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Esto debería regir solo para todas aquellas personas honestas, trabajadoras y sacrificadas de cualquier país. Sin embargo son los mismos delincuentes quienes irónicamente apelan tanto al cumplimiento de los Derechos Humanos como al Estado de Derecho. Realmente un verdadero contrasentido. 

Un delincuente no respeta los derechos de nadie, mucho menos el derecho a la vida, porque simplemente no le interesa. Pero cuando un delincuente mata, es juzgado por ese hecho individual no porque violó el elemental derecho a la defensa de la integridad personal. Al convertirse en un marginal, este se encuentra por fuera de todo lo establecido. 

Sin embargo el Estado es el responsable directo de cuidar los DDHH, porque de no hacerlo se convierte de inmediato también en un delincuente, pero mucho más peligroso que cualquier otro bandido porque es el Estado mismo quien detenta todos los resortes del poder y todos sabemos lo que eso representa, cuando el Poder marea puede tornarse tiránico. 

Oponerse a los DDHH es como estar en contra de la dignidad del individuo y aunque parezca mentira, el delincuente, también es un ser humano. Por lo tanto, tenemos que el bandido está protegido por los mismos derechos que una persona decente. Claro que esto suena injusto, tanto como la diferencia entre legal e inmoral. 

Dentro de nuestra continua lucha interior entre el bien y el mal, muchos sentimos la necesidad que siempre gane la justicia.

Pero si uno presencia el asesinato de un joven solo para robarle su mochila o es testigo involuntario de un violador, o sabe quien vende remedios adulterados, puede ser que nos den ganas de hacer justicia por mano propia. 

Y aunque nuestra imaginación indignada se desborde, ante un determinado suceso, la amplia mayoría sabe que eso está mal, porque vivimos, teóricamente, en una sociedad que nos debería garantizar el fiel cumplimiento de la ley y de todos los derechos adquiridos. 

Pero la injusticia cobra cierta magnitud cuando varias ONGs, entre ellas, la ridícula Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay más conocida por su sigla Codehupy, comienza su denigrante actuación. Resulta grotesco cuando ellos presentan casos de violación de los derechos humanos en la muerte de algún integrante de la gavilla de narco-guerrilleros más conocidos como el EPP, en los frecuentes enfrentamientos a tiros con la fuerza policial. 

Sin embargo cuando mueren policías o testigos inocentes que han tenido la mala suerte de estar en el lugar y el momento menos indicado, ni la Codehupy ni ninguna otra ONGs jamás han mostrado la más mínima preocupación. Porque en apariencia siempre se sensibilizan mucho más con los “pobrecitos” delincuentes que con las “malvadas” víctimas. 

No estamos hablando de “caballos locos” ni “pirañitas” ni “tortoleros” y mucho menos de ladrones de caramelos, sino de criminales que acribilla gente inocente, que ponen “cazabobos” en los vehículos con la intención de matar a policías y fiscales que los investigan. De gente que ha secuestrado y no contento con esto ha matado a sus víctimas aún pagando el rescate. 

Estos mal llamados defensores, son de alguna manera quienes hacen una verdadera apología de la violencia y solo denigran el buen trabajo que otras ONG realizan. Su complicidad con el EPP es tan evidente que aunque se les pretenda dar un falso tinte ideológico a este grupo armado, no pasa de una banda de secuestradores y asesinos. 

Los DDHH son los preceptos innatos e innegociables con que todo ser humano llega a la vida. Algo conquistado a sangre y fuego a lo largo de los siglos destacándose el hito de la Revolución Francesa, como el principal logro jurídico que protege al ciudadano de los abusos de poder y ratificado en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los adeptos de la Codehupy intentan manipular la verdadera esencia de los DDHH a su favor, para lograr impunidad a estos criminales. 

Muchas ONGs están involucradas en esta endemoniada maniobra, aprovechando la corrupción dentro de los cuadros de la policía tanto como muchos en jueces, fiscales y personal judicial. 

Muchas personas llevan años en prisión sin ninguna sentencia; unos cuantos de ellos son simples testigos ocasionales que se han sido involucrados, otros no pueden hacer valer sus derechos porque no tienen dinero para un abogado y deben recurrir a uno de oficio, que tiene 400 casos a su cargo y no atiende a casi ninguno como corresponde. 

Nunca se ha escuchado que defiendan con el mismo empeño y entusiasmo a los poquitos Veteranos del Chaco que aún siguen con vida, en especial cuando son humillados al recibir miserables pensiones que no alcanzan a cubrir ni el 10% de sus medicamentos o solo son recordadas sus hazañas un solo día al año. Esto es realmente injusto. 

Jamás se han pronunciado ante la miserable carencia que soportan los olvidados pacientes del único Neuropsiquiatrico que tiene nuestro país, ni de la poca perspectiva que tienen de recuperarse de sus males en una estructura edilicia donde nada funciona, incluso sus dependencias sanitarias. La falta de protección y solidaridad por parte de los empleados también cuenta. Es denigrante ver el abandono que hacen de ellos sus parientes más cercanos. 

Pacientes pobres que mueren por falta de atención médica, médicos que realizan operaciones inútiles, abogados que traicionan a sus clientes, profesores que no saben enseñar, ingenieros que hacen pésimos trabajos, también son Derechos Humanos violados pero jamás serán contemplados por esta entidad destinada solo a proteger delincuentes.