Enrique Vargas Peña (foto de musulmanesdecostarica.blogspot.com)
Un grupo de ciudadanos “bien intencionados” ha estado impulsando, tanto durante la administración de Federico Franco como en la actual de Horacio Cartes, el establecimiento de un marco legal de responsabilidad fiscal mediante un proyecto de ley. Olvidan que las buenas intenciones son el pavimento del camino al Infierno, según el sabio refrán popular.
El concepto de responsabilidad fiscal, no gastar lo que no se tiene y gastar solamente en lo que se requiere, es compartido por todos los actores serios de la vida nacional, excepto demasiados referentes de los partidos políticos que en los últimos veinte ejercicios fiscales (1993/2013) inventaron ingresos inexistentes en los presupuestos generales para permitir la contratación en el Estado de más de cien mil operadores electorales.
Pero para impedir a estos referentes de los partidos políticos que sigan inventando ingresos, que sigan gastando lo que no se tiene y en lo que no se requiere, aquel grupo de ciudadanos “bien intencionados” propuso, en su proyecto de ley de responsabilidad fiscal, violar nuestra Constitución restringiendo la facultad presupuestaria que ella otorga al Congreso en sus Artículos 202 (incisos 4 y 5) y 216 y delegar esas facultades en el Poder Ejecutivo a pesar de que el Artículo 3 de nuestra Carta Magna prohíbe expresamente que un poder del Estado delegue en otros sus funciones privativas o lo habilite a ejercerlas en su nombre.
El Artículo 202 inciso 4 de nuestra Constitución establece que al Congreso, y solamente al Congreso, corresponde “legislar sobre materia tributaria”. Esta disposición es la base del sistema democrático de gobierno y surge, en la historia, de la victoria que los contribuyentes ingleses obtuvieron sobre el rey (Poder Ejecutivo) Juan Sin Tierra el 15/19 de junio de 1215 al obligarle a firmar la “Magna Charta” que en sus “cláusulas” 12 y 14 establecía que no habría contribución sin representación.
Estas disposiciones de la “Magna Charta”, condenadas expresamente por el papa Inocencio III en su Bula del 24 de agosto de 1215, fueron confirmadas en la “Ley de Derechos” (Bill of Rights) de Inglaterra el 16 de diciembre de 1689 y establecidas como parte de la Constitución de Estados Unidos en la sección 8 de su Artículo 1.
El principio democrático es simple: Es el pueblo el que da el dinero que debe administrar el Poder Ejecutivo; es el dinero del pueblo el que administra el Poder Ejecutivo; luego, es la representación del pueblo, y nadie más, quien puede legítimamente decidir cuánto dinero se dará al Poder Ejecutivo para administrarlo.
La mera idea de que el Poder Ejecutivo sea el que decida cuánto dinero se sacará al pueblo implica volver a los despóticos tiempos anteriores a 1215. Y volver a tiempos anteriores a 1215 es la principal reivindicación que, desde el punto de vista histórico y filosófico, hace el fascismo.
No es casualidad ni accidente que el golpe fascista de José Félix Estigarribia en nuestro país, el 18 de febrero de 1940 y su consecuente carta política del 10 de julio de 1940 impusiera, como principal elemento, la restricción del poder de la representación del pueblo a decidir cuánto dinero se daría al Poder Ejecutivo y a asignar la manera en que ese dinero se gastaría.
El proyecto de responsabilidad fiscal ideado por las personas “bien intencionadas” mencionadas al principio, somete al Congreso que es la representación del pueblo, en sus artículos cuarto y décimo tercero a la vigilancia y fiscalización del ministerio de Hacienda, que no es más que una mera ayudantía del presidente de la República. Esto solo constituye ya una delegación de poder de las expresamente prohibidas por el Artículo 3 de nuestra Constitución.
Estos dos artículos del proyecto son, de hecho, “habilitantes” de plenos poderes para el Ejecutivo. Son absolutamente inconstitucionales. Son el camino al Infierno.
El artículo octavo del proyecto, que es el más importante, el principal, pues habla de la estimación de ingresos, restringe de facto la facultad del Congreso de fiscalizar los recursos, aunque en todo régimen democrático es el pueblo el que vigila los ingresos del Poder Ejecutivo y es en el fascismo donde el Poder Ejecutivo impone al pueblo lo que necesita.
La responsabilidad fiscal que los demócratas exigimos a los mencionados referentes de los partidos políticos que inventan ingresos, que gastan lo que no se tiene y en lo que no se requiere, no se puede lograr violando nuestra Constitución sino asegurando que si quieren más ingresos que los posibles con el actual nivel de contribución, deben necesariamente aumentar los impuestos.
Artículo publicado en la edición del domingo 8 de setiembre de 2013 de La Nación ().
Artículos referidos al mismo tema en otros medios:
Juan Carlos Mendonca en ABC ()
Ultima Hora sobre ingresos “inventados” por el Congreso ()
