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Ganarán los dipuchorros

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Enrique Vargas Peña (foto de paraguay.com)

La convocatoria de ayer, viernes 25 de mayo de 2012, al “after office revolucionario”, articulada principalmente por Maxi Urbieta y Emilio García, generó un debate de la mayor importancia en nuestra sociedad, harta de dipuchorros y oportunistas de la política: ¿Este incipiente movimiento ciudadano debe o no integrar a políticos más decentes que los dipuchorros?

Hay algunos amigos que dicen que no, que no se debe permitir que esos políticos más decentes que los dipuchorros se sumen para que “no lleven agua a su molino”.

Les pido disculpas a los amigos que creen eso, pero lo que creen es una solemne estupidez y, lo que es mucho peor, es el camino seguro para que este incipiente movimiento ciudadano no pueda producir ningún resultado práctico.

Digo que es una estupidez (“estupidez. De estúpido y -ez. 1. f. Torpeza notable en comprender las cosas”) porque la democracia tiene una lógica concreta y los que creen que no se debe integrar a los políticos más decentes que los dipuchorros no consideran esa lógica concreta sino que viven en el ilusorio mundo del voluntarismo y de la retórica.

En la democracia, las decisiones, buenas o malas, se toman mediante votos. Las manifestaciones que sirven para canalizar el voto producen efecto y son importantes. Las manifestaciones que se agotan en los discursos retóricos para nada sirven, sino para agregar frustraciones.

Los que nos reunimos ayer en la plaza del Congreso queremos que los dipuchorros salgan del Congreso y para eso necesitamos que no sean reelectos.

Los 46 dipuchorros que el jueves 24 de mayo de 2012 votaron por otorgar ciento cincuenta mil millones de guaraníes a sus operadores partidarios lo hicieron para intentar asegurar su continuidad en el Congreso, buscando triunfar en las elecciones internas de sus partidos y luego ser reelectos en las elecciones generales del 21 de abril de 2013.

Los ciento cincuenta mil millones los usarán en unos nueve mil operadores cuyo trabajo real consiste en puntear los padrones de mesa para identificar a los electores que van a votar por cada dipuchorro o senachorro y, principalmente, para identificar a los electores que no van a votar por ellos.

Identificados los electores que van a votar y los que no van a votar, el trabajo de estos operadores es identificar el nivel socio-económico de esos electores y preparar, para el día de las elecciones (21 de abril de 2013), o el transporte para los electores amigos o la compra de cédula para los electores enemigos.

Eso no ocurre en los barrios medios o altos de Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, sino que ocurre en los barrios de nivel socio-económico bajo de las ciudades y en todo el resto del país.

Con el máximo respeto y con el mayor sentido de urgencia quiero decir que creo que muchos de los faisbukeros o twiteros que ayer estuvieron en la plaza del Congreso jamás en su vida vieron a un operador político ni se detuvieron a estudiar el trabajo que realmente hacen los operadores políticos. Y les quiero implorar que por favor estudien el tema y comprendan cómo es el enemigo, pues si no lo hacen jamás podrán derrotarlo.

Y el día de las elecciones, el grupo de operadores políticos que no está dedicado a buscar a electores amigos o a comprar las cédulas de los electores enemigos se sienta en las mesas electorales con credencial de autoridad de mesa, de autoridad electoral.

En síntesis, con los ciento cincuenta mil millones de guaraníes para operadores políticos los dipuchorros y los senachorros nos están obligando a nosotros a pagarles la reelección, pues frente a ellos nadie habrá en gran parte del país.

Para que frente a ellos haya alguien, y alguien con posibilidad de derrotarlos y de expulsarlos para siempre de la vida política, necesitamos imperiosamente de la alianza y el trabajo de los políticos más decentes que los dipuchorros y senachorros.

Ellos sí tienen ya equipos electorales en formación y ellos sí están preparando gente que se sentará en las mesas electorales el día de las elecciones para vigilar que nadie robe la voluntad del pueblo.

Pedirles que se vayan también ellos, ese grito estúpido “que se vayan todos” es simplemente no entender cómo funciona la democracia y es, sobre todo, asegurar la reelección de los dipuchorros y de los senachorros.

