Enrique Vargas Peña (foto de nanduti.com.py)
Hace años sostengo que la Policía Nacional, así como se encuentra concebida, estructurada, integrada y dirigida no solamente no sirve para cumplir con las obligaciones que le impone el Artículo 175 de nuestra Constitución, sino que es la mayor dificultad que sufre nuestra República para cumplirlas.
No se puede cumplir lo que ordena el Artículo 175, que dice que “Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, (la Policía) tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos”, con la Policía así como está.
Luego, no se puede obtener éxito sostenido alguno contra el narcotráfico, o contra la inseguridad en las calles, o contra las invasiones de terrenos urbanos o rurales, con esta Policía y, de hecho, nadie puede mostrar ninguna estadística seria que avale que cualquier supuesto éxito de la Policía sea sostenido.
Y mucho menos puede, esta Policía, obtener éxito sostenido alguno contra el terrorismo de la banda marxista autodenominada “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) que, gracias a la ineficiencia policial crónica, es dueña de moverse como quiere en extensos territorios del Norte.
El EPP ataca cuando quiere, donde quiere, como quiere y queda impune siempre. Esos son los hechos incontrovertibles de los últimos diez años. Nadie puede discutir seriamente que las detenciones o eliminaciones de algunos integrantes del EPP en nada han reducido la capacidad operativa de los terroristas, lo que muestra que no han sido éxitos decisivos.
Consecuentemente, el domingo 18 de agosto, tras la masacre cometida por el EPP en la zona de Tacuati, era evidente para todos nosotros que había que hacer algo muy urgente para enderezar la situación.
Debido a la larga noche autoritaria que sufrimos los paraguayos desde que las Fuerzas Armadas decidieron convertirse en una milicia política secuestradora del poder público el 17 de febrero de 1936, hago reservas sistemáticas acerca de relajar de cualquier modo el control civil pluralista sobre ellas y me opongo, en general, a su uso en tareas de orden interno, una de las funciones que tuvieron durante la vigencia de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Pero entiendo la crítica situación del presidente Horacio Cartes: No puede contar con la Policía por las razones expuestas al principio y, para hacer frente al EPP, solamente le quedan los militares, con los riesgos señalados en el párrafo anterior y con el agravante de que el fenómeno terrorista es de naturaleza intrínsecamente criminal y no militar.
La intervención militar en el mantenimiento del orden interno está reglada por los Artículos 173 (“su misión es…la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, conformes con esta Constitución ”) y por la ley 1337.
Hasta esta semana, en virtud de dicha ley, solamente podían intervenir una vez establecido el Estado de Excepción. A partir de las modificaciones a la ley votadas por el Congreso y promulgadas el jueves (ley 5036), los militares pueden intervenir a discreción (“Del lat. discretĭo, -ōnis. 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. 2. loc. adv. Al antojo o voluntad de alguien, sin tasa ni limitación”) del presidente de la República (nuevo art. 56 de la 1337).
El concepto cuestionable en el nuevo art. 56 es “amenaza”, que no está definido con la especificidad requerida para evitar la discrecionalidad apuntada.
Si yo fuera Horacio Cartes, jamás me arriesgaría a enfrentar al EPP con la Policía, pues sería ir a una derrota segura. Sobre todo después de constatar que en la Policía hay elementos que deliberaron (), a pesar de la prohibición constitucional expresada en el señalado Artículo 175, para oponerse al nombramiento de Francisco de Vargas como ministro del Interior.
Pero, a diferencia del presidente, habría especificado rigurosamente el concepto “amenaza” en los términos del Código Penal o con aún mayores precisiones y así hubiera convocado a las Fuerzas Armadas, pero en reemplazo de la Policía, para sacar a esta del teatro de operaciones y reformarla radicalmente, pues en la Policía hay gente que tiene interés en hacer fracasar al ministro De Vargas.
El presidente eligió hacer frente al EPP con la participación de una fuerza interesada en su fracaso, la Policía. Así será difícil obtener la victoria.
Artículo publicado en la edición el domingo 25 de agosto de 2013 de La Nación ()
