Volvió la Triple Alianza

Enrique Vargas Peña (foto de urgente24.com)

Es evidente que a Cristina Fernández de Kirchner, a Dilma Rousseff y a José Mujica, presidentes de los países que integraron la Triple Alianza, no les interesa que las libertades y el sistema democrático paraguayo hayan estado amenazados por los aliados del ex presidente Fernando Lugo.

Los asesinatos de Curuguaty, iniciados por los jefes formales y reales del campamento de la Liga Nacional de Carperos en Campo Morombí, y los llamados anteriores y posteriores a desatar una ola de violencia formulados por asociaciones afines a la izquierda radical luguista, prueban que los aliados al gobierno de Lugo habían decidido quebrar el Estado de Derecho en nuestro país.

Es evidente que a los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza no les importa que el mandato popular de unos setecientos mil votos que recibió Fernando Lugo el 20 de abril de 2008 haya estado integrado por al menos quinientos mil votos de simpatizantes del Partido Liberal Radical Auténtico (setenta por ciento del voto total a favor de Lugo) y que esos mismos votos, esos mismos precisamente y ningún otro, sean los que confirieron sus respectivos mandatos populares a las listas de candidatos del liberalismo a las cámaras de Diputados y Senadores.

No les importa, a los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza, que si ese mandato de Lugo representa la voluntad popular, ese mismísimo mandato se extiende a los diputados y senadores liberales que, porque los aliados radicales de Lugo quisieron destruir el Estado de Derecho paraguayo, votaron por destituir el viernes al entonces presidente.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza pretenden decidir ellos, sin representación alguna del pueblo paraguayo, qué parte del mandato de la nación paraguaya aceptan y qué parte de ese mandato no aceptan.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza se llenan la boca con la palabra “democracia”, pero desconocen el imperio de nuestra Constitución y pretenden decidir ellos, sin derecho alguno para hacerlo, qué parte de nuestra Carta Magna podemos aplicar y qué parte no podemos aplicar.

Según los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza, los paraguayos no podemos usar el Artículo 225 de nuestra Constitución (el juicio político) sin su permiso y no podemos usarlo sino en la forma que ellos dicen que podemos usarlo.

No les interesa que los constituyentes libremente elegidos por el pueblo paraguayo en 1991 hayan explicado en sendos libros la manera en que los paraguayos entendemos nuestra propia Constitución.

No les interesa la explicación clara que sobre eso da el libro “Lecciones de Derecho Constitucional”, del convencional constituyente Emilio Camacho, nada menos que defensor del ex presidente Lugo durante el juicio político, que les permitiría entender que en ese trámite constitucional, los plazos los establece discrecionalmente el Senado.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza se arrogan el derecho de interpretarnos nuestra propia Constitución, erigiéndose en un poder tutelar sobre nuestro Paraguay, al desconocer que nuestro Congreso es, desde 1992, el poder más importante del Estado, el más representativo, y que el presidente de la República no lo es.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza, en consecuencia, no solamente no reconocen los votos populares obtenidos por las listas del Partido Liberal Radical Auténtico, sino que niegan representatividad a los votos que obtuvieron las listas de la Asociación Nacional Republicana, que obtuvo la mayoría, así como las de Patria Querida y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza pretenden que un pequeño grupo de ciudadanos aglutinado en el Frente Guazú, que en total logró votos populares para tener solamente tres senadores y dos diputados, tiene más representatividad popular que los votos obtenidos por setenta y ocho diputados y cuarenta y dos senadores.

Para los presidentes de los países que integraron la Tripe Alianza, ese pequeño grupo de ciudadanos vale más que todo el resto de nosotros. Es lo mismo que hicieron cuando formaron en Buenos Aires la infame “Legión Paraguaya”.

Los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza, pues, quieren imponernos por la fuerza y en contra de nuestra Constitución un gobierno que carece de representatividad y que, por eso mismo, dependerá totalmente del apoyo de esos presidentes extranjeros.

Quieren imponernos un gobierno sometido a ellos, para obtener de ese gobierno sometido la entrega de los intereses nacionales paraguayos.

Esa ha sido la política de Brasil y Argentina, que de ese modo han saqueado Itaipú y Yacyretá, han expoliado nuestro comercio y nos han impuesto la pertenencia a un Mercosur que solamente sirve para promocionar los intereses industriales de esos antiguos integrantes de la Triple Alianza.

El presidente Federico Franco debe honrar ahora la memoria de Curupayty, y la de los defensores del Chaco, y no aceptar el “diktat” de los presidentes de los países que integraron la Triple Alianza.

No es con sonrisas ni con ruegos que se hará frente a esta descarada pretensión de convertirnos en un país sometido, en un país satélite.

Es el momento de plantear una ruptura drástica con Mercosur y una alianza con Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, o con cualquier país dispuesto a respetar la voluntad popular paraguaya y sus instituciones.

Si así no lo entendiere el presidente Franco, no solamente su supervivencia en el gobierno será efímera, sino que habrá sellado la entrega del país a los antiguos integrantes de la Triple Alianza, contra cuyas pretensiones los paraguayos bien nacidos regalaron generosamente su sangre, triunfante allá en Curupayty.

El lema de valor, que siempre ha de seguir la raza paraguaya es vencer o morir!

Artículo publicado en la edición digital de La Nación del 24 de junio de 2012

Dilma y Cristina

Enrique Vargas Peña (foto de mpb1945.blogspot.com)

Las presidentas de Brasil y Argentina se niegan a reconocer a nuestro gobierno constitucional con el notable argumento de que son amigas del destituido Fernando Lugo, como si nuestro país fuera una especie de feudo que debe ser gobernado no por el pueblo paraguayo sino por un delegado de ellas, cuyo poder depende del cariño que ellas sientan hacia él.

Bueno, al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones en las cuales ambas presidentas simplemente hacen como si nuestra Constitución fuera papel mojado y como si el Congreso Nacional fuera una especie de apéndice descartable del edificio institucional paraguayo.

Ambas presidentas actúan como si los sucesos de Curuguaty no hubieran ocurrido; como si los paraguayos estuviéramos condenados a resignarnos a que desde el gobierno se destruyeran nuestras libertades; como si los cuatro mayores partidos políticos de nuestro país tuvieran menos representatividad que el muy respetable pero muy pequeñito Frente Guazú.

Ambas presidentas dan por sentado que el tamaño de los dos grandes países que dirigen fuera un elemento disuasivo capaz de obligarnos a aceptar el “diktat” que pretenden imponernos.

Para hacer frente a tanta arrogancia, me permito recomendar al presidente Federico Franco que no actúe con la debilidad de un gobernador de provincia, sino con la energía del propietario del siete por ciento de la energía que le subsidiamos a Brasil y de aproximadamente doce por ciento de la energía que le subsidiamos a Argentina.

El presidente no debe permitir que Dilma o Cristina olviden que la mitad de Itaipú y la mitad de Yacyretá son nuestras.

Le pido a Federico, se lo exijo como ciudadano común, que dialogue con Brasil y Argentina no con la pequeñez de un gobernador de provincia, sino con la fuerza de quien no debe otorgar el voto paraguayo para el asiento de Brasil en Naciones Unidas sin obtener a cambio fuertes, duraderas y garantizadas ventajas a cambio.

Argentina nunca más debe contar con ningún apoyo paraguayo a sus reclamos imperialistas sobre las islas del Atlántico Sur. Espero que Federico sea capaz de comprender que allí tenemos un elemento para cobrarle a Cristina Fernández su liviandad y su atrevimiento.

Espero que Federico no se ubique frente a Dilma y a Cristina como un pobre gobernador de provincia, sino con la seguridad de ser el presidente del país que tiene mucho más interés en tratados de libre comercio con Estados Unidos y el resto del mundo que en mantenerse en la asfixiante sociedad llamada Mercosur.

Creo que Federico Franco prefiere ser un gran presidente antes que un patético gobernador de provincia, pero para eso hay que perder el miedo que pretenden imponernos Brasil y Argentina y hay que actuar con eficacia, con dureza, sin miramientos.

Si no actúa así, Federico integrará la lamentable lista de entreguistas que vendieron los intereses nacionales por las propinas de Itaipú y Yacyretá para pagar a operadores políticos, a la que se sumó desde 2008 Fernando Lugo.

Artículo publicado en la edición digital de La Nación del 22 de junio de 2012

Tierras malhabidas y violencia

Enrique Vargas Peña (foto de cinabrio.over-blog.es)

La justificación genérica que los aliados de la izquierda violenta están ensayando tras el asesinato de numerosos policías en la zona de Curuguaty es que la violencia de los autodenominados “sin tierra” se origina en la existencia de tierras mal habidas.

El discurso de Sixto Pereira en el Senado, el pasado viernes 15, durante la sesión extraordinaria realizada para estudiar los mencionados asesinatos, resume la posición común de los aliados de la izquierda violenta, desde Lilian Soto hasta Gerardo Fogel, pasando por CODEHUPY y por algunos periodistas oficialistas.

El Partido Liberal Radical Auténtico, al menos el que está representado por su comunicado institucional, no se anima a tanto aunque claramente incluye en la “lucha social” a los asesinatos señalados al principio.

A mi modo de ver, el recurso de la violencia en un Estado de Derecho carece de cualquier justificación y justificar la violencia en un Estado de Derecho es una manera de destruirlo para sustituirlo por cualquier otra cosa.

Luego, lo que los aliados de la izquierda violenta deben aclararle a la ciudadanía es si ellos consideran que vivimos en un Estado de Derecho o no en Paraguay y, si no vivimos en un Estado de Derecho en nuestro país, si cómo definen al marco institucional que tenemos.