Es una solemne estupidez y si esta estupidez triunfa, la movilización de ayer en la plaza del Congreso para nada habrá servido, para nada.

Así que sí necesitamos a Mario Ferreiro, a Desiree Massi, a Sebastián Acha, sí necesitamos a Enrique Salim Buzarquis y sí necesitamos a Miguel Carrizosa, a Horacio Cartes, a Efraín Alegre, a Javier Zacarías, a todos los diputados y senadores que se oponen a esta vergüenza, en tanto expulsen de sus movimientos de los dipuchorros y senachorros (esa es la prueba que necesitamos).

Disculpenme, pero sin ellos, no tenemos organización alguna para hacer frente a la maquinaria perfecta, y pagada por nosotros, de los dipuchorros y senachorros.

Material enviado el sábado 26 de mayo a La Nación para su publicación en la edición digital

Estos partidos son el problema

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Enrique Vargas Peña (foto Emilio Diaz/facebook.com/enriquevargaspena)

Tengo dos amigos en Facebook que publican en mi muro, al menos una vez al día cada uno, sendas fotos referidas a la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE): Las motos de UNACE, las ambulancias de UNACE, los servicios, en fin, que UNACE presta a sus afiliados.

Mis dos amigos suponen que, mostrando que UNACE atiende la necesidades de sus afiliados, exponen la diferencia entre la eficiencia de ese partido en usar el dinero de los aportes y de los subsidios en el bienestar de sus afiliados y la ineficiencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para hacer la misma cosa.

Y no se dan cuenta de que, en realidad, están exponiendo y confesando el carácter absolutamente prebendario de los tres mayores partidos políticos paraguayos, la misma UNACE, el PLRA y la ANR.

Los partidos políticos no pueden constituirse para ser farmacias, ni para operar ambulancias, ni para ser asociación de socorros mutuos, ni para prestar servicio de delivery porque si lo hacen se convierten en lo que estos tres grandes (por el tamaño nada más) partidos son actualmente: Agencias de empleo y auxilio.

Cuando los partidos políticos funcionan como farmacias o servicios de ambulancia, el Estado se convierte en su bolsa de trabajo, como claramente lo explicó el presidente del Congreso Jorge Oviedo Matto, perteneciente a UNACE, justamente () ().

UNACE, la ANR y el PLRA no son lo que nuestra Constitución exige que los partidos políticos sean, “…personas jurídicas…” (que) “deben…concurrir…a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos” –Artículo 124-.

La mayor parte de los grupos del Frente Guazú, especialmente el partido Tekojojá, está en lo mismo, como también de manera muy franca lo asumió Gerardo Rolón Posse ().

Las pruebas son muchas, son muy evidentes y fáciles de señalar.

Los partidos políticos mencionados no hacen conferencias programáticas regulares, no hacen congresos ideológicos periódicos, no tienen gabinetes “en la sombra” que estudien los desafíos del país por sector, no exponen sus posiciones sobre los grandes problemas nacionales, no usan sus amplias organizaciones de base para formar a nadie.

Ni siquiera tienen publicaciones dignas de ese nombre.

Pero eso sí, tienen dispensarios, tienen fondos “para atender a las necesidades de los correligionarios” y UNACE incluso tiene ambulancias y motos.

Tal vez lo más triste de todo esto sea que el origen de este sistema es el gobierno de Alfredo Stroessner, que convirtió a la ANR en prestador sustituto de servicios públicos para consolidar su base de sustentación social.

Es decir, los partidos mencionados, principalmente los tres mayores, son calcos de un mecanismo clásico del autoritarismo para fidelizar clientelas, completamente al margen de cualquier pensamiento político propiamente.

Los resultados están a la vista de cualquiera que desee mirar: No tenemos política energética, no tenemos política exterior, no tenemos política de defensa, no tenemos política económica, no tenemos política educativa, no tenemos política de salud, no tenemos política de desarrollo, no tenemos política social, da exactamente igual que el gobierno sea colorado, liberal o socialista, porque la mayoría de los partidos paraguayos prefiere salir a “afiliar” gente.

Algún político cínico y mentiroso podría atreverse a decirme que sí hay políticas. Le desafío a que le muestre a la opinión pública qué política, aunque sea una, aunque sea mínima, no es el resultado de la inercia (como por ejemplo la matriz presupuestaria) o de comités “ad-hoc” (para esto) que a veces logran reunirse (como por ejemplo la negociación de las compensaciones de Itaipú).

