Enrique Vargas Peña (foto de paraguay.com)
Desde que Brasil ocupó militarmente Asunción el 1 de enero de 1869, izando la bandera brasileña en la torre central del Palacio de López, nuestro voraz vecino del Este ha tenido intervención directa en los asuntos internos paraguayos sin solución de continuidad, hasta hoy.
Los gobiernos brasileños nos han considerado siempre parte de su esfera natural de influencia, nos definen como un país lógicamente satélite de Brasil, nos piensan como un apéndice de la política continental brasileña.
Así, los gobiernos brasileños alentaron, impulsaron o dirigieron políticas en nuestro país para imponer gobiernos afines a los intereses de Brasil. Itaipú lo prueba más allá de toda duda razonable.
Desde cualquier ángulo que se analice, no cabe más remedio que definir la política de Brasil sobre Paraguay como “imperialismo”: “De imperiale -ismo. 1. m. Sistema y doctrina de los imperialistas. 2. m. Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”.
Desde el 22 de junio de 2012, una vez más, Brasil decidió no reconocer el proceso constitucional autónomo de Paraguay e impuso a sus aliados de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) la política de desconocer la autodeterminación paraguaya.
El ex presidente Fernando Lugo, quien había reconocido con grandeza, con paraguayidad, el resultado del proceso constitucional que le afectaba, cambió entonces radicalmente de posición y aceptó la decisión brasileña de ignorar el funcionamiento normal de las instituciones paraguayas.
Brasil no puede tolerar, por la misma razón por la que la Unión Soviética no toleró la “Revolución Húngara” (1956) ni la “Primavera de Praga” (1968), que se consolide la autonomía paraguaya y que quede registrada como una muestra de su propia debilidad.
Por eso Lugo se autoproclamó presidente y trabaja por establecer un gobierno paralelo, con reconocimiento de Brasil y sus aliados de UNASUR.
Esa es la razón por la que el pasado jueves 12 de julio, en una clara explicación ante el Senado brasileño, el canciller de Brasil, Antonio Patriota sostuvo que Brasil insistirá en castigar a Paraguay (), considerando que nuestro gobierno constitucional es “golpista”.
El canciller Patriota cuenta, para su propósito de desconocer al gobierno paraguayo, con la ayuda de Colombia y Chile (), a los que da especial importancia por no ser del mismo signo ideológico que los demás países de la UNASUR.
El día anterior, miércoles 11, el canciller Patriota había revelado que está trabajando incluso para convencer a Estados Unidos y que ya mantuvo una conversación con Hillary Clinton sobre nuestro país ().
En síntesis, Brasil está operando en todos los frentes para evitar el reconocimiento internacional del gobierno constitucional paraguayo y prestar reconocimiento al destituido Fernando Lugo.
Es en ese marco de situación que Fernando Lugo, el viernes 13 de julio, confirmó que intentará volver al poder () y, en la línea fijada por Brasil, califica de golpista a nuestro gobierno constitucional ().
La línea fijada por Brasil es clara: Si el gobierno de Federico Franco es “golpista”, Lugo sería presidente “legítimo” y los ciudadanos paraguayos, incluidas las Fuerzas Armadas, estarían autorizados a “…a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay” –Artículo 138 de nuestra Constitución-.
El “usurpador” según Brasil y Lugo es nada menos que el Congreso Nacional y, en consecuencia, desconocer a los usurpadores implica disolver el Congreso para reponer a Lugo.
La reposición de Fernando Lugo en el poder supone, pues, reponerlo sin Congreso, con poder absoluto y con respaldo de Brasil y reconocimiento de UNASUR.
Ruego, imploro, pido, exijo a los partidarios de Fernando Lugo que digan cuál de los elementos anteriores es mentira y que expliquen por qué es mentira.
Ruego, imploro, pido y exijo a Fernando Lugo o a sus partidarios que expliquen cómo podría gobernar, si Brasil triunfa, con el actual Congreso Nacional y qué hará con toda la legislación producida por los poderes Ejecutivo y Legislativo desde el 22 de junio en adelante.
Se observa fácilmente que Brasil se niega a respetar a la democracia paraguaya buscando reconocer un verdadero golpe de Estado, quebrando el proceso constitucional paraguayo y disolviendo sus instituciones centrales, que reponga a Fernando Lugo en el poder.
Brasil pretende reponer a Lugo con la suma del poder público, reponerlo como dictador sobre Paraguay, para aprovecharse de él así como instrumenta en su propio beneficio al dictador de Venezuela, Hugo Chávez.
La pretensión brasileña de mantener su hegemonía sobre nuestro Paraguay a través de Fernando Lugo, y el hecho de que UNASUR y MERCOSUR estén siendo los instrumentos de la política imperialista de Brasil sobre Paraguay, es la que, además de todos los atropellos contra Paraguay en esos grupos desde el 22 de junio, hacen imposible que nuestro país continúe en ellos, al menos si quiere mantenerse independiente, libre y soberano.
Por eso es que genera alarma que tanto el presidente constitucional Federico Franco () como el pre candidato colorado Horacio Cartes () insistan en que, a pesar de los gravísimos hechos, debemos permanecer en un MERCOSUR que ha mostrado que no es otra cosa que el instrumento de Brasil para consolidar su hegemonía continental.
Publicado en la edición impresa de La Nación el domingo 15 de julio de 2012
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