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Cien días complaciendo a los prebendarios

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Enrique Vargas Peña (foto de vivapy.wordpress.com)

Los “cien días” que son famosos y que iniciaron esta tradición de evaluar la gestión de presidentes recién electos fueron los que transcurrieron entre marzo y junio de 1933, en Estados Unidos, cuando Franklin Delano Roosevelt inició su presidencia.

Roosevelt tomó posesión de la presidencia norteamericana el mismo mes en que los indicadores económicos mostraban la destrucción de casi la mitad del producto industrial estadounidense, con las consecuentes caídas catastróficas del ingreso per cápita y del empleo, originada en la crisis financiera de 1929.

En su primer discurso como presidente el 4 de marzo del 33, Roosevelt definió el rumbo que quería dar, y que dio, a su presidencia: “Este país exige acción, y una acción inmediata. Nuestro mayor y primordial empeño es el de poner a la gente a trabajar”.

Convocó al Congreso a una maratón legislativa en la que obtuvo casi todas las leyes que pidió para buscar el logro de su objetivo. Obviamente, Roosevelt no obtuvo todo lo que busco, pero logró una poderosa e inmediata reactivación productiva que para julio del 33 ya crecía decididamente hacia los niveles previos a 1929.

Pero lo más importante fue, como lo definió Walter Lipmann, que “a fines de febrero” (de 1933) “éramos un montón de turbas y facciones atacándonos desordenadamente en pánico. En los cien días…volvimos a ser una nación organizada, confiada en nuestro poder de proveernos nuestra propia seguridad y en control de nuestro propio destino” ().

Otros cien días no menos famosos fueron los primeros de Ronald Reagan, a quien según las encuestas los norteamericanos de hoy consideran su mejor presidente ().

En enero de 1980, los norteamericanos sufrían una de las mayores, sino la mayor, inflación de su historia, 12.5%. El desempleo orillaba el 8% y país había perdido el liderazgo mundial.

En su primer discurso como presidente el 20 de enero de 1980, Reagan definió el rumbo que quería dar, y que dio, a su presidencia: “En la presente crisis, el gobierno no es la solución para nuestros problemas, el gobierno es nuestro problema”.

Reagan también convocó al Congreso a una maratón legislativa en la que logró la mayor parte de sus objetivos. Para cuando dejó la presidencia, en 1989, la inflación estaba en 4.4%, el desempleo no superaba el 5% y Estados Unidos era la potencia hegemónica del mundo.

Horacio Cartes arrancó su presidencia en nuestro país con problemas diferentes, y no por la magnitud, a los que enfrentaron Roosevelt  y Reagan y que podemos sintetizar en lo siguiente: Sufrimos un Estado que está secuestrado por los políticos y que ha sido convertido en fuente de privilegios para ellos y sus clientes y que, por tanto, no presta ni puede prestar adecuadamente ninguno de los servicios para cuya prestación existe contribuyendo decisivamente a que la pobreza que padecen más de dos millones de paraguayos no pueda ser solucionada.

La indignación ciudadana que está de manifiesto ahora tiene que ver con el agotamiento total del modelo prebendario que los políticos impusieron, estamos al borde, los paraguayos, de una descomposición grave de nuestro sistema institucional.

La gente sabe ya ahora que los impuestos que los políticos nos cobran se usa para dar empleo a los afiliados de los partidos políticos, violando el Artículo 47 inciso 3 de nuestra Constitución (“El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 3. la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”) y la ley 1626/00. Más del cien por ciento de todos los ingresos tributarios se aplican a pagar el gasto corriente así generado ().

El presidente Cartes impulsó y obtuvo dos leyes, la de Responsabilidad Fiscal y la de Alianza Público Privada, que pueden contribuir a aliviar la falta de inversión que es consecuencia del abuso que los políticos hacen de los ingresos tributarios, pero no impulsó absolutamente ningún cambio en el Presupuesto General de Gastos, que sigue financiando los privilegios de los políticos, ni alentó las leyes necesarias para poner fin al prebendarismo.