Esto explica por qué los colorados no saben si son nacionalistas, conservadores o socialistas; esto explica por qué los liberales no saben si son liberales, católicos o social-demócratas; esto explica por qué hay partidos en el Frente Guazú que no saben si son socialistas-reales, bolivarianos o eurocomunistas.

La cosa, para ellos es mandar y “después veremos qué hacer”.

Los costos de todo esto son enormes. Convertido el Estado en bolsa de trabajo, la prioridad del Presupuesto General de Gastos de la Nación es el empleo de los correligionarios, razón por la que un enorme porcentaje de los ingresos tributarios que nos cobran vía impuestos se destina al gasto corriente.

Los paraguayos somos obligados por los integrantes de estos partidos a pagar impuestos para financiar a sus recomendados. Para nada más. Ruego a cualquier político, por favor, que se anime a publicar los datos del presupuesto para desmentirme. Les suplico que me desmientan, por favor.

Por eso tenemos seis mil doscientas escuelas que no son tales, sino remedos de centros educativos, sin baños, sin aulas, sin campos deportivos, sin bibliotecas, sin Internet. Y sin almuerzos.

La famosa política de “una computadora por niño” es también el resultado de comités “ad-hoc” que cada día tienen que vencer los zarpazos con los que la burocracia prebendaria de los partidos trata de imponer contratos para los protegidos de los caciques de los partidos.

La mayor parte de los contratos del Estado se resuelve de esa manera y lo atestiguan las licitaciones amañadas, diseñadas para que ganen “los amigos”, cuestionadas por todos.

Los directorios, las juntas de gobierno, los comités centrales, las direcciones nacionales de los partidos jamás se reúnen para otra cosa que para negociar cupos o candidaturas, los instrumentos que necesitan para mantenerse en el marco que construyeron, las negociaciones entre ellas versan sobre lo mismo.

Los casos de la Corte Suprema, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura o los de las presidencias de las Cámaras Legislativas lo enseñan más allá de toda duda razonable.

No es extraño, pues, que nuestra administración de justicia se encuentre ocupada por nulidades que solamente saben a qué padrino político deben responder y que, por lo tanto, han convertido a la justicia paraguaya en un mercado repugnante.

No es verdad que los paraguayos necesitemos a estos partidos. Estos partidos son el problema que sufrimos, no son la solución. Tenemos que hacerlos desaparecer, como han hecho desaparecer a sus partidos prebendarios los griegos, los colombianos o los venezolanos.
Artículo publicado en la edición impresa del domingo 20 de mayo de 2012 del diario La Nación

Contra el pueblo, para seis empresarios

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Enrique Vargas Peña (foto de lanacion.com)

Durante la mañana de hoy, viernes 18 de mayo, conversé con el líder de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el Senado, Miguel Ángel González Erico, consultándole sobre qué posición tomarían ante las modificaciones realizadas a la ley 3850 (de la inspección técnica vehicular) por una mayoría de cuarenta y seis diputados ayer jueves.

Más de un millón de familias paraguayas poseen vehículos automotores. La ley 3850 fue proyectada por los senadores liberales Luis Alberto Wagner y Oscar Denis sin considerar a esa enorme cantidad de gente y, en cambio, teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de seis empresarios que ambicionan cobrar a los poseedores de vehículos el servicio de una inspección técnica.

Como los talleres requeridos para cobrar ese servicio exigían una inversión de entre quinientos y setecientos mil dólares cada uno, la rentabilidad de que esos empresarios necesitaban para ganar dinero con su inversión no les permitía instalar más de diecinueve talleres.

Por lo tanto, los senadores Wagner y Denis les hicieron una ley a la medida, que les asegurara la rentabilidad, aunque sacrificara los derechos de más de un millón de familias paraguayas poseedoras de vehículos automotores.

Por supuesto, la implementación de la 3850 causó una fuerte indignación popular y los miembros del Congreso se vieron obligados a buscar una salida decorosa para ellos.

Pero el resultado de las modificaciones realizadas en jueves a la 3850 es que se mantiene todo como estaba: La inspección técnica vehicular no se hará localmente, como desea nuestra Constitución, sino que seguirá siendo nacional.

Dice el Artículo 166 de nuestra Constitución que “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

La palabra “local” significa, según el Diccionario de la Real Academia “1. adj. Perteneciente o relativo al lugar…3. adj. Municipal o provincial, por oposición a generalo nacional”.

Y el Artículo 168 de nuestra Constitución establece que “Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley:…8. la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos…”

Me parece que es muy fácil entender que nuestra Constitución prescribe que las materias relativas a la circulación de vehículos deben atenderse de manera local “por oposición a general o nacional”.

La inspección técnica vehicular, que obviamente es una materia relativa a la circulación de vehículos, debe hacerse, según nuestra Constitución, localmente, no nacionalmente.

Esta disposición constitucional no es arbitraria. No está de adorno, no es superflua; es la que otorga sustancia a la descentralización de la que habla su Artículo 1. Los paraguayos resolvimos, en 1992, que queremos que las cosas que nos afectan más directamente en nuestra vida diaria sean atendidas y resueltas cerca nuestro, muy cerca, en las comunidades en las que vivimos, en nuestros municipios.

La ley 3850 es inconstitucional por varias razones, pero principalmente por esa, porque viola el Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución al establecer una inspección técnica vehicular de carácter nacional, por definición opuesto al carácter local que debe tener.

Las modificaciones aprobadas por los cuarenta y seis diputados ayer mantienen la violación del Artículo 168, inciso 8 de nuestra Constitución, aunque intentan disimularla, introduciendo como organismo de control de la ley a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), como si con eso pudiera compensarse la pérdida del carácter local que sufren con dichas modificaciones las materias relativas a la circulación de vehículos.

El sofisma es evidente cuando se observa que la OPACI es un organismo central, distinto de los municipios locales, aunque integrado por ellos.

Los cuarenta y seis diputados que pretenden así engañar a más de un millón de familias paraguayas propietarias de vehículos automotores para beneficiar a seis empresarios son los siguientes: Agustín Florentín, Ariel Oviedo, Blas Lanzoni, Clemente Barrios, Daniel Fleitas, Eladio Gómez, Engelberto Ayala, Fernando Oreggioni, Hugo Capurro, Jorge Baruja, Juan Denis, Luis Sarubbi, Modesto Salinas, Oscar Escobar, Perla A. de Vázquez, Wilson Dávalos, Andrés Giménez, Atilio Penayo, Carlos Paoli, César Garcete, Edgar Ortiz, Elva Martínez, Eulalio Morel, Gustavo Mussi, Héctor David Ocampos, Jorge González, Julio Mineur, Magdaleno Silva,  Nardi Gómez, Oscar González, Salustiano Salinas, Andrés Retamozo , Blas Vera Bejarano, Celso Maldonado, César López, Edgar Venialgo, Elvis Balbuena, Fabiola Oviedo, Herminio Dávalos, Jorge Avalos, José López Chávez, Luis Neuman, Ramonita Mendoza, Nelson Segovia, Pedro González y Víctor Bogado.

A pesar de que estos cuarenta y seis diputados pretenden perjudicar literalmente a millones de paraguayos para obligarlos a convertir en multimillonarios a seis empresarios dueños de talleres de inspección técnica vehicular, a pesar de que persisten en violar nuestra Constitución para beneficiar a dichos empresarios y a pesar de que el tema ocupa la atención de cientos de miles de ciudadanos preocupados, el líder de la bancada liberal en el Senado no estudió aún el tema y no sabe mucho de él.

El senador González Erico dijo que ya tendrá tiempo de estudiar el asunto cuando el proyecto de los cuarenta y seis diputados llegue a la Cámara Alta y pase a estudio de comisiones.

Lo cual confirma que los problemas reales de la gente real no son prioritarios para el senador, ni para la bancada de senadores del PLRA, que prefiere esperar, aún cuando el pueblo no pueda hacerlo.

Lo cual no sorprende, considerando que fueron liberales los senadores que regalaron la ley 3850 a los seis empresarios que se beneficiarán de ella o de su versión modificada.

Material enviado el viernes 18 de mayo a La Nación para su publicación en la edición digital