Enrique Vargas Peña (foto de Wikipedia.org)
Jacques Necker era un banquero partidario de lo que hoy llamaríamos el “Estado Corporativo” (defendía las propuestas económicas de Jean Baptiste Colbert, antiguo ministro de Luis XIV). Fue ministro de Hacienda del rey Luis XVI, quien gobernaba desde 1774 a una Francia en quiebra.
En 1787, el antecesor de Necker en el cargo, Charles Alexandre de Calonne, propuso para superar la crisis una reforma fiscal por la que los impuestos, que eran pagados solamente por los habitantes comunes de Francia, se extiendan también a los integrantes de la Corte y de la Iglesia Católica.
La Corte, la “nobleza”, era el conjunto de personas que se beneficiaba con prebendas formalizadas por Luis XIV después de 1661, que le permitían vivir del presupuesto público. Estaba integrada por funcionarios, antiguos funcionarios y sus familiares. Disfrutaban de lo que hoy llamaríamos “pensiones graciables” para sufragar sus gastos y dispendios, que consumían enteramente el presupuesto y habían generado la crisis.
Esta Corte se opuso a la reforma propuesta por Calonne, y no la permitió.
Necker fue de los que recomendó al rey descomprimir la explosiva situación con la convocatoria de los “Estados Generales” (una especie de Congreso tricameral de Francia con poder de recomendar impuestos, que no debe confundirse con el “Parlamento” que eran los tribunales de justicia).
Los Estados Generales tenían tres “cámaras”: La de la nobleza (que sería equivalente a un Senado, semejante a la Cámara de los Lores en Inglaterra constituían el “Primer Estado; el “Tercer Estado”, que sería equivalente a una cámara de diputados semejante a la Cámara de los Comunes inglesa y el “clero”, donde la Iglesia Católica tenía voz, voto y veto.
Calibrando el peligro de la situación, Necker recomendó al rey que los Estados Generales se constituyan en una sola cámara donde cada miembro tuviera un voto, tal y como pidieron el 20 de junio de 1789 los diputados elegidos para integrar el “Tercer Estado” en las elecciones convocadas el 24 de enero.
El rey, aconsejado por la Corte, rechazó el consejo y echó a Necker del gobierno el 11 de julio con la excusa de que no había asistido al discurso real ante los Estados Generales. Pero Necker era, a los ojos de una mayoría de los diputados, la última esperanza de razonabilidad en la Corte.
Su despido decidió al pueblo a tomar la Bastilla, el 14 de julio, y a iniciar la Revolución Francesa que puso fin a los escandalosos privilegios de la Corte.
Aquí en nuestro Paraguay, con el fin de prevenir la reaparición de la dictadura, los constituyentes de 1992 convirtieron al Congreso en el primer poder del Estado, dotándolo las prerrogativas necesarias para que la representación del pueblo sea la que efectivamente controle el gobierno. Como debe ser.
Pero se erró al establecer el sistema de listas sábana (representación proporcional) en el Artículo 118 de nuestra Constitución y, por tanto, el Congreso, perfectamente diseñado, es integrado no por representantes directos del pueblo sino por personas designadas por los caciques políticos.
No elegimos directamente a nuestros representantes. Los caciques políticos designan ellos, por sí y ante sí, a los integrantes de unas listas que nos limitan a aprobar después en una votación a dos vueltas (las internas y las nacionales).
Luego, dimos enorme poder a personas que no nos representan en forma directa y que no reciben directamente de nosotros su mandato, sino que el mandato originario lo reciben de sus caciques.
No sólo eso. Durante el tiempo en que están en funciones, carecemos de instrumentos institucionales para controlarlos. No tenemos elecciones de medio término; no tenemos revocatoria de mandato; ni siquiera tenemos reglamentación adecuada del Artículo 201 de nuestra Constitución que penaliza el tráfico de influencias y lo castiga con la pérdida de investidura. En síntesis, tienen un poder sin control.
El poder corrompe por naturaleza (Carta de Lord Acton al obispo Mandell Creighton del 5 de abril de 1887): Los miembros de nuestro Congreso usan su poder no para servir al pueblo, sino para montar privilegios para ellos.
Las listas de funcionarios públicos que se están dando a conocer no dejan dudas: Los políticos usan su enorme e incontrolado poder para beneficiar a sus familias, a sus amigos, a sus amantes y a sus operadores. El funcionariado paraguayo está integrado, en más del noventa por ciento (90%), por familiares, amigos, amantes y operadores de los miembros del Congreso.
Se prueba porque desde que entró en vigencia la ley 1626/00, más de ciento cincuenta mil personas ingresaron a la función pública violándola.
Los miembros del Congreso, en vez de representar al pueblo, le hacen pagar impuestos para financiar con ellos los salarios de sus recomendados (). Contribuimos para solventar privilegios de políticos.
La falta de dinero para prestar los servicios para cuya realización contribuimos evidencia la manera en que los políticos malgastan las contribuciones del pueblo, demasiados miembros del Congreso se oponen a reformar el sistema político y a que se castiguen los casos más aberrantes: Prefieren destruir el diseño institucional del Congreso, dando plenos poderes al presidente.
Están en la misma posición que tomó la Corte de Luis XVI ante las recomendaciones de Necker. Se colocaron en el 11 de julio de 1789.
Artículo publicado en la edición del domingo 3 de noviembre de 2013 de La Nación ().
