Enrique Vargas Peña (foto de nanduti.com.py)
El transporte público en el área metropolitana, Asunción y los municipios que la rodean, es un viejo desastre que los ciudadanos menos favorecidos soportan desde hace décadas porque los políticos, que están en connivencia con los empresarios transportistas, impiden desde siempre que en ese sector de la vida nacional se establezca la libertad de mercado.
Durante la primera parte del gobierno de Alfredo Stroessner el transporte público en el área metropolitana era estatal y era en parte eléctrico (Administración de Transporte Eléctrico, ATE) y en parte a hidrocarburos.
La insatisfacción producida por el monopolio público alentó entonces al gobierno a ensayar una tímida apertura, autorizando la aparición de empresas privadas, que en el comienzo usaban las famosas “kombis” de Volkswagen, para explotar el servicio en algunos itinerarios.
Desde el principio, sin embargo, la apertura tuvo poco que ver con una liberalización, pues las licencias y los itinerarios los seguía otorgando el Estado a allegados al gobierno.
Así nacieron las actuales empresas de transporte público del área metropolitana, como concesiones graciosas del régimen a sus amigos.
Producido el 3 de febrero de 1989, estos beneficiarios del sistema autoritario mantuvieron sus privilegios gracias a los vínculos que habían formado con el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) con cuyas campañas electorales vienen contribuyendo.
A cambio, la ANR garantizó por años a esos empresarios la continuidad del sistema de licencias e itinerarios, por lo que el servicio prestado nunca fue bueno, ni eficiente, ni siquiera limpio (en términos de mera higiene), pues el lucro de estos empresarios jamás dependió de la satisfacción del cliente, como ocurre en empresas que deben competir en el mercado.
Cualquiera que haya leído a Adam Smith sabe que este autor escocés enunció el axioma, confirmado por siglos ya de estudios económicos, que establece que el empresario no quiere competir, que prefiere acordar para repartirse el mercado con los que eventualmente se presenten en él, que busca establecer monopolios u oligopolios que le liberen de la necesidad de estar pendiente de las demandas de los consumidores.
Adam Smith proponía, para hacer frente al poder económico de esos empresarios, un Estado fuerte que les pusiera un límite: El de obligarles a competir asegurando la libre concurrencia, la libre fijación de precios y prohibiendo las prácticas monopólicas.
Es de Adam Smith que deriva el Artículo 107 de nuestra Constitución, que prohíbe las prácticas monopólicas y garantiza la libre concurrencia.
Pero para los políticos en connivencia con los empresarios de transporte del área metropolitana el Artículo 107 siempre fue letra muerta.
Como el sistema de transporte público del área metropolitana heredado del régimen autoritario seguía, como no podía ser de otra manera, generando enorme insatisfacción de los usuarios y pésimo abastecimiento de la demanda, ensayaron un esquema que les permitía al mismo tiempo decir que “cambiaban” el modelo anterior y consolidar el oligopolio: La Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, SETAMA.
SETAMA es la formalización de un oligopolio inconstitucional, claramente violador del Artículo 107 de nuestra Constitución. Lo prueba que en su consejo se sientan los empresarios del transporte beneficiarios de las licencias (que ahora otorga ella misma, lo cual impide la libre concurrencia) y se sientan con ellos los políticos y los sindicalistas que forman parte del mismo esquema; lo prueba que SETAMA reparte el mercado (lo que impide la libre competencia) y lo prueba que ella fija los precios, que nada tienen que ver con oferta y demanda (lo que caracteriza al sistema de precios en una economía de mercado), sino con las necesidades de los explotadores del sector.
Como no podía ser de otra manera, el oligopolio no mejoró ni un ápice del transporte público del área metropolitana, establece sus precios mediante abusos (no cumplió ni uno, pero ni uno solo siquiera, de los requisitos establecidos para estudiar los costos reales del transporte) y se dedica, desde su creación, a eliminar por vía policial cualquier competencia que se le presente, como ahora hacen atacando a las líneas “internas” de los municipios afectados por SETAMA.
Entrevisté en el curso de la pasada semana a José Luis Argaña, viceministro interino de Transporte, en la 9.70 AM para tratar de entender si el gobierno tiene o no algún plan alternativo al oligopolio, solamente para escuchar, sin sorpresas, el argumento clásico de defensa de los detentores de dicho oligopolio: Si liberamos el transporte público, me dijo Argaña, los precios se dispararán.
Esa afirmación no resiste el menor análisis.
Hasta 1948, las potencias ocupantes de Alemania Occidental (Francia, Reino Unido y Estados Unidos) mantuvieron a ese país bajo el férreo sistema de controles de precios establecido por Adolfo Hitler con la misma excusa de Argaña.
Apenas recuperada la soberanía nacional alemana, Ludwig Ehrard, en un solo día y de un solo plumazo, liberó todos los precios de Alemania Occidental. No solamente los precios no subieron, sino que en general bajaron y Alemania se convirtió en poco tiempo, en la primera potencia europea y hoy, en la potencia hegemónica de Europa.
En nuestro país, la durísima competencia en el sector de telefonía celular no solamente no hizo subir ningún precio, sino que ellos bajan de manera constante y no solamente bajan, sino que la calidad y cantidad de servicios de los que hoy disponemos los paraguayos gracias a esa competencia es ejemplar.
Hay que liberalizar radicalmente el sector de transporte y el lucro que obtengan los empresarios que se dediquen al mismo, debe originarse en la satisfacción de los usuarios, como es en toda empresa obligada a competir en un mercado libre.
Articulo publicado en la edición del domingo 05 de enero de 2014 de La Nación ().