Parafraseando a Reagan, “el funcionariado no es nuestra solución, es nuestro problema” y es necesario un cambio radical y drástico en la manera en que se integra y funciona.

En estos primeros cien días de Horacio, el gobierno ha sido tímido, demasiado tímido, en el intento de atacar el prebendarismo de los políticos, para ponerle punto final de una buena y definitiva vez.

Nuestro presidente está corriendo un riesgo que no puede darse el lujo de correr. El de terminar como Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, paralizados por la burocracia prebendaria y los intereses de los políticos.

Los prebendarios son violadores de nuestra Constitución y de la ley, las violan para apropiarse indebidamente de recursos públicos, no merecen ninguna contemplación, ninguna consideración, ninguna concesión, simplemente hay que imponerles sin más trámites nuestra Constitución y la ley.

Aunque se enojen Yoyito Franco y Enrique Bacchetta, aunque se disgusten Oscar González Daher y Ramón Gómez Verlangieri, aunque amenacen Blas Llano y Julio César Velázquez.

Si Horacio no lo entiende, tendremos cinco años perdidos, otra vez.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 24 de noviembre de 2013 de La Nación ()

 

Materiales publicados en otros medios con datos relacionados al tema:

Ultima Hora: En cien días, seguimos manteniendo a los prebendarios, nada más (ow.ly/r7WU4).

Comiendo al lado de Gómez Verlangieri

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Enrique Vargas Peña (foto de ahoraparaguay.com)

Una de las cosas más desagradables que puede ocurrirle a cualquier ciudadano medianamente decente es encontrarse, en su tiempo libre, con los cómplices de la degradación moral y económica de nuestra República en restaurantes, pizzerías, pubs o supermercados.

Tenemos que soportar estar recorriendo las góndolas del súper, eligiendo con cuidado los productos para que alcance la plata, mientras en el otro pasillo Enrique Bacchetta, Julio Velázquez, Mirta Gusinky, Nelson Aguinagalde, Gustavo Alfonso, Juan Darío Monges, Carlos Nuñez, Silvio Ovelar, Julio Quiñonez, Oscar Salomón, Oscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, José Manuel Bóveda, Blas Llano, Emilia Alfaro, Blanca Fonseca, Enzo Cardozo, Yoyito Franco, Ramón Gómez Verlangieri, Zulma Gómez, Fernando Silva, Luis Alberto Wagner o Víctor Bogado nos ofenden vaciando los anaqueles con el dinero que les sobra porque nos obligan a pagar el nivel de vida de sus familiares, de sus sirvientes, de sus operadores.

Vamos a una pizzería y en las mesas vecinas cualquiera de esos 23 senadores ensaya risotadas obscenas que surgen de los privilegios que nos hacen pagar. Nuestros impuestos los usan para financiar a sus familias, sirvientes y operadores, no tienen apuros económicos, la Hacienda pública es para ellos.

Siempre impunes, siempre ganadores, entre los 23 hay quienes llevan años usando el Presupuesto General para sus fines particulares. Son cada vez más poderosos, cada vez más ricos, están cada vez más seguros de haber encontrado la forma de vivir sin preocuparse.

Pero ahora, al fin, algo está cambiando. “Un Toro y Siete Vacas”, de Villa Morra; “La Pasiva”, del Shoping del Sol; “El Omnívoro”; “Tiam Caffe”, “Apart Hotel II” de San Bernardino; la tienda “Tobago”; “Kilkenny Pub”; “Cafe Vintage”; “Aile Pizza”; “Empanadas Don Vito”; “Walterio”; “Smuchi”; “Schamrock”; “Pizza Urbana”; “El Café de Acá”; “Kuredumas Slow Pizza”; “La Viuda Bar”; “Bodega Toro Loco”; “De la Casa Pederzani”; “El Ojo del Amo” y, según recuenta “Ultima Hora” muchos más que se van sumando, están negando el acceso a sus locales a estos 23 senadores garantes de la impunidad que sufre nuestra República () (ow.ly/qTSAu).

