Enrique Vargas Peña (foto de paraguay.com)
El viernes 1 de agosto, en “Tarde de Perros” por la 9.70AM, Juan Schmalko, director paraguayo de Yacyretá nos confirmó que mantendrá la acción de inconstitucionalidad que nuestras binacionales presentaron contra la ley 5189/14 que ordena publicar salarios (), lo cual confirma que los grupos de poder que no quieren transparentar las cosas persistirán en el esfuerzo de evitar que el pueblo paraguayo sepa en qué se gasta su dinero.
Es decir, las amenazas contra la publicidad de las cuentas que pertenecen al pueblo paraguayo continúan y el actual triunfo que nos permite conocer algunos datos es apenas provisional.
Gracias a la simple lógica republicana del pueblo paraguayo (“lo público debe ser público”), que prevaleció sobre los absurdos con los que abogados muy bien pagados tratan de ocultar y mantener privilegios escandalosos, ahora sabemos a ciencia cierta que los recomendados de políticos en nuestras binacionales, Itaipú y Yacyretá, se llevan millones de dólares a sus cuentas sin más mérito que el padrinazgo.
Telefonistas, mozos, choferes, guardias de seguridad, profesionales fracasados y muchos directores ganan más que el presidente de la República, sin que ningún concurso de méritos justifique las ganancias que, dada la manera en que surgieron, no son más que privilegios otorgados por políticos indecentes a costa del bienestar del pueblo paraguayo.
Gracias a la simple lógica republicana del pueblo paraguayo, que también prevaleció sobre los peores políticos que desgraciadamente integran el Congreso, ahora sabemos además que alrededor del noventa por ciento de los ingresos tributarios se evaporan mediante bonificaciones, gratificaciones, “presentismo”, “responsabilidad en el cargo”, “antigüedad” y cuanto otro disparate se les haya ocurrido para vaciar “legalmente” las arcas del pueblo.
Un hecho tenemos que tener en claro los paraguayos: No tenemos cloacas para servir al ochenta por ciento de la población, no tenemos agua corriente para servir al setenta por ciento de la población, no tenemos escuelas dignas de ese nombre, no tenemos hospitales adecuados, ni rutas suficientes, ni calles bien pavimentadas, ni radares, ni Internet, porque nuestro dinero de las binacionales y de los ingresos tributarios se usa para pagar todos estos dispendios que benefician a los recomendados de políticos inescrupulosos.
La publicidad de los dispendios, como se ve con la declaración de Schmalko, es apenas una batalla en la guerra que estamos librando contra los secuestradores de nuestra gran República, esos políticos que llevan más de veinte años apropiándose indebidamente del dinero de los ciudadanos para construir un sistema oligárquico en el que unos pocos, trescientos mil a lo sumo, se apoderan del trabajo de siete millones para vivir como reyes condenando a los demás a sufrir condiciones africanas de vida.
Tengo que decir que hasta ahora el presidente Horacio Cartes ha sido un aliado clave del pueblo y espero que lo siga siendo, aunque a veces su cautela en la cuestión de las binacionales me genera desconfianza: No entiendo, por ejemplo, por qué no ordenó a los abogados de las binacionales que retiren inmediatamente la acción de inconstitucionalidad contra la ley 5189/14.
Estos abogados y otros miembros de los consejos de nuestras binacionales le siguen diciendo a Horacio, en resumen, dos mentiras: Primera, que se requiere “acuerdo” de Brasil en Itaipú y de Argentina en Yacyretá para que las leyes paraguayas que no colisionen con los tratados tengan plena vigencia para el personal paraguayo y, segunda, que si se da vigencia a las leyes paraguayas que no colisionan con los tratados, Brasil o Argentina pueden promulgar leyes que sí colisionan con los tratados.
Sobre la primera mentira, cualquier persona que lea los artículos 19 de ambos tratados puede entender fácilmente que la vigencia de leyes nacionales para los empleados paraguayos de ambas binacionales no requiere de ningún acuerdo previo porque ambos tratados la autorizan y la ordenan expresamente.
Los artículos 19 dicen: “1. La jurisdicción aplicable…con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas…en el Paraguay, será la de la ciudad…de Asunción…A tal efecto, cada Alta Parte Contratante aplicará su propia legislación teniendo en cuenta las disposiciones del presente Tratado”.
Esto quiere decir que Paraguay aplica su propia legislación, por ejemplo la ley 5189/14, por disposición de los propios tratados, de pleno derecho y sin necesidad de permiso o autorización algunos. La ley 5189/14 no colisiona con los tratados, en ningún aspecto ().
“Su propia legislación”, dicen ambos tratados, no las normas para funcionarios internacionales. Las leyes nacionales de cada país, sin necesidad de permiso del otro, sin necesidad de su acuerdo.
La segunda mentira fue resumida en la declaración que realizó, esta semana que pasó, el director jurídico de Yacyretá, Luis Canillas, a la 9.70AM, en la que sostuvo que si se impone la vigencia “unilateral” de la ley 5189/14 para las binacionales, los argentinos podrían, por ejemplo, “unilateralmente” pesificar sus obligaciones derivadas del Tratado de Yacyretá.
Vale remarcar antes de contestar este argumento que por lo antes señalado sobre los artículos 19 de ambos tratados, no existe tal “unilateralidad” con la ley 5189/14, desde que ambos autorizan la vigencia de las leyes nacionales.
Cualquier persona que lea los Anexos “C” de ambos tratados puede entender fácilmente que ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay, pueden promulgar leyes nacionales que ordenen el uso de sus monedas nacionales, como argumenta el director jurídico de Yacyretá, para cancelar obligaciones por la energía producida por las binacionales porque ellos, los tratados, establecen que la moneda de cancelación es el dólar de Estados Unidos; luego, cualquier ley nacional que estableciera cosa semejante sería violatoria de los tratados.
Estoy seguro que los directores jurídicos de las binacionales conocen el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Tratados de 1986, que dice “1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado”.
Y por eso deberían explicar por qué le mienten con aquel argumento al presidente Cartes y al pueblo paraguayo y por qué siguen buscando que la Corte Suprema de Justicia valide sus mentiras y sus absurdos.
Artículo publicado en la edición del domingo 3 de agosto de 2014 de La Nación ().