Por mi parte creo que existen algunos elementos objetivos, que creo que pocos se atreverían a discutir seriamente, que permiten sostener con fundamento que en nuestro Paraguay disfrutamos de un Estado de Derecho, esto es uno basado en el imperio de la ley y en la participación y en el consentimiento de los gobernados.

La participación y el consentimiento de los gobernados se prueba con la existencia de elecciones periódicas, regulares y no cuestionadas. El imperio de la ley se prueba con el funcionamiento regular y continuo de las instituciones administrativas, legislativas y judiciales.

Es muy cierto que nuestras instituciones tienen problemas, de hecho estamos inmersos en una gran discusión sobre nuestro sistema representativo, sobre nuestro aparato de justicia y sobre el gerenciamiento del gobierno.

Con mucho orgullo y sin ninguna modestia me creo uno de los críticos más constantes y más duros de esos problemas.

Pero no es menos cierto que esa gran discusión se realiza en un marco de plenas libertades y de participación irrestricta.

Consecuentemente, creo que los aliados de la izquierda violenta están mintiendo aviesamente al negar, desde el punto de vista fáctico, la existencia de un Estado de Derecho en nuestro país con el propósito de justificar el uso de la violencia.

Solicito enfáticamente a los aliados de la izquierda violenta que mencioné al principio que tengan la gentileza de rebatir lo que señalé antes sobre el Estado de Derecho, de modo que los paraguayos podamos ver claramente que hay un grupo de gente que no cree que vivamos en tal Estado de Derecho. Estaré atento a cualquier respuesta aunque espero que no sea un tiro o una bomba.

Si lo que yo digo es verdad y, por tanto, estamos gozando de un Estado de Derecho, reclamar cualquier derecho recurriendo a la violencia es simplemente parte del propósito de destruir ese Estado de Derecho.

Supongamos, pues, que hay tierras malhabidas, es decir, logradas mediante violaciones de las leyes que regían o rigen el acceso a la propiedad inmobiliaria.

El método para reclamarlas no es matar policías. El método para reclamarlas es el Código Civil a través de los tribunales.

Supongamos que los tribunales están corrompidos, y yo creo que hay corrupción en los tribunales. El método para cambiar la situación es ganar las elecciones. Creo que el triunfo de Fernando Lugo el 20 de abril de 2008 muestra que el método racional, ganar elecciones, es perfectamente posible en nuestro Paraguay.

Es decir, los caminos racionales establecidos por el Estado de Derecho están abiertos en nuestro país, son funcionales, operativos y eficaces y, por tanto, justificar el asesinato de policías con el argumento de que es apenas una consecuencia desafortunada pero previsible de la “lucha social” como sugirió el entonces todavía ministro del Interior Carlos Filizzola en su última conferencia de prensa en tal carácter indica que se pretende otra cosa con la excusa de las tierras “malhabidas” y no solucionar el problema.

Si lo que estoy diciendo es cierto, lo que pretenden la izquierda violenta y sus aliados no es solucionar el tema de las tierras “malhabidas”, sino destruir el Estado de Derecho.

Tengo mis propias convicciones acerca de por qué la izquierda violenta y sus aliados quieren destruir el Estado de Derecho: Lo quieren destruir porque no tienen pueblo, son esa pequeña minoría, consciente de ser minoría, que Lenin denominaba “vanguardia del proletariado” que pretende gobernar en nombre de los trabajadores pero sin los trabajadores.

Desde el viernes a la tarde los aliados de la izquierda violenta están justificando la violencia de todos los modos posibles y pretenden disculpar el asesinato de policías y minimizar el horror de los mismos.

Lo más grave de todo esto es que, a mi juicio, el principal aliado de la izquierda violenta es el gobierno que dirige Fernando Lugo, por las razones que ya expuse en el artículo que La Nación Digital me publicó ese mismo viernes 15, “Lugo es el responsable” (http://bit.ly/LPdCbe).

Con mucho gusto aceptaré reconocer que estoy equivocado en esto, si me explican qué se puede pensar del apoyo constante, público y manifiesto, que el gobierno ha prestado a los violentos invasores de propiedades.

Pero si lo que digo es cierto, entonces estamos en dramáticos problemas los paraguayos, porque quien tiene el comando supremo de las fuerzas pagadas por nosotros para defender el Estado de Derecho tiene un interés manifiesto en que esas fuerzas sean derrotadas por la izquierda violenta.

Reitero que pido por favor que me muestren que mis premisas son erradas o que mi razonamiento está equivocado.

Pero si no lo estoy, la continuidad de Fernando Lugo en la presidencia de la República es un peligro cierto e inminente para nuestras libertades y el Congreso Nacional debería, urgentemente, revocarle el mandato que Lugo no ha sabido honrar. Urgentemente.

Artículo publicado en la edición impresa de La Nación del 17 de junio de 2012