Espero que el ejemplo de estos valientes ciudadanos se extienda, se profundice y se prolongue y que los 23 cómplices de la impunidad terminen pagando aunque sea socialmente el costo de vivir como viven, llenos de privilegios injustos que perjudican a todos los paraguayos menos a sus recomendados.

Todavía no los podemos echar del Senado, que es lo que debemos hacer, pero al menos están empezando a echarlos de los lugares a los que la gente quiere ir sin que se los tenga que aguantar también ahí.

Y sí, hay que echarlos del Senado.

Es urgente modificar la ley de tráfico de influencias (ley 2523/04) porque los fiscales no quieren encontrar suficiente claridad en su artículo 7 y, aunque es muy claro cuando establece que “El que reciba…dinero o cualquier otro beneficio” (por ejemplo cargos públicos) “como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público”, arguyen que ahora protege a los traficantes con el expediente de exigir que se pruebe que ellos, los traficantes, obtuvieron beneficio pecuniario propio (artículo 8 de la ley).

No porque Víctor Bogado no cobre directamente el salario de Gabriela Quintana deja de haber usado su influencia para que ella cobre. La ley es muy clara, pero los fiscales exigen que hable directamente de legisladores, de modo que hay que eliminar las excusas.

Y hay que dotar a esa ley de una cláusula penal: Los que usan su influencia para violar la ley 1626 deben ir varios años a la cárcel y si son miembros del Congreso deben, además, perder su investidura y ser echados del Poder Legislativo.

Es urgente modificar la ley de nepotismo (ley 2777/05) que ahora protege a los “nepotes” con el expediente de no incluir a los integrantes del Congreso y de exigir que los nombramientos sean realizados por ellos mismos, lo que nunca sucede pues lo que hacen es pedir a otros que hagan los nombramientos de familiares, lo que a su vez es tráfico de influencias.

No porque Yoyito Franco no haya nombrado directamente a su hijo deja de haber nepotismo en ese nombramiento. Esto también hay que cambiarlo ahora. Los parientes de funcionarios, designados o electivos, que ingresen a la función pública sin concurso deben ser considerados ipso facto beneficiarios de nepotismo y deben ser expulsados de la función pública para ir a la cárcel.

La cárcel para ellos porque usar la influencia que da un cargo para regalar puestos públicos a los parientes, sirvientes u operadores implica distraer para beneficio particular dinero que el pueblo paga para otros fines.

Esto deja al pueblo sin los centros de salud que necesita, sin las escuelas que requiere, sin la seguridad que le urge. Y, sobre todo, esto niega a paraguayos que se capacitaron para servir a la República la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los recomendados.

La cárcel para ellos porque discriminan, para beneficiar a sus parientes, sirvientes y operadores, a los paraguayos que estudian, destruyendo la cohesión social, la eficiencia del Estado, destruyendo la igualdad.  

 

Artículo publicado en la edición del domingo 17 de noviembre de 2013 de La Nación ()

Itaipú y Yacyretá son del pueblo

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Enrique Vargas Peña (foto de trekearth.com)

Los sucesivos gobiernos de nuestro país, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, nos han tratado de hacer creer que las binacionales Itaipú y Yacyretá no son empresas estatales y, por tanto, que sus funcionarios no se rigen por las leyes paraguayas relativas a los funcionarios públicos.

 

Esa pretensión es falsa. Itaipú y Yacyretá pertenecen al Estado y, obviamente, son empresas públicas.

 
Las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá fueron creadas por el Estado paraguayo con sus contrapartes brasileña y argentina. En el porcentaje que fijan los respectivos tratados internacionales que las constituyeron, ambas pertenecen de modo inequívoco, al Estado paraguayo.

Repito lo obvio porque muchos abogados se especializan en ocultar lo evidente. El artículo 3 del Tratado de Itaipú no deja lugar a dudas: “Las Altas Partes Contratantes” (los gobiernos de Paraguay y Brasil) “crean, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada ITAIPU, con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I. Parágrafo 1° – la ITAIPU será constituida por la ANDE y la ELETROBRAS, con igual participación en el capital, y se regirá por las normas establecidas en el presente Tratado, en el Estatuto que constituye su Anexo A y en los demás Anexos. Parágrafo 2º,- El Estatuto y los demás Anexos podrán ser modificados de común acuerdo por los dos Gobiernos”.

Lo mismo dice el artículo 3 del tratado de Yacyretá: “1. A los efectos previstos en el Artículo I, las Altas Partes Contratantes” (los gobiernos de Paraguay y Argentina) “constituyen, en igualdad de derechos y obligaciones, una entidad binacional denominada YACYRETA con capacidad jurídica, financiera y administrativa, y también responsabilidad técnica para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras que tiene por objeto, ponerlas en funcionamiento y explotarlas como una unidad desde el punto de vista técnico económico. 2. YACYRETA será constituida por A. y E. y ANDE, con igual participación en el capital, y se regirá por las normas establecidas en el presente Tratado, sus Anexos, los demás instrumentos diplomáticos vigentes y los que se acordaren en el futuro. 3. El Estatuto y los demás anexos podrán ser modificados de común acuerdo por los dos Gobiernos”.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mencionada en ambos tratados como constituyente de ambas binacionales es una empresa pública, creada por la ley 966, cuyo artículo 2 recalca que “ANDE es una institución autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio. Estará sujeta a las disposiciones civiles y comerciales comunes, en todo lo que no estuviera en oposición a las normas contenidas en la presente Ley”.

El Estado paraguayo, a su vez, pertenece de modo absoluto y completo al pueblo paraguayo. El Artículo 2 de nuestra Constitución no deja lugar a duda alguna: “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución”.

El pueblo paraguayo delega (delegar: “Dicho de una persona: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, para que haga sus veces o para conferirle su representación”) en el presidente de la República, elegido por el pueblo, y en el Congreso, elegido por el pueblo, el gobierno y la administración completos (Art.224 inciso 7 de nuestra Constitución) de la parte paraguaya de ambas entidades.

Luego, el pueblo paraguayo es quien tiene, en Derecho, la potestad absoluta y completa de gobernar y administrar su parte en ambas entidades.

Dice el artículo 21 del Tratado de Itaipú que “La responsabilidad civil y/o penal de los Consejeros, Directores, Directores Adjuntos y demás empleados paraguayos o brasileños de la ITAIPU, por actos lesivos para los intereses de ésta, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas”.

Y dice el artículo 20 del Tratado de Yacyretá que “La responsabilidad civil y/o penal de los Consejeros, Directores, Directores Adjuntos y demás empleados argentinos o paraguayos de Yacyreta, por actos lesivos para los intereses de ésta, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas”.

Es decir, siendo Itaipú y Yacyretá entidades creadas por el gobierno, cuyos tratados las ponen bajo administración del gobierno y cuyo ente constitutivo (ANDE) es una empresa pública y estableciendo ambos tratados que los funcionarios paraguayos de ambas binacionales están regidos por las leyes paraguayas, no sé de dónde han estado sacando nuestros sucesivos gobiernos y la Corte Suprema que no rige para ellas la ley del funcionario público.

Las binacionales carecen de cualquier poder legislativo, luego sus estatutos no están, y nunca podrán legítimamente estar, sobre las leyes paraguayas. Ambos tratados son explícitos en que las leyes paraguayas rigen plenamente para los funcionarios de Itaipú y Yacyretá.

Los funcionarios de Itaipú y Yacyretá prestan servicios en empresas binacionales cuyas respectivas mitades son públicas paraguayas, luego son funcionarios públicos como cualquier otro empleado del pueblo y, por tanto, no considerarlos empleados públicos es un privilegio ilegítimo destinado solamente a la comisión de abusos.

 

Artículo publicado en la edición del domingo 10 de noviembre de 2013 de La Nación ()