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El FMI y el IRP

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Enrique Vargas Peña (foto de abc.com.py)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Lisandro Abrego, concluyó, creo que el viernes, su evaluación de la situación económica de nuestro país, recomendando principal, aunque no únicamente, la implementación del impuesto a la renta personal (IRP) y el aumento de la presión tributaria.

En palabras simples, el FMI quiere que los paraguayos paguemos más impuestos para que el Estado disponga de recursos.

Para entender adecuadamente las recetas del señor Abrego, es necesario no olvidar que el FMI es básicamente un banco; que el negocio de los bancos es prestar dinero y que el negocio de prestar dinero requiere que quien presta se asegure que quien recibe el dinero pueda devolverlo.

El FMI no es malo ni bueno. Es simplemente un tipo de banco. No está para regalar dinero y cuando lo presta toma los recaudos que cualquiera en su lugar tomaría.

El caso de Grecia lo ejemplifica muy didácticamente.

Grecia, o mejor, los políticos que gobernaron Grecia durante los últimos veinte años, construyeron con gastos prebendarios uno de los mayores déficits fiscales del planeta y hace dos años se encontraron con que ya no podían financiarlo. Gastaron mucho más de lo que podían.

En situación de quiebra, esos políticos pidieron préstamos para pagar la deuda y en ese momento recurrieron al FMI, junto con la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE), que formaron lo que los griegos denominan “la troika” (literalmente trineo de tres tiradores, literariamente triunvirato) que envió a los políticos de Atenas un “memorándum”.

Así se conoce, bajo el nombre de “memorándum”, el pliego de condiciones que la troika impone al gobierno griego para prestarle el dinero que necesita para refinanciar su deuda.

Al FMI le interesa recuperar el dinero que va a prestar y, por tanto, su objetivo en una operación de salvataje como la que se está ensayando en Grecia, es asegurarse de que los políticos griegos pondrán a su disposición los recursos requeridos.

El FMI no fue a Grecia. Los políticos griegos fueron al FMI.

Las condiciones que el FMI impuso para prestar a los políticos griegos fueron simples y lógicas: Si quieren dinero del FMI tienen que asegurar el retorno y para ello deben elevar la presión tributaria todo lo que sea necesario para ese fin concreto.

Así, para obtener el dinero para pagar los gastos en que ellos incurrieron, los políticos griegos elevaron todos los impuestos en un promedio del quince por ciento, se incrementó además el impuesto al valor agregado (IVA) a la construcción de viviendas, las pensiones de la seguridad social fueron reducidas hasta un catorce por ciento, se estableció un impuesto de emergencia al consumo de electricidad, entre otras cosas.

El FMI no tiene por qué mirar la manera en que los políticos obtienen los recursos que necesitan para devolver los préstamos y, de hecho, no lo hace. Lo único que hace es exigir que el dinero le sea devuelto.

En síntesis, los políticos griegos hacen pagar sus cuentas al pueblo y, si son hábiles, le echarán la culpa al FMI. Esto es lo que harán también aquí  cuando llegue el momento, pues no se puede esperar originalidad de nuestros políticos.

En nuestro país está ocurriendo la misma cosa que en Grecia. Exactamente la misma cosa. Nuestros políticos liberales, colorados, oviedistas y luguistas están montando un déficit fiscal descomunal para sostener sus gastos prebendarios y para financiarlos quieren que nosotros, el pueblo, paguemos más impuestos.

Los datos del presupuesto está allí para cualquiera que desee mirarlos, son datos objetivos, son hechos: La mayor parte de los ingresos tributarios se destina al gasto corriente (jornales para recomendados de los políticos en todas y cada una de las reparticiones públicas y recursos para que tengan luz, agua, teléfono, Internet y transporte mientras sean funcionarios) y muy poco queda para la inversión.

Incluso los llamados programas “sociales” están compuestos en su mayor parte por jornales para recomendados políticos.

Por eso no tenemos dinero para construir una simple línea de 522 Kv para nuestro propio uso, tampoco lo tenemos para dar agua corriente al sesenta por ciento de nuestros compatriotas que no la tienen, tampoco lo tenemos para darles desagües cloacales (ochenta y cinco por ciento de los paraguayos no lo tienen), ni desagües pluviales, ni nuevas rutas, ni mantenimiento de las viejas, ni escuelas, ni medicamentos.

Nuestros políticos liberales, colorados, oviedistas y luguistas creen, todos, que el Estado es una “bolsa de trabajo” y no un prestador de servicios. Son iguales o peores que los políticos que arruinaron a Grecia. Creo que son peores.

El ministro Dionisio Borda se encuentra en figurillas este año para solventar los dispendios de los políticos y su obligación, como director de la Hacienda Pública, es asegurarse de tener a disposición líneas de crédito que le permitirán, eventualmente, financiar el déficit.

Su insistencia con el IRP tiene, como principal objetivo, lograr que los paraguayos paguemos dos mil quinientos millones de dólares más que ahora en impuestos (vía IVA), según me explicó el diputado Cándido Aguilera (el pasado 19 de marzo), quien trabaja muy bien relacionado con Borda y es autor de la ley de entrada en vigencia inmediata de ese impuesto ().

Para lograr apoyo público para esto, los políticos y el ministro Borda le dijeron al país que lo recaudado vía IRP no sería usado en gastos corrientes. Mintieron como pocas veces en nuestra historia.

Lo recaudado directamente por el IRP es apenas el cuatro por ciento del total de recaudado por la implementación de ese impuesto (que será vía IVA) y sobre el noventa y seis por ciento restante, ni los políticos, ni Borda, se comprometieron a usarlo en inversiones.

Y cuando el diputado Sebastián Acha propuso, en la sesión del 3 de mayo que aprobó la puesta en vigencia del IRP en la Cámara Baja, que todo lo recaudado mediante la implementación del IRP (dos mil quinientos millones de dólares via IVA) sea destinado a inversiones, los políticos le votaron estruendosamente en contra.

En fin, el señor Abrego del FMI no tiene por qué meterse en esto, él recomienda simplemente que los políticos le tengan esos millones de dólares listos en caso de que su organismo deba prestarnos el dinero.

Artículo publicado en la edición impresa de La Nación el 13 de mayo de 2012.

El idioma de los piedrazos

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Enrique Vargas Peña (foto de wordpress.com)

En las facultades de periodismo enseñan que lo que yo debí haber hecho el viernes a las 23:40 horas, cuando pasaba por la plaza Uruguaya y vi que la estaban invadiendo algunos “hermanos originarios”, era estacionar mi camioneta, fotografiar o filmar los hechos, entrevistar a los protagonistas e irme a publicar lo obtenido.

Como nunca cursé estudios en una facultad de periodismo, nada de eso hice. Al ver que los “originarios” estaban invadiendo la plaza, validos de una gran superioridad numérica sobre los pocos policías que custodiaban la propiedad del pueblo, traté de impedir la ocupación del espacio público: Le dije a los policías que llamaran refuerzos, increpé en muy alta voz a los invasores, me detuve a anotar el número de chapa del camión del que estaban descendiendo.

Me comentaron que en Telefuturo presentaron mi conducta como una provocación. O sea, para no “provocar” a los “hermanos originarios” debemos aceptar resignadamente sus desmanes.

Como premio a mi falta de neutralidad periodística, los “hermanos originarios” me rompieron el vidrio trasero de la camioneta.

Más lejos que nunca de la neutralidad periodística, bajé de mi auto roto, presa de una furia incontenible, y les grité todo el léxico de groserías que me vino a la cabeza.

Yo gritaba, ellos estaban armados con palos y piedras. Por cierto, para que no haya dudas, no lo hice por valiente, sino por rabioso.

Nunca intenté ocultar que soy grosero, muy grosero, “calentón”; ni que estoy lejos de ser un mojigato comedido conformista a la busca de ajustarme al manual.

El jefe del grupo, un señor de quepis blanco, me devolvió los gritos diciéndome, como insulto, que yo soy rico y, como justificación, que ellos son paraguayos “originarios”.

No niego que me gustaría mucho ser rico. Pero la camioneta que los “originarios” me rompieron es el primer auto que tengo en la vida, todos los que tuve antes, charatas desvencijadas, me los prestó mi familia. La estoy pagando en cuotas que importan un buen porcentaje de mi salario.

Como cualquier hijo de vecino, soy asalariado. Tal vez notorio, pero asalariado.

Hace cincuenta y un años yo también nací en Asunción del Paraguay y, aunque tuve oportunidades, jamás cruzó por mi mente la idea de irme de mi país o buscar un pasaporte de la Unión Europea.

Mis padres y todos mis abuelos son paraguayos. Mis dos abuelos varones combatieron por mantener el Chaco bajo bandera paraguaya. Estoy harto, harto, harto de que los “originarios” pretendan ser más paraguayos que yo. No lo son. No les acepto su discurso fascista de la pureza de la raza.

No defiendo la plaza Uruguaya de las ocupaciones por ser bueno ni heroico. La defiendo porque es mi barrio, vivo en el centro histórico de la ciudad y los “hermanos originarios” llevan años tratando de destruirla, llevan años tratando de privatizarla para su beneficio particular y por eso defiendo la plaza Uruguaya desde hace años.

Por eso, cuando vi que la estaban ocupando por enésima vez, les increpé, claro que si, sin neutralidad periodística alguna. No soy neutral, no quiero serlo, no me interesa la neutralidad.

Solamente quiero que la plaza sea plaza y no campamento de “hermanos originarios”. Es mi derecho.

Y por tratar de que la plaza sea plaza, recibí piedrazos, el idioma que los bárbaros prefieren. El idioma que los partidarios de la pureza de la raza usan siempre, desde Hitler hasta hoy.

Lucio Ruiz Díaz y Guillermo Grance de Canal 13 dijeron ayer que me extralimité: Yo recibí el piedrazo, mi auto fue el dañado, pero según ellos yo fui quien se extralimitó. Esta debe ser la neutralidad periodística que enseñan en las facultades.

El señor de quepis blanco que lideraba el grupo recibió, en el curso de la “conversación” que estábamos teniendo, una llamada a su celular.

Le grité que le diga a la Policía a quién le estaba rindiendo cuentas del operativo que a esas alturas ya había fracasado. Como siguió hablando sin darme satisfacción me acerqué más, por si no había oído mis gritos, por lo que pude escuchar el nombre de Panta Piris, invasor consuetudinario e impune de la plaza Uruguaya.

Le pedí que le enviara saludos de mi parte a Panta Piris, cosa que el señor de quepis blanco hizo, y después le pedí que le dijera que quería que me pagara el vidrio roto.

Fue ahí cuando escuché que el señor de quepis blanco le explicaba a su interlocutor telefónico algo como que “el gobernador había arreglado”, por lo que presumí, muy fuera control, que hablaba de José “Paková” Ledesma, habitual soporte de invasores.

Más tranquilo ya, no puedo asegurar que “Paková” tenga algo que ver, pero no me extrañaría.

La invasión recurrente de la plaza Uruguaya y su destrucción reiterada es el idioma de un grupo de gente que pretende establecer la fuerza como sistema de relacionamiento social en nuestro país, los piedrazos son su discurso más elocuente.

Pretenden establecer la fuerza como sistema de relacionamiento porque las minorías militantes no tienen otra manera de acceder al poder, el único instrumento que otorga poder a las minorías es la fuerza, y los piedrazos son un argumento muy contundente, por cierto, pues tienen la consecuencia de hacer callar a los interlocutores.

Todo esto decorado, por supuesto, con excusas para la impunidad tales como que los pobres tienen derecho a violar la ley para reclamar sus derechos y que los que no están de acuerdo con tal excusa son ricos desalmados e insensibles o, peor, esclavos de los ricos desalmados e insensibles.

El método les ha dado buenos resultados hasta ahora, pues usan la fuerza impunemente cada vez más para alcanzar los objetivos que buscan.

Por oponerme a eso, yo me extralimito, según algunos profesores de periodismo a los que les adelanto que voy a seguir oponiéndome, con todo el auxilio de la razón que pueda encontrar, al plan que tienen de reducir el debate público paraguayo a las invasiones nocturnas, muy bien planeadas para eludir la vigilancia policial, y a las pedradas.

Y que si los vuelvo a ver tratando de invadir la plaza, voy a volver a anotar los números de chapa de los camiones que los transportan, aunque se enojen Telefuturo o Canal 13.
Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 06 de mayo de 2012.

Me cortó el teléfono

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Enrique Vargas Peña (foto de inforsur.com)

El pasado viernes, 27 de abril, traté de hablar con los senadores que le impusieron al pueblo el pago de cincuenta millones de dólares (US$ 50.000.000) para pagar a personas falsamente denominadas “inscriptores”, para que la audiencia de la 9.70 AM pudiera escuchar por boca de los mismos en qué se basaron para actuar de ese modo.

El jueves 26, una amplia mayoría de senadores sancionó, a las apuradas y a las escondidas, esa ley por la que darán tan enorme cantidad de dinero. No publicaron la lista de asistentes, se negaron a votar nominalmente y trataron de votar sin presencia de la prensa, tan conscientes son de la indecencia de esa ley.

El proyecto de ley aprobado por el Senado habla de destinar salarios mínimos como para nueve mil (9.000) personas falsamente denominadas “inscriptores”, que se sumarán a los ocho mil (8.000) que ya están en Justicia Electoral, para inscribir hasta diciembre a doscientos cincuenta mil ciudadanos en el Registro Cívico.

Publiqué dos artículos sobre este proyecto en los que se detalla la genealogía del mismo y sus mentiras, “La democracia es cara” () y “Políticos sin vergüenza” ().

El diario ABC reconstruyó la lista de presentes, por lo que ahora sabemos, a pesar de que intentaron esconderse, que votaron por esa ley los liberales Oscar Denis, Blanca Fonseca, Julio César Franco, Zulma Gómez, Ramón Gómez Verlangieri, Iris Rocío González, Amancio López, Alfredo Jaeggli y Luis Alberto Wagner; los colorados Gregorio Areco, Rogelio Benítez, Víctor Bernal, Jorge Céspedes, Juan Carlos Galaverna, Oscar González Daher, Juan Darío Monges, Alfredo Stroessner, Julio César Velázquez y Lucio Vergara; los oviedistas José Manuel Bóveda, Roger Caballero, Mario Cano Yegros, Herminio Chena, Enrique González Quintana, Clarissa Marín, Jorge Oviedo Matto y Lino César Oviedo; los de País Solidario Alberto Grillón y Samuel García y el de Tekojojá Sixto Pereira.

Me contestaron las llamadas Gregorio Areco (ANR) y Oscar Denis (PLRA). El día anterior, jueves, me había contestado ya Ramón Gómez Verlangieri (PLRA).

Gregorio intentó mentir, diciendo que lo aprobado era para pagar la compra de elementos necesarios para el funcionamiento de la justicia electoral con las innovaciones introducidas últimamente (desbloqueo y voto en el exterior), pero desistió pronto al notar, seguramente, que yo tenía frente a mí el proyecto que habían aprobado, que habla casi exclusivamente de jornales, pasajes y viáticos.

Areco y Gómez Verlangieri admitieron finalmente lo que todo el mundo sabe, que votaron así para el pago de operadores políticos, para financiar el funcionamiento de las estructuras electorales de sus partidos.

Pero Oscar Denis intentó mantenerse en la mentira.

Sostuvo que los salarios, aprobados para los falsamente denominados “inscriptores”, son para inscribir a un millón de paraguayos.

Le pregunté si había leído el proyecto que aprobó y me dijo que sí. Entonces le pregunté cómo, si había leído el proyecto, estaba hablando de un millón de inscriptos cuando en las planillas que justifican el presupuesto del proyecto se habla solamente de doscientos cincuenta mil inscriptos hasta diciembre.

En ese momento le dije que estaba mintiendo. Se lo dije porque mintió al decir que había leído el proyecto o mintió al cambiar las cifras de inscriptos con que se justificó el proyecto.

Me dijo que si lo iba a tratar de mentiroso no seguiría la conversación y que me volvería a atender cuando yo fuera más objetivo.

Y mientras yo empezaba a leerle el texto de las planillas de presupuesto del proyecto, que hablan de doscientos cincuenta mil inscriptos, para que sepa por qué le había dicho que estaba mintiendo, me cortó el teléfono.

No cuestiono el derecho de político alguno a cortarme el teléfono. Pero si lo hacen, tengo derecho a pensar que cortaron porque se quedaron sin argumentos: En efecto, la lectura de las planillas de presupuesto del proyecto muestra que Oscar Denis mintió al decir que leyó el proyecto o que mintió al hablar de un millón de inscriptos; cuando quedó en evidencia, prefirió cortar.

Tengo entendido –me lo contaron vía Facebook- que la senadora Blanca Fonseca (PLRA) le dijo a Carlos Peralta, en radio Primero de Marzo, que “no me arrepiento haber votado el Presupuesto de la Justicia Electoral, porque…los funcionarios…trabajan como negros (sic)…no tienen horario ni día para defender la democracia y ni siquiera ganan sueldo mínimo”.

Si los funcionarios de Justicia Electoral no ganan salario mínimo, entonces quiere decir que con la ley sancionada el jueves contratarán a mucho más que nueve mil (9.000) personas.

Pero supongamos que contratarán solamente a nueve mil (9.000). Se sumarían a los ocho mil (8.000) que ya están en Justicia Electoral, totalizando diecisiete mil (17.000) personas para inscribir a doscientos cincuenta mil ciudadanos (250.000) hasta diciembre.

Esto da que cada “inscriptor” deberá inscribir a dos (2) personas por mes: Dos (2) por (x) diecisiete mil (17.000) es igual (=) a treinta y cuatro mil (34.000) por mes. Y desde mayo hasta diciembre hay ocho meses (8), por lo que ocho (8) por (x) treinta y cuatro mil (34.000) es igual (=) a doscientos setenta y dos mil (272.000) inscriptos.

Blanca Fonseca y los senadores que votaron con ella, pretenden que creamos que inscribir a dos (2) personas por mes es “trabajar como negros” (sic).

Supongamos aún que la cifra que quiso hacernos creer Oscar Denis es la correcta y que esos diecisiete mil (17.000) “inscriptores” deben inscribir un millón (1.000.000) de ciudadanos, tendríamos que cada uno debería inscribir a ocho (8) ciudadanos por mes: Ocho (8) ciudadanos por (x) diecisiete mil (17.000) “inscriptores” es igual (=) a ciento treinta y seis mil (136.000) inscriptos por mes y ciento treinta y seis mil (136.000) inscriptos por mes por (x) ocho (8) meses es igual (=) a un millón ochenta y ocho mil (1.088.000) inscriptos hasta diciembre.

Se observa pues que si la cifra que quiso hacernos creer Oscar Denis es la correcta, cada “inscriptor” debería inscribir a cuatro (4) ciudadanos por semana, menos de uno (1) por día. Eso es para la senadora Blanca Fonseca “trabajar como negro” (sic).

Como se ve fácilmente, la “inscripción” que los políticos que sancionaron con la ley en cuestión es solamente una excusa y lo que nos están obligando a pagar en realidad es a operadores políticos que dedicarán la mayor parte del tiempo de sus “contratos” en Justicia Electoral a operar para la reelección de los senadores y diputados que votaron por esa ley.
Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del domingo 29 de abril de 2012