es un tema sumamente delicado e inclusive con implicancias religiosas, políticas, éticas y jurídicas entre otras. Por eso se lo debe tratar con cuidado para no herir susceptibilidades, sin embargo aquí, se superponen intereses de quien escribe este humilde comentario, por lo que de ninguna manera las siguientes líneas puede llegar a ser totalmente imparcial. 
Todos alguna vez hemos sido asaltados, por uno o más delincuentes, y un hecho así, tan puntual, no es algo que se pueda olvidar tan fácilmente, al contrario, las secuelas que esto conlleva trae perturbaciones mentales pasajeras o crónicas, dependiendo de la violencia sufrida durante el atraco. 
Muchas personas solamente la podrán superar con la ayuda profesional de un psicólogo. 
Algunos simplemente lo toman como una anécdota más en su vida y otros, muy impresionados y con un temor que los atenaza a sus casas, donde se encierran bajo cuatro llaves y por nada del mundo quieren abandonarla. 
Lo que más molesta es esa maldita sensación de encontrarse totalmente indefenso e impotente ante un haragán que en vez de ir a buscar trabajo, opta por lo más fácil; sacarle algo a un ocasional transeúnte, que sí ha trabajado mucho tiempo para conseguir algo que deseaba o necesitaba. 
El general argentino Manuel Belgrano dijo sabiamente, en cierta ocasión que: “El modo de contener el delito y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente”. Mientras tanto, es una cuestión de tiempo que aquella moda sea traída a estas queridas tierras, donde las condiciones básicas son muy similares a las de nuestro vecino. 
Aquí, en Paraguay, cientos de malhechores delinquen diariamente, saturando completamente a la fuerza policial, las cárceles rebasan sus posibilidades edilicias en un 500 %. 
Por lo que es común otorgarles prisión domiciliaria o penas leves a los que no tienen dinero y a los que sí, es posible que entren por una puerta y salgan sencillamente por la otra. 
La inseguridad provoca un temor tan grande, en la población, que las casas ahora se han parapetado detrás de pesadas y gruesas rejas. 
No contento con esto, los dueños han llenado sus hogares de porteros eléctricos, cámaras de seguridad, sensores de movimiento, perros grandes con dientes enormes y poco amistosos. 
Guardia de seguridad, armado hasta los dientes, las 24 horas del día, luz de emergencia con llamado automático a diez direcciones. 
No siempre en la casa se obtiene toda la seguridad deseada, ya que hubo muchos casos en que los delincuentes, atraídos por la música y el bullicio de algún acontecimiento, entraban a la vivienda y para sorpresa de todos, los “desplumaban” todos sin piedad. 
La cantidad infinitas de modalidades que otorga la delincuencia, ha hecho casi imposible salir a la calle. 
Si no lo atraca un “motochorro”, es factible que sea atrapado en algún solitario cajero automático. 
Si bien el secuestro “express” hoy ha caído en desuso, como todas las modas, bien puede ser que vuelva en el momento menos esperado. 
Desde los rateros nocturnos que entran furtivamente en los patios para llevarse cualquier cosa que puedan vender, pasando por los osados “caballos locos”, que trabajan en la modalidad del arrebato, los “carteristas” que invaden los colectivos urbanos, especialmente en los horarios pico. 
Mujeres bien vestidas que entran a determinados negocios y mientras una distrae a la vendedora la otra sustrae ropa, celulares o cualquier cosa de valor que sea vendible fácilmente. 
Niños de la calle, algo ya creciditos, que a punta de cuchillo despojan a víctimas desprevenidas en lugares solitarios. 
Pseudos vendedores o limpiadores de vidrios de autos, que aprovechan los semáforos en rojo, para atracar a los desprevenidos conductores que tienen bajas las ventanillas de sus vehículos. 
Todos estos actos son los que generan violencia, en la memoria de la gente común, y que se van acumulando especialmente cuando estos hechos se tornan reiterativos. Ellos hacen que el pueblo deje de ser pasivo y estalle con innegable furia. 
Cuando en un momento dado me preguntaron que opinaba sobre esto, yo les respondí que: “LA JUSTICIA POR MANO PROPIA NACE CUANDO LA JUSTICIA NO HACE JUSTICIA”. 
No siempre los asaltos terminan solo en eso, es decir en un simple robo. Por desgracia muchos delincuentes por ser primerizos en sus andanzas, se exceden en la violencia hacia la víctima, aún teniéndola reducida. Sus nervios y miedos no siempre son atenuados por las drogas o estupefacientes consumidos previos al verdadero incidente. 
Todo sucede de esta manera hasta que la pasividad o el temor de la gente se transforma en furia ante tanta impunidad reinante, por parte quienes deberían impartir justicia. 
Como a esta no se la puede palpar, entonces la gente acorralada por tanto miedo, comienza a actuar con dureza, dando rienda suelta a toda la rabia reprimida por tanto tiempo. Hasta un ratón acorralado actúa como un león cuando ve su integridad en peligro. 
Nunca he sido partidario de la violencia, y no voy a comenzar precisamente a esta altura de mi vida. Siempre he pensado que con ella solo se genera mucho más violencia y la Historia lo ha probado cientos de veces, ya que el resultado es peor que la misma enfermedad. 
Sin embargo, una buena paliza otorgada cuando el delincuente es atrapado me resulta totalmente satisfactoria como un interesante método de disuasión ante futuros ataques. 
Lamento que todos aquellos inútiles defensores de los DDHH me contradigan, pero estoy cansado de verlos defender a los delincuentes en menosprecio de las indefensas víctimas. Al final de cuentas también es una forma de hacer Justicia